Lunes 17 de noviembre de 2014

Nydia Egremy - 17 Nov 2014 a las 5:39 am

En el servicio público federal todos andan nerviosos y preocupados, saben que nadie está seguro en su puesto y, ante el evidente fracaso en la actuación del gabinete, que ha llevado al país a un punto quiebre en todas las áreas (sociales, políticas y económicas), lo más probable es que pronto haya cambios, urgentes y necesarios, para dar a paso a servidores públicos más eficaces, más comprometidos con el país y con un alto compromiso social, alejados de intereses económicos y de la búsqueda del enriquecimiento fácil y rápido al que está acostumbrada la alta burocracia.

La duda que hay es si en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) existen personas honestas e incorruptibles que reúnan el perfil de servir al país y no servirse de él, o quizás ha llegado el momento de involucrar a mexicanos honorables y destacados que hay en la sociedad civil y en la academia para hacerse cargo de las responsabilidades públicas y hacer a un lado a políticos mafiosos que sólo se enriquecen escandalosamente con dinero público.

Por ahora, desde el presidente de la República hasta el último servidor público reconocen y aceptan las fallas cometidas en apenas 2 años de gobierno, lo que hace dudar si pueden con el encargo y si podrán concluir el sexenio, pues nos esperan 4 largos años de crisis y no sabemos si el país pueda aguantar más o, como advierten algunos, ya inició el estallido social con lo que sucede en Guerrero, Oaxaca y Michoacán.

Pues en medio de esta crisis impunidad, injusticia y corrupción que vive el país, lastima aún más la actuación de funcionarios que manipulan las licitaciones públicas para asignar contratos a cambio de sobornos y prebendas, pero cuando se ven descubiertos dan marcha atrás y los cancelan sin que haya sanciones para nadie. El último caso fue la cancelación del contrato para la construcción del tren México-Querétaro, en donde fue el mismo Peña Nieto quien ordenó la suspensión de la obra ante las sospechas de corrupción y abuso de poder, que involucra al mismo secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.

Otro caso de corrupción que involucra 300 millones de pesos del presupuesto público, involucra a los titulares de las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Enrique Martínez y Martínez, y de la Función Pública, Julián Alfonso Olivas Ugalde, correspondiente a la asignación y posterior cancelación de la contratación de un buque de investigación pesquera y oceanográfica asignado a principios de año a la empresa Famalval, como bien ha documentado el reportero Víctor Fuentes en el diario Reforma.

Ese proceso de licitación y posterior asignación a dicha empresa que carece de experiencia alguna en el sector marítimo, estuvo a cargo del Instituto Nacional de Pesca (Inapesca), dependiente de la Sagarpa, el cual dejó fuera de participación y vigilancia al Órgano Interno de Control y a su titular Juan Salvador Esquer, quien denunció el hecho ante los secretarios Martínez y Martínez y Olivas Ugalde, y en respuesta fue despedido del cargo como contralor en Sagarpa.

Sin embargo, las cosas no paran ahí, pues ante las evidencias de actos irregulares en el proceso licitatorio y presuntos sobornos, el secretario de la Función Pública se vio obligado a invalidar el fallo de licitación el pasado 3 de septiembre, siete meses después de que se había asignado el contrato a la empresa Famalval, y ordenó a Inapesca reponer dicho procedimiento.

En Los Pinos observan con preocupación esta forma de asignar contratos en toda la administración pública y más aún cuando se involucra al presidente de la República. Por ejemplo el 23 de abril Enrique Peña Nieto encabezó, junto con el entonces contralor Juan Salvador Esquer, la salida del buque de investigación pesquera y oceanografía en Mazatlán.

Al parecer, al interior de la Sagarpa hay un enorme malestar contra quien fuera contralor por su constante interés en auditoría diversas obras y servicios contratados por la actual administración, lo que había provocado un distanciamiento y enojo del secretario y su oficial mayor de Juan Salvador Esquer.

Documentos internos de Sagarpa dan cuenta, por ejemplo, de las auditorías financieras que con fechas del 19 y 20 de mayo de 2014 había iniciado el Órgano Interno de Control: Modernización sustentable de la agricultura tradicional Masagro (auditoría 300); Procampo productivo (302); Programa de apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura componente agricultura protegida (304); Programa de apoyo a la inversión, desarrollo de ramas productivas(305); Programa de desarrollo de capacidades, innovación tecnológica y extensión rural(307); Programa de inversión y manejo de riesgos (308); Programa de sustentabilidad de los recursos naturales, conservación de suelo y agua (309); Programa de sustentabilidad de los recursos naturales, reconversión productiva (310), entre otras.

La delgada piel del Ejército

Tan mal andan las cosas en el país, que hasta las otrora silenciosas Fuerzas Armadas también han salido a quejarse públicamente por las críticas que reciben de diversos grupos sociales y de órganos independientes y oficiales encargados de atender las violaciones a los derechos humanos.

Acostumbrados a que militares y marinos nunca se quejan y sólo acatan órdenes sin protestar, ha sido una sorpresa nada agradable para diversos sectores sociales y políticos, que el jefe de la principal fuerza armada del país, el general secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, aprovechó un acto público en Nuevo León para quejarse la semana pasada de los “juicios injustos, algunos sin duda erróneos, carentes de fundamento, malintencionados y que la institución armada nacional no merece”.

