Lunes 16 de julio de 2012

Muchos mexicanos esperan que este gobierno panista que afortunadamente concluye, sea sometido a una escrupulosa revisión del gasto público sobre los años, y los funcionarios que resulten responsables de delitos como peculado, abuso de poder y tráfico de influencias sean sometidos a la justicia, pues se presume que el gobierno de Felipe Calderón se manejó con deshonestidad y permitió una de las mayores corrupciones de las que se tengan memoria, tal vez apenas similar a la padecida en los sexenios del priista Carlos Salinas de Gortari y el panista Vicente Fox de Marta Sahagún.Aunque se espera que esta fiscalización se haga en la siguiente administración por los órganos de vigilancia y control de los poderes Ejecutivo y Legislativo, la crisis en el gobierno de Calderón se ha adelantado e inició sus primeras manifestaciones de ajuste de cuentas en algunas áreas, como sucede en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (Sae), organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, pero sectorizado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La Secretaría de la Función Pública (SFP), cuyo titular es Rafael Morgan Ríos (para quien no lo conozca), la que sancionó, destituyó e inhabilitó al exdirector general y fundador del Sae, Luis Miguel Álvarez Alonso, a quien después de 10 años de dirigirlo ahora se le acusa de “negligencia administrativa”.

Bajo los expedientes E/SAE/009/2011 y R/SAE/ 028/2011, el Órgano Interno de Control (OIC), a cargo de Alberto Mesta, determinó dos inhabilitaciones al exdirectivo por 15 y 10 años, respectivamente, así como dos sanciones económicas por un total de 72 millones 281 mil 803 pesos.

Aunque en su portal de internet la Función Pública no explica los motivos de la “negligencia administrativa” en la que supuestamente incurrió Álvarez Alonso, sabemos que el exdirector y fundador del Sae se vio envuelto en una disputa legal entre el OIC y un tribunal judicial federal, así como entre disposiciones y órdenes encontrados dictadas desde el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Administración General de Aduanas.

Por extraños intereses y sentencias judiciales amañadas, le exigieron al exdirector del Sae retribuir a dos contribuyentes textileros los bienes (telas) que les habían decomisados agentes aduanales por un monto superior a 70 millones de pesos. Por su parte el titular del OIC, Alberto Mesta, ordenó lo contrario: no devolver las telas ni acatar las órdenes del SAT y de un juez federal. Se trataba de un plan fabricado por Mesta para sancionar a Luis Miguel Álvarez Alonso.

Ante tantas órdenes contradictorias, Álvarez Alonso recurrió a sus superiores, el entonces secretario de Hacienda, Agustín Carstens, y el jefe del SAT, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quienes le recomendaron no preocuparse y le aseguraron que nadie se atrevería a sancionarlo si cumplía las instrucciones del SAT y del juez federal.

Pero la realidad fue otra para Álvarez Alonso: el titular del OIC, Alberto Mesta (actual responsable del OIC en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, ISSSTE), lo acusó por falta de supervisión a dicha operación y se obstinó en sancionarlo con la anuencia, según ha dicho a sus allegados, del exsecretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, y del entonces subsecretario Rafael Morgan Ríos. La consigna de Vega Casillas era presionar a Álvarez Alonso por criticar la labor de la Función Pública y por haber supuestamente pedido su desaparición por inoperante e ineficaz. La inhabilitación por 25 años acumulados es para demostrarle que la Secretaría de la Función Pública si funciona.

La SFP no tomó en cuenta un análisis elaborado por los titulares de las áreas jurídicas del SAT, del mismo Sae y de la Procuraduría Fiscal, quienes en reunión privada revisaron los hechos y concluyeron que no había elementos para considerar que hubo irregularidades en la devolución de telas a los empresarios textileros, pues un juez lo determinó, de tal manera que tampoco había razón para sancionar al director general del SAE.

Además de las disputas por el poder y el control de bienes decomisados o simplemente dados en resguardo al Sae, en donde la Función Pública debería meter las manos ante los constantes abusos, pagos de salarios onerosos y malos manejos en las liquidaciones de Luz y Fuerza del Centro, LFC y el Banrural, hay presiones de empresarios de la industria textil, que están muy molestos porque las telas que habían sido decomisadas fueron vendidas por el Sae en países de Centroamérica y dichos recursos se entregaron a la Tesorería de la Federación.

