lunes 15 de junio de 2009

Como cada año, la Oficina para el Control de Activos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó su lista negra de compañías en América Latina supuestamente vinculadas con bandas del narcotráfico y el lavado de dinero. Nuevamente es el policía del mundo, los Estados Unidos, el país que aplica una política persecutoria y extraterritorial para someter a gobiernos y empresas, bajo el estigma de vínculos con el narcotráfico, sin importar que ello signifique violar soberanías, leyes y convenios internacionales.

En dicha lista perversa de presuntos culpables de blanquear recursos procedentes del tráfico de drogas, este año aparece México y allí se revela una supuesta red de empresas, con sede en Jalisco, que según esa oficina del Departamento del Tesoro, han operado junto con un cartel colombiano que, según los registros en la página de Internet de la OFAC (http://www.ustreas.gov), mantiene relaciones también con compañías de Venezuela, un país cuyo régimen resulta totalmente contrario a los intereses de Washington, lo cual no sorprende a nadie ante la disputa que sostiene Estados Unidos con el presidente Hugo Chávez. 

México, Venezuela y Colombia, el triángulo perfecto para narcotraficantes y lavadores de dinero, según los estadounidenses. Pero también el pretexto perfecto para señalar culpas en países en donde Estados Unidos necesita garantizar una plena injerencia.

En esta ocasión, el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, acusa a empresas mexicanas de mantener relaciones con el cartel del narcotraficante colombiano Fabio Enrique Ochoa Vasco, quien fuera procesado en septiembre del 2004 por una Corte de Florida. De acuerdo con las reglas dictadas por el gobierno de Estados Unidos, las sanciones impuestas prohíben que cualquier estadounidense establezca relaciones comerciales o financieras con empresas o personas vinculadas con Ochoa Vasco, quien desde 2007 fue ubicado en Estados Unidos como “el gran traficante de drogas de  Medellín”.

La noticia se da en medio de las negociaciones entre los gobiernos de México y Estados Unidos para lograr la ampliación del programa de financiamiento para luchar contra el narcotráfico y el lavado de dinero englobado en el Plan Mérida, la versión mexicana del Plan Colombia y el cual hasta ahora no ha servido para nada, pues los cárteles colobianos sigue en el primer lugar de producción de cocaína en el mundo, mientras que Estados Unidos también es el país que ocupa el primer lugar de consumidores de drogas prohibidas.

No es gratuito, por lo tanto, que las baterías sancionatorias de Washington se dirijan a México, pero sin señalar a las contrapartes que en Estados Unidos hacen posible que operen los circuitos financieros y las estructuras empresariales señaladas por los investigadores del Departamento del Tesoro.

La noticia, sin embargo, no es del todo nueva: desde marzo de 2007 la OFAC señaló a 45 empresas y a más de 64 personas físicas vinculadas con el narcotraficante Fabio Enrique Ochoa. Su red se extendía por Colombia, Belice, Ecuador, Guatemala, Jamaica, Panamá y México. Ahora, con precisión, se conoce que al menos cinco de esas compañías operan en Guadalajara y que forman parte de la red que opera en Medellín, las Islas Virgenes y las Islas Caimán.

Los nombres de las empresas que se agregan a la lista de la OFAC y al imperio de Ochoa son: Granoproductos Agrícolas, Grupo C.L.P Constructora, Grupo Constructor Inmobiliario Pacar y Cimientos La Torre, también conocida como Activos para el Desarrollo Isla Blanca, S.A. de C.V, ubicada en la colonia Chapalita de Guadalajara, Jalisco.

Las empresas colombianas sancionadas junto con las mexicanas incluyen al parque acuático Parque Ecológico Recreacional de las Aguas de Girardot y la Misión Inmobiliaria Limitada, entre otras.

La enorme lista de empresas cuyos activos se encuentras identificados y limitados para realizar transacciones en Estados Unidos, está conformada por más de 420 páginas que en México mantiene bajo la lupa a empresas de Baja California como Accesos Electrónicos de Tijuana; Administradora de Inmuebles Vida, Aeronáutica Condor, cuyas operaciones se concentraban en el aeropuerto internacional de Toluca y que estaba supuestamente vinculada con capos colombianos como Pedro Antonio Bermúdez, quien año con año reportó pérdidas ante el Servicio de Administración Tributaria y fue ahí en donde empezó su persecución. A Bermúdez también se le vincula en la OFAC con la constructora Guadalest, cuya dirección fiscal se encuentra en el Distrito Federal con operaciones espejo en Colombia.

En la lista de la OFAC permanece la Administradora de Inmuebles Vida S.A. de C.V. propiedad de María Antonieta Fregoso Amezquita, quien desde 2002 ha manifestado su inconformidad con las autoridades del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por haber incluido a sus compañías de empresas poco transparentes y vinculadas con el narcotráfico.

Según registros periodísticos y de la Procuraduría General de la República, Fregoso habría sido socio del exsecretario de Turismo de Baja California, Alejandro Moreno Medina, a quien hace siete años se le señaló con vínculos con el cártel de los Arellano Félix.

También aparece la intermediaria AGBA Consultores Casa de Cambio, que forma parte de la red de lavadores de “El Mayo” Zambada, en Tijuana. En la lista, por supuesto, siguen las empresas de la familia Gaxiola que en Hermosillo, Sonora, protagonizó las actividades del cártel de Sinaloa a través de una nutrida lista de compañías, pero sobre todo mediante la operación de narcotúneles que llegaban hasta Arizona. Entre las compañías investigadas se encuentran: Molduras del Noroeste, Inmuebles Sierra Vista, Temple del Pitic, Distribuidora de Hermosillo, Gaxiola Hermanos, Inmobiliaria Gaxiola Hermanos, Grupo Industrial Gaxiola, Distribuidora Gran Auto, Fletes y Transportes Gaxgar Agrícola Gaxiola y gimnasio privado Bioesport, Minera Río Presidio, Minera La Castellana y Anexas, Copa de Plata, Compañía Minera del Río Cianury, entre otras.

En fin, detrás de la lista de la OFAC se encuentra la historia del narcotráfico, pero también de la clara injerencia del gobierno de Estados Unidos en la impartición de la justicia en México.

Así, a nueve años de que se publicara la primera lista de la OFAC en el marco de la Ley para la Designación de Narcotraficantes Extranjeros, los nombres de las compañías que habrían estado vinculadas con los cárteles de narcotraficantes permanecen intactos, lo que a primera vista da la impresión de que las actividades de los investigadores estadounidenses son intensas y fructíferas.

En Estados Unidos, sin embargo, investigadores independientes como Michael Moore han criticado el énfasis que pone el Departamento del Tesoro en las relaciones delicuenciales de los países de América Latina y El Caribe, mientras que se sabe muy poco o casi nada de las relaciones de empresas estadounidenses con el narcotráfico o de las instituciones financieras que lavan dinero de organizaciones criminales. A todas las operaciones donde estén involucradas entidades estadounidenses no se le da la misma difusión en su relación con el narcotráfico. Acaso, en el mejor de los casos, apenas hace un año se dieron a conocer las sanciones para las compañías que en Miami violan el embargo contra Cuba.

Si bien es cierto que la OFAC ha cumplido con aglutinar los nombres de empresas con supuestos vinculos con bandas del narcotráfico para cortar su acceso a los circuitos financieros, también utiliza este instrumento de persecución extraterritorial para amagar a las fuerzas políticas contrarias a sus intereses y que son ya mayoría en los países de América Latina. Allí éstá por ejemplo la investigación que se sigue contra la petrolera venezolana PVDSA.

 

Los primeros indicios de la OFAC

En la primera lista de la Oficina Federal para el Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos aparecieron hace 10 años los primeros narcotraficantes mexicanos, cuyos bienes fueron incautados en territorio estadounidense, así como todos aquellos que mantenían relaciones con ellos en cualquier parte del mundo.

De acuerdo con la Ley para la Designación de Narcotraficantes Extranjeros Significativos, aprobada hace 10 años por el Congreso de Estados Unidos, cualquier persona o empresa que aparezca en las listas de la OFAC, así como sus socios, serían perseguidos por todo el mundo, con el fin de congelarle bienes y presionar a los gobiernos de otros países para que sus autoridades cumplan los designios del Departamento del Tesoro.

En aquellos años el Congreso de Estados Unidos designó a los seis miembros de la Comisión de Revisión Jurídica responsable de supervisar constitucionalmente la instrumentación de la nueva Ley para la Designación de Narcotraficantes Extranjeros Significativos (FNDKA, por sus siglas en inglés), mediante la cual la Oficina de Control de Activos Extranjeros, dependiente del Departamento del Tesoro, daría a conocer el 1º de junio de cada año, la lista negra de los miembros de la mafia, sus socios extranjeros y las empresas que utilizan en todo el mundo para lavar recursos de procedencia ilícita.

La primera lista de aquellos abogados que integraron dicha Comisión, fueron Larry Thomson (presidente), David B. Smith, Richard León, Robert Dickerson, Dionne Morrow y como director ejecutivo Greg Keough. Este último era el responsable de reunir a un equipo de 20 o 30 colaboradores que integrarán el equipo burocrático responsable de vigilar el buen cumplimiento de dicha ley.

La labor de aquellos abogados era también informar previamente a las empresas estadounidenses que estuvieran asociadas con compañías extranjeras, cuando éstas fueran a ser incluidas en la lista negra de presuntos implicados con las mafias de la droga, a fin de prevenirlas y permitirles maniobrar con sus cuentas bancarias e inversiones y la afectación no fuera mayor.

Según funcionarios mexicanos vinculados con las operaciones financieras, tienen la promesa de Estados Unidos de que ninguna gran empresa mexicana se vería afectada o involucrada en esta lista, lo cual así ha sido hasta ahora.