Al intervenir en un acto público por el arranque de la construcción de un cuartel de la Policía Militar que se ubicará en el municipio de Escobedo, al general Cienfuegos se le agotó la paciencia y rompió el silencio ante las críticas sociales por su actuación en contra del crimen organizado y que ha provocado excesos de parte de los militares, como el cometido en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, en donde un grupo de soldados asesinó a varios sujetos señalados como supuestos integrantes de una banda del narcotráfico y que ya se habían rendido. Ahí, el secretario de la Defensa advirtió: “Aportaremos nuestros mejores esfuerzos al servicio de los ciudadanos sin amedrentarnos”.

Sin embargo, las quejas del general secretario tienen una parte de razón, pues debido a la corrupción y abusos en los órganos policiales y de procuración de justicia, se ha obligado a los militares a cumplir funciones de seguridad pública e investigación, para las cuales ni fueron entrenados ni están capacitados, lo que los ha llevado a cometer excesos como homicidios, secuestros, detenciones ilegales, amenazas y acosos contra la población civil.

Estos abusos de los soldados han motivado una imagen negativa en la población sobre el Ejército Mexicano, y también han provocado recomendaciones y duras críticas de órganos que defienden los derechos humanos en México y en el extranjero, lo que llevó al general Cienfuegos a enfrentar a sus críticos, a quienes le dijo que son “injustos y malintencionados”.

Con esta actitud, el general secretario muestra su delgada piel y el efecto que le causan las críticas publicadas en medios de comunicación, en donde desde expertos en materia de seguridad nacional y Fuerzas Armadas, hasta el ciudadano de calle ejercen su derecho constitucional a opinar y a criticar la actuación de las Fuerzas Armadas por la violencia desatada en todo el país.

Estallidos sociales en 3 estados

Y mientras eso sucede en las Fuerzas Armadas, la indignación social sigue en aumento ante la falta de justicia y la creciente impunidad por la muerte y desaparición de estudiantes normalistas en el municipio de Iguala, Guerrero; mientras que la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que aglutina a las 14 normales rurales de todo el país, ha decidido pasar a la segunda etapa de presión y exigencia de justicia por sus compañeros asesinados y desaparecidos.

En una trabajo periodístico de los reporteros Érika Ramírez y Mauricio Romero, publicado en Contralínea, analistas políticos y académicos refieren que la gestión de Enrique Peña Nieto se cimbra por el caso Ayotzinapa y cada vez son más las voces que piden su renuncia a la Presidencia de la República.

La creciente indignación por la desaparición forzada de 43 normalistas se amalgama con conflictos que la actual administración federal menospreció.

El trabajo de los reporteros explica que a las problemáticas como la del Sindicato Mexicano de Electricistas, el magisterio, la Tribu Yaqui, los afectados por megaproyectos, las víctimas de la “guerra” contra el narcotráfico, los inconformes por la imposición de las “reformas estructurales”… se suman la violencia generalizada y la ingobernabilidad en estados como Michoacán y el propio Guerrero.

La desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, podría convertirse así en el detonante de una revuelta popular nacional. Además de la indignación que encarna el ataque policiaco –que también cobró la vida de seis civiles, tres de ellos normalistas–, las manifestaciones han abierto un espacio para expresar el descontento de sectores agraviados con anterioridad.

“México es una especie de volcán a punto de estallar, como una olla de presión que sólo busca las condiciones propicias para que se pueda dar un estallido social equiparable a 1810 o a 1910. No tanto por lo de Ayotzinapa, sino que esto podría ser la gota que derramara el vaso para que ese descontento acumulado por décadas irrumpa y se dé en grandes proporciones”, reflexiona el doctor en economía y especialista en movimientos sociales Aguirre Rojas, investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La descomposición social tiene su máxima expresión en la ingobernabilidad que se vive en estados como Guerrero y Michoacán, y en zonas como el llamado Triángulo de Oro (Chihuahua, Durango, Sinaloa) o Ciudad Juárez (Chihuahua), dominadas por la colusión entre el crimen organizado y el gobierno. También, en los miles de civiles asesinados y desaparecidos en el contexto de la supuesta “guerra contra el narcotráfico”, que inició el pasado gobierno de Felipe Calderón.

El doctor Aguirre Rojas observa que ante este panorama de violencia extrema el gobierno federal ha instrumentado una estrategia de recuperación del territorio, cuyo objetivo no es tanto el combate a la delincuencia sino la centralización del poder.

“Ahora, con lo ocurrido en la Normal de Ayotzinapa, el Estado utiliza esto como un mecanismo para hacerse presente en Guerrero y criminalizar la protesta social. Por eso eligieron muchachos que son gente crítica que no se contenta fácilmente con la situación, para restaurar un dominio autoritario, feroz.”

Estrategia que inició con la caída del entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero y la llegada del actual gobernador interino Rogelio Ortega Martínez. Una táctica previamente ensayada en Michoacán, tras la salida de Fausto Vallejo y el interinato de Salvador Jara Guerrero.

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