En Aduanas, área encargada de los decomisos, se comprometían con los textileros a destruir las telas, pero en realidad esa mercancía nunca era quemada (porque no se tiene el equipo para ello) y salía por la puerta trasera de las Aduanas para regresar al mercado en manos de los textileros, lo que significaba cuantiosas ganancias para funcionarios corruptos y empresarios abusivos. Un negocio redondo solapado por las autoridades hacendarias y que es un secreto a voces en todas las aduanas.

Otros servidores públicos inhabilitados junto con el exdirector del Sae con 10 y 15 años son el coordinador de Bienes, Manuel Alcocer Castelazo; el director Ejecutivo, Pedro Izquierdo Rivera, y el director Corporativo de Operación, Fernando Stefanon Salinas.

Responsable de promover la eficiencia y eficacia del sector público en el manejo de activos y reducir los costos de administración, operación, custodia, liquidación y enajenación de los bienes a disposición del gobierno federal, el Sae se debate en transparentar sus operaciones, pues hay señalamientos en su contra que ponen en duda su buen manejo administrativo, al tener en custodia bienes del gobierno federal por miles de millones de pesos.

Ante las dudas de cómo se administran los bienes en poder del Sae, desde Los Pinos se ordenó remover hace unos meses al director Sergio Hidalgo Monroy Portillo, quien una vez que concluya la actual administración del PAN, debe ser investigado por el próximo gobierno sobre su gestión y la nueva responsabilidad que ahora tiene al frente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

En lugar de Hidalgo nombraron desde la Secretaría de Hacienda como director general del Sae, a Tuffic Miguel Ortega, quien tiene como propósito revisar lo que su antecesor hizo y adelantar si hubo malos manejos, tráfico de influencias o abuso de poder, pues hay nerviosismo de cómo terminará su gestión el gobierno de Calderón y están tratando de tapar hoyos negros.

El manejo de los OIC

Extrañamente, en la administración pública federal está reglamentado que todas las áreas de los OIC, aunque dependen directamente de la Función Pública, están adscritos a las nóminas de cada dependencia o entidad. Es decir que en cada Secretaría el salario del titular del Órgano Interno de Control y todo su equipo su salario depende de Oficialía Mayor, lo que los convierte no sólo en una carga económica para la entidad en cuestión, sino en un dependiente directo del titular del ramo.

Con esa política, los bonos y prestaciones para los titulares de los OIC son asignados precisamente por los responsables de cada secretaría o entidad gubernamental, de tal manera que si las auditorías que realizan salen favorables, económicamente les va mejor.

Este parece ser el caso del contralor Alberto Mesta, quien misteriosamente, por decir lo menos, es asignado a los órganos internos de control de las dependencias adonde es removido Sergio Hidalgo Monroy Portillo, quien fue director general del Sae y ahora es titular del ISSSTE, y en ambos casos la Función Pública le ha asignado al auditor Mesta. Muy eficaz o mucha complicidad.

Al parecer la relación entre Hidalgo y Mesta es muy buena y hasta ahora les ha dado mejor resultado: para Sergio Hidalgo nunca ha habido una sanción por parte de Mesta ni tampoco ha sido reconvenido, por ejemplo, por mantener bajo su servicio personal a 45 personas, ni tampoco por mantener una nómina paralela en los procesos de liquidación de Banrural y de LFC, en donde se pagaban salarios de hasta 400 mil pesos mensuales bajo el pretexto de que se trataba de “terceros especializados”.

Todo se debe, según dicen personas cercanas a Sergio Hidalgo, a que sus buenas relaciones y palancas provienen de la pareja presidencial. Pero de eso hablaremos la próxima semana.

Presentan libro sobre la Farsa de Calderón

La semana pasada participé, junto con el doctor Gilberto López y Rivas, reconocido antropólogo y destacado hombre de izquierda, en la presentación del libro “La Farsa detrás de la guerra contra el narcotráfico”, de la autoría de la reportera Nancy Flores, quien durante tres años hizo una investigación periodística y un minucioso análisis para establecer las verdaderas razones que movieron a Felipe Calderón en esta “guerra” sin rumbo y que convirtió al país en un cementerio nacional. Entre esas razones está buscar su legitimidad al frente del gobierno por medio de la fuerza. Para ello sacó al Ejército de los cuarteles y los distribuyó por todo el país, bajo el pretexto de combatir a los cárteles de la droga, pero en realidad, esta temeraria acción le garantizó un férreo control social mediante las armas y el miedo que inflingió a toda la población.

