Lunes 19 de diciembre 2011

El problema educativo en México es histórico: millones de analfabetas; un sistema oficial deficiente controlado por liderazgos corruptos y autoridades cómplices; privilegios a escuelas privadas católicas y caras; profesores sin preparación adecuada y alumnos mal alimentados. En medio de esa crisis de la educación pública, están las normales rurales como una alternativa social para que miles de indígenas, campesinos y jornaleros puedan acceder al sistema educativo que, sin esa opción, no tendrían oportunidad alguna de seguir preparándose y mejorar sus niveles de vida.

Sin importar que esos alumnos de las normales rurales sean los más pobres y marginados del país, los gobiernos federal y estatales, junto con el corrupto Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que dirige Elba Esther Gordillo y su camarilla, han pretendido desde hace muchos años cerrar y desparecer a las normales rurales, bajo el argumento de que se trata de centros de preparación de guerrilleros, sólo porque allí se tiene una educación con propósitos sociales y principios de igual y justicia.

Un ejemplo de esa persecución y acoso a las normales rurales fue lo ocurrido hace unos días en Guerrero, en donde su advenedizo gobernador Ángel Aguirre Rivero hizo lo que todos los políticos corruptos practican, sacrificar a sus subalternos cuando él es el responsable de actos indebidos: fuerzas del orden asesinan a dos estudiantes normalistas que exigían al mandatario local cumplir su palabra y sentarse a discutir el pliego petitorio de la Normal de Ayotzinapa. Para eludir las críticas en su contra, Aguirre Rivero cesó de inmediato al procