Lunes 14 de Junio de 2010

Si se analiza bajo el método científico el modelo que sigue el gobierno de Felipe Calderón respecto a la impartición de la justicia y se toma como ejemplo a las Personas Políticamente Expuestas (PPE´s), podría confirmarse, tan sólo a partir de la observación de los casos repetidos una y otra vez, que en México el combate al lavado de dinero se ha politizado y se utiliza para negociar en momentos electorales con el PRI, reducir la ya disminuida influencia del PRD y sobre todo, para proteger a los políticos panistas y a los miembros del gabinete que tienen en sus cuentas montos injustificables en bancos de México y el extranjero.

A lo largo de los dos últimos dos años, la revista Contralínea y este espacio han dado conocer las oportunas investigaciones realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre el manejo financiero de políticos de las principales organizaciones partidistas del país.

Al menos en los casos del PAN, PRD y PRI se confirma el inusual flujo de recursos que bien pudo dirigirse a las campañas y en donde el origen debería de ser la principal preocupación de las autoridades electorales. El tratamiento técnico del problema, al menos en el terreno de las indagaciones, ha sido impecable. Sin embargo, el conflicto se ha presentando en el seguimiento judicial dado a cada uno de estos casos porque al consignar estas investigaciones ante el Ministerio Público y éste a su vez a un juez federal, resulta que se presentan todo tipo de obstáculos para deslindar responsabilidades y consignar a los culpables.

Al menos esto es lo que ha sucedido en el caso de los políticos del PAN y del PRI, lo que sugiere una sospechosa omisión con los miembros del partido en el Poder Ejecutivo y una ofensiva negociación respecto al Revolucionario Institucional. Mientras tanto, para los políticos y personajes ligados al PRD, o a la oposición de izquierda en el país, la impartición de justicia se ha administrado de manera propagandística, incluso con el apoyo del Ejército. Así, ante los medios se les descalifica para ir a los comicios.

Por eso, mientras el caso del ex alcalde de Cancún y frustrado candidato a la gubernatura de Quintana Roo por la alianza en la que participa el PRD, Gregorio Sánchez, se revela apenas unas semanas antes de los comicios, en el expediente del panista Patricio Patrón Laviada, se han hecho concesiones de todo tipo que lo protegen y lo mantienen lejos del Poder Judicial, pero sobre todo del cuestionamiento de los medios de comunicación y de la opinión pública por el manejo poco claro de recursos manejados por su familia.

Hoy, gracias a ello, el hombre que, siendo gobernador del estado de Yucatán, apoyo de manera incondicional la campaña de Felipe Calderón rumbo a la Presidencia de la República, puede darse el lujo de respaldar también a su esposa en actos proselitistas en los días de campaña previos a la votación para decidir la alcaldía del municipio de Tinum en Quintana Roo. El primo hermano del priista Emilio Gamboa Patrón reapareció en el terreno político hace algunos días en Tulum y aún siendo titular de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente se aventuró a hacer declaraciones proselititistas asegurando que a ese estado, hoy bajo el dominio del PRI, el presidente Felipe Calderón ha enviado mucho dinero a esa región pero que no ha llegado.

Calderón, por cierto, prefirió desairar recientemente a los exportadores que celebraron su convención anual en la ciudad de Mérida, y no tener que encontrarse con la gobernadora priista, Ivonne Ortega Pacheco, sobrina de Víctor Cervera Pacheco, quien se ha enfrentado con el mandatario por razones que van desde incumplimiento al protocolo hacia un gobernador hasta por simples diferencias de opinión. Pero lo que es un hecho es que Calderón sí le debe a Patricio Patrón Laviada una época dorada de apoyo para el PAN desde Yucatán, hoy convertido en territorio priista.

Lo relevante es que el expediente de Patrón Laviada, integrado en la UIF de la SHCP, no se ha ejecutado judicialmente. En la averiguación previa contra el político panista – que, sospechosamente se “extravió” en la PGR, aparecen familiares y amigos de Laviada como Ricardo Patrón Laviada, Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga, Johnny Alberto Benítez Cetina y José Baltasar Cetina Pech). Al parecer, el expediente está extraviado o ya desapareció de la PGR, incluso borrado de la memoria de la computadora.

Al parecer no es gratuito el favor para Patrón Laviada porque en el momento en que más lo necesitó Calderón esa entidad se convirtió en punto clave para Calderón. Desde ese estado se abrió el abanico de la campaña a toda la península, es decir, hacia Quintana Roo y Campeche, en donde intervinieron notablemente Juan Camilo Mouriño y Jorge Nordhausen, ambos acusados de tráfico de influencias en el mismo sector energético que dirigieron Felipe Calderón y César Nava en la Secretaría de Energía.

Por ello, mientras el año pasado se perseguía al perredista de Michoacán Julio César Godoy Toscano – medio hermano del gobernador Leonel Godoy – por supuestos vínculos con el narcotráfico, la denuncia penal integrada desde hace tres años por el delito grave de lavado de dinero contra Patrón Laviada simplemente se encuentra en el cajón de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, dependiente de la PGR.

Un año después de que fue acusado por sus presuntos vínculos con la organización delincuencial La Familia, Julio César Godoy Toscano, diputado electo del PRD, logró un amparo de un juez federal para la orden de aprehensión girada en su contra al considerar que la PGR no acreditó de manera suficiente los hechos que se le imputaban. El amparo está siendo revisado por la PGR pero es claro que a Patrón Laviada nunca se le sometió a un proceso similar porque su expediente simplemente se extravió durante la gestión de Eduardo Medina Mora, quien tendría que responder por ello.

El caso de un “amigo”

Por ello, vale la pena recuperar la información que obtuvo la SHCP y que, tal vez por ahora, no se conozca. No mientras el PAN y Felipe Calderón se encuentren en el Poder Ejecutivo. De acuerdo con el documento oficial de la SHCP, el hermano del procurador ambiental Patricio Patrón Laviada realizó movimientos financieros en instituciones bancarias y centros cambiarios por varios millones de pesos y dólares, sin reportar dichas operaciones al fisco ni cubrir los impuestos correspondientes.
En la denuncia penal federal se expone que las operaciones bancarias “inusuales” de Ricardo José Patrón Laviada se iniciaron el 5 de septiembre de 2005, cuando su hermano Patricio era gobernador de Yucatán. En esa fecha se realizaron depósitos en efectivo en sus cuentas bancarias, como el número 4014055206 de Bital (ahora HSBC), que recibió 100 mil pesos. Sin embargo, entre 2000 y 2005, el hermano del exgobernador panista operó depósitos por 2 millones 487 mil 940 pesos en cuatro cuentas: números 4014055156, 4014055206, 4014055214 y 4014083042 del Banco Internacional. También hizo retiros por 1 millón 546 mil 365 pesos.
En 1998, en la cuenta 95050003488 de Banca Confía, Patrón Laviada tuvo depósitos por 100 mil pesos; en la cuenta 1626862, del Banco Nacional de México, recibió depósitos en 1998, 1999, 2000, 2003 y 2005, por 131 mil dólares y 884 mil 72 pesos. De esta cuenta hizo retiros por 1 millón 45 mil 50 pesos.

En la casa de cambio Intercam, el hermano del titular de la Profepa adquirió divisas con cheques de viajero por 4 mil dólares y compró otros 10 mil dólares en efectivo. En otra casa de cambio, Vector Divisas, adquirió 13 mil 790 dólares, en 2003.
En la investigación fiscal de su Registro Federal de Contribuyentes, la SHCP tiene reportado que la actividad de Patrón Laviada es de “servicio de reparación de otros artículos y aparatos”, con inicio de operaciones el 16 de octubre de 1984, y su situación actual se ha reactivado desde el 30 agosto de 2001, con domicilio en Mérida, Yucatán.
En sus declaraciones anuales, Hacienda informó a la PGR que en el ejercicio 2003, Ricardo José Patrón Laviada reportó ingresos por 346 mil 583 pesos, sin pagar las deducciones correspondientes ni el Impuesto Sobre la Renta. En el ejercicio 2004 señaló ingresos por 455 mil 233 pesos, sin el pago de los impuestos correspondientes; en 2005 también tuvo ingresos por 462 mil pesos y tampoco cubrió sus impuestos.

En documentos financieros, el hermano del exgobernador yucateco afirma tener dos domicilios: una residencia en la calle Bugambilias, colonia La Ceiba, en Mérida, y otra en Calle 22 Res Sol Campestre, Mérida. Ricardo José también aparece como representante legal de la empresa Yucateca de Vehículos, y es cotitular y firmante autorizado en las siguientes cuentas: Cuenta 4029764750, a nombre de Jhonny Alberto Benítez Cetina. Cuenta 4014055248, a nombre de Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga y Francisco Rodríguez de la Gala Faller (titular). Cuenta 4014057574, a nombre de José Baltasar Cetina Pech. Cuenta 4014143838, a nombre de la compañía Yucateca Vehículos. Esta información forma parte del expediente de la familia del Procurador Federal del Medio Ambiente que simplemente se perdió. Sin embargo, las conclusiones de la SHCP son contundentes: Ricardo José Patrón Laviada ha sido vinculado como receptor de beneficios de programas sociales del gobierno de Yucatán que encabezó su hermano Patricio. Y abunda: “Los movimientos financieros de todos los involucrados no guardan relación con las actividades económicas respectivamente declaradas y, mucho menos, con sus manifestaciones de pago de impuestos”.
Los indicios más evidentes que hacen presumir que se trata de lavadores de dinero del narcotráfico son: el millonario manejo de efectivo, la poca permanencia de recursos en las cuentas utilizadas, la carencia de declaraciones fiscales que reflejen los movimientos económicos, la intención de aparentar la legalidad de los recursos, el intento de impedir que se conociera el origen del dinero, así como la posible vinculación de los denunciados con personas ligadas a la realización de actividades ilícitas.
El caso de Emilio Chuayffet es similar al de Patrón Laviada y será tema de otra entrega para confirmar, a partir del método científico y de investigaciones periodísticas, que el gobierno de Felipe Calderón ha estado administrando en su beneficio la impartición de justicia para combatir el lavado de dinero producto de actividades ilícitas como el lavado de dinero. Al final de la historia no sólo queda la discrecionalidad sino los compromisos adquiridos para el pago de favores y el financiamiento de las campañas políticas con dinero sucio.

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