Lunes 18 de junio de 2007

Antes de que se presente el concurso mercantil de los principales molinos fabricantes de azúcar refinada en el país, el Consorcio Azucarero Escorpión (CAZE), del empresario Enrique Molina, busca que el gobierno de Felipe Calderón reconozca lo que él mismo califica como “errores” cometidos durante la administración de Vicente Fox en la expropiación de los ingenios azucareros. No se cumplieron, argumenta, los objetivos: el saneamiento del patrimonio de los ingenios mediante la intervención del gobierno federal para eficientar y optimizar su gestión, lo que permitiría que éstos cumplieran con los compromisos adquiridos con bancos y trabajadores.

Si bien los dueños de los ingenios reconocen que el gobierno foxista realizó una aportación de mil millones de pesos para cubrir las contingencias laborales inmediatas, aseguran que se procedió a crear fideicomisos y vehículos jurídicos innecesarios que originaron una importante carga económica en su operación y en la privatización de la comercialización del azúcar que produjeron.

Como lo documenta y sanciona la Auditoria Superior de la Federación (ASF), la creación de entidades como el Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA) y de la Promotora Azucarera (Proasa) resultaba innecesaria y costosa, pues al final la administración de los ingenios se transmitió a fideicomisos privados, creados con el fin de administrarlos y operarlos en sustitución de dichas entidades. Es un hecho, no se pensaba en la quiebra, como documentamos en una columna anterior, sino en transferir su propiedad a otros empresarios cercanos al gobierno. Los planes, sin embargo, no prosperaron debido a que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la expropiación luego de que se negó el derecho de audiencia a los propietarios originales.

Además de estos fondos, se creó un fideicomiso más, el Fideicomiso Comercializador (Fico), cuyo único objeto era fungir como un mecanismo de carácter comercial, financiero y administrativo que facilitara la operación de los ingenios. Pero además, el 29 de agosto de 2003 Proasa, actuando como fideicomitente, constituyó con Nacional Financiera (fiduciaria) un fideicomiso por cada uno de los 27 ingenios expropiados con la finalidad de dirigir su administración y comercialización de productos.

Aunque el precio del azúcar, como en ninguna otra época, registró incrementos significativos, la Procuraduría General de la República –pese a las diligencias de la propia Secretaría de Agricultura– ha solicitado el concurso mercantil de las sociedades que controlan los activos de los ingenios del Grupo Caze.

Para los propietarios de estos ingenios sólo hay una explicación: “las utilidades generadas por su producción sólo beneficiaron económicamente a los fideicomisos creados para administrarlos, los cuales se encuentran fuera de la fiscalización gubernamental por ser entidades privadas”.

Tan sólo los ingenios que forma parte del Grupo Caze han reportado pérdidas netas al 31 de diciembre de 2005 por más de 14 mil 177 millones de pesos, a pesar de los ingresos obtenidos a partir de la expropiación. Así es lógico que las deudas de Caze llegaran a 18 mil millones de pesos, pero lo que resulta un misterio es ¿qué sucedió con los ingresos por venta de azúcar que registraron sus molinos durante más de cinco años? El Potrero, El Modelo, San Miguelito, La Providencia, Casasano, La Abeja, Atencingo, Emiliano Zapata y Plan de San Luis produjeron  azúcar cuyo precio se ubicó entre los más altos del mercado, de acuerdo con información del Fico.

Pero la pérdida que reportan los ingenios de Caze es resultado de un ajuste al valor de los activos de estos ingenios por más de 9 mil 444.9 millones de pesos y que permitió la transferencia de los mismos en 2005 a los fideicomisos privados a valor muy inferiores a los avalúos practicados por Financiera Nacional Azucarera como acreedora.

Aquí comenzarían los incumplimientos de la expropiación. Si el objetivo era proteger a los acreedores públicos y privados, entonces ahora contaban con menos garantías de las que tenían antes de que el gobierno federal se hiciera cargo de ellos. Por eso para la Secretaría de Agricultura el concurso mercantil nunca fue una salida. De hecho, el Ministerio Público ha solicitado el concurso mercantil luego de verificar la insolvencia provocada por la sustracción de sus activos por fideicomisos privados.

Pero Enrique Molina también operó, por ejemplo cuando constituyó fideicomisos en HSBC (antes Bital) para renegociar sus adeudos con la extinta Financiera Nacional Azucarera (Finasa), mientras que adeudaba grandes cantidades de dinero a los trabajadores. Ahora la Auditoria Superior de la Federación tendrá que revisar cuál fue exactamente la responsabilidad del empresario y cómo afectó esta situación a los activos del grupo.

Los accionistas de Caze aseguran, en cambio, que hasta antes de la expropiación sus ingenios cumplían ante los acreedores con sus obligaciones de pago.

En su informe sobre la Fiscalización del Sector Azucarero 2000–2005, la ASF aseguró que la situación financiera y patrimonial en la que se encuentran los ingenios expropiados es “a todas luces inadmisible”, pues los negocios que en ese momento estaban en marcha ahora no tienen valor alguno ni como acciones ni como activos, lo que ocasiona incumplimientos con los acreedores.

Sin embargo, el argumento en el que los ex propietarios basan sus argumentos resulta muy discutible: ¿por qué tanta insistencia en buscar que se les regrese la propiedad de los ingenios? ¿Por qué empresas como Grupo Azucarero Mexicano aceptaron la quiebra de sus ingenios en silencio a cambio de que se les reintegraran algunos? Porque los ingenios azucareros, sobretodo ahora que se presenta la oportunidad de negocios alternos vinculados con la energía, pueden convertirse en verdaderas minas de oro.

En esta historia no hay victimas ni villanos, acaso sólo culpables de las decisiones que se tomaron, y es claro que fue para beneficiar a ciertos grupos ligados con el gobierno foxista.

Será durante las cuentas públicas subsecuentes cuando la ASF revise la conclusión del proceso de disolución y liquidación de Fina, y continúe con la fiscalización de los fideicomisos creados para la expropiación de los ingenios, en tanto no se materialice la enajenación de los ingenios propiedad del gobierno federal a través del SAE o, en su caso, sean incorporados al sector paraestatal.

La ASF revisará las acciones de entrega de los ingenios que el gobierno federal realice –los próximos podrían ser los de Caze– en línea con las disposiciones de la Suprema Corte de Justicia. Así, fiscalizará las acciones relacionadas con el pago de los ex propietarios y la procedencia de los recursos utilizados, así como los pagos de pasivos a Fina, en línea con el decreto publicado el 30 de mayo de 2006.  Todo ello avalará o no la ilegalidad del costo fiscal derivado de los pasivos contraídos por los ingenios azucareros.

Al 31 de diciembre de 2005, este costo fiscal era de 15 mil 591.1 millones de pesos, recursos que se han empleado en la operación de las unidades expropiadas, los pasivos de Fina y los ingenios propiedad del gobierno federal así como para indemnizar a los ex propietarios de 4 ingenios. A esta cantidad es necesario agregar el costo de la indemnización de los 9 ingenios que causaron estado con el Decreto de Expropiación. El costo, sin embargo, podría disminuir por la recuperación de recursos derivados de la enajenación de 12 ingenios que son propiedad del gobierno federal.

Más que oportuno

La copia de la escritura pública de la Promotora Azucarera al 25 de abril del 2002, exhibe un cambio interesante, se trata del nombramiento de Fernando Zendejas Barroeta como presidente de esta empresa, en sustitución de Jorge Laborín Gómez, a quien la ASF ha señalado en varios documentos como protagonista de severos conflictos de interés en el proceso de expropiación de ingenios azucareros, pero sobre todo en su administración. Su hermano Mario Laborín, como director general de Nacional Financiera, es responsable de la creación de los fideicomisos privados que ahora censura el máximo órgano de rendición de cuentas y fiscalización del país.

Cambios en la CNBV

 

Académico, pragmático y crítico feroz del sistema bancario, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Roberto Del Cueto, podría dejar durante las próximas semanas ese cargo. Hasta ahora no se conocen las razones de la decisión, pero es un hecho que Del Cueto no ha tenido la mejor relación con la banca y las entidades que participan en el mercado de valores, a las cuales se ha atrevido a criticar y hasta a investigar por el delito de “lavado” de dinero. Al catedrático del ITAM le ha tocado manejar, por ejemplo, la investigación sobre las actividades en bolsa de Ricardo Salinas Pliego o la investigación por supuesto uso de información privilegiada en la compra de Jugos del Valle por parte de Coca–Cola FEMSA (KOF). Egresado, como el presidente Felipe Calderón, de la Escuela Libre de Derecho, Del Cueto también tuvo que hacer frente al cabildeo de la banca para evitar la regulación de sus tarifas.

Guillermo Babatz, el director de la Sociedad Hipotecaria Federal, fue uno de los hombres que mencionó el secretario de Hacienda, Agustín Cartens, para el relevo de Del Cueto. Sin embargo, también se encuentra Guillermo Zamarrita de la Unidad de Banca y Ahorro de la SHPC.

Del Cueto se iría sin librar otra batalla: la autonomía de la CNBV que, en medio del clima electoral, se interpretó entre algunas fracciones del Congreso de la Unión como un mensaje cifrado para acotar al candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador, de haber llegado a la Presidencia de la República. En fin, que los poderes fácticos de la banca se siguen moviendo