La periodista explica en más de 200 páginas dedicadas a la Farsa de Calderón, cómo en cinco años y medio de gobierno, lejos de acabar o siquiera disminuir los efectos del narcotráfico, como lo prometió al inicio de su administración y cuyo discurso triunfalista lo mantiene hasta ahora, lo único que provocó el ocupante de Los Pinos fue el fortalecimiento del crimen organizado; una mayor capacidad corruptora de políticos, autoridades públicas, cuerpos policiales y militares; una lista de miles y miles de víctimas inocentes que perdieron la vida, otros miles aún siguen desaparecidos y unos más permanecen secuestrados, amenazados y extorsionados; hay un abandono del Estado de derecho, en donde la injusticia, la inseguridad y la impunidad son la premisa de este gobierno panista.

Este trabajo de investigación periodística está dividido en tres partes para su mejor comprensión: en la primera confronta los datos duros de los hechos contra los discursos oficiales, y es fácil apreciar cómo han pretendido hacernos creer que la guerra contra el narcotráfico era el único camino posible de seguir y que hasta ahora el gobierno dice que ha salido triunfante, pero esta mentira contrasta con la realidad, pues el saldo como deja al país es de un verdadero fracaso; la segunda parte del libro habla de los costos humanos y económicos que esta guerra ha dejado para todos los mexicanos, en donde Flores hace una cruda radiografía informativa sobre las constantes violaciones a los derechos humanos y los permanentes abusos de poder y de gasto indiscriminado sin control alguno; la tercera parte la dedica a los promotores de esta guerra, en donde Estados Unidos aparece en primerísimo lugar por así atender a sus intereses hegemónicos.

En la parte social, la autora describe cómo la Farsa de la guerra de Calderón ha provocado una descomposición que ha alcanzado a la misma estructura familiar y cómo se ha hecho del miedo y de la amenaza una forma de vida para millones de mexicanos en todo el país. Ningún estado de la República se salva de este temor generalizado por la violencia y la incertidumbre de que en cualquier momento puede llegar la agresión.

Describe también como se han fortalecido los grupos paramilitares que han dado paso a las caravanas de la muerte. Esto también ha sido aprovechado por el gobierno panista de ultraderecha para hacer una limpia social de defensores, activistas, luchadores y líderes críticos, de periodistas molestos y de políticos opositores. Al fin que en medio de la “guerra” cualquiera puede ser ejecutado y el gobierno encuentra razón de Estado para ello.

En este libro, que todos debemos de leer como una reflexión de la realidad social, se señala también cómo la falta de oportunidades para que miles de jóvenes sigan sus estudios o de lo contrario se puedan incorporar a la producción en centros de trabajo, ha provocado la existencia de un ejército de pobres apto para las filas del crimen organizado. Aquí también aparece, con profundo dolor, la participación de menores de edad, niños convertidos en sicarios del crimen, como desde hace muchos años lo leímos en libros del prodigioso escritor Gabriel García Márquez en su natal Colombia.

En la investigación, la periodista describe puntualmente cómo el gobierno de Calderón evitó combatir el lavado de dinero, circunstancia que por sí sola pudo haber disminuido la operación financiera del crimen organizado y con ello reducir la compra de armas a Estados Unidos, la capacidad corruptora del narcotráfico, la captación de militares desertores de los ejércitos de México y Centroamérica para unirse a los cárteles de las drogas, y en general, golpear a todo el sistema corporativo de la industria de la droga y el crimen organizado.

Por supuesto que para combatir al crimen organizado es necesario no sólo atacar el lavado de dinero, sino atender los problemas fundamentales e históricos que ha tenido México desde el siglo pasado y que nunca han sido resueltos por los gobiernos del PRI y ahora los del PAN. Estos problemas todos los conocemos porque los vivimos a diario en cualquier parte del país: pobreza, desempleo, desigualdad, injusticia, corrupción, impunidad, educación y salud. Así, para que entonces declarar la “guerra” contra el narcotráfico si éste no es el problema fundamental de México, habría que declararle la guerra a la pobreza y a la marginación, en donde sí se necesita la ayuda de todos los mexicanos.

oficiodepapel@yahoo.com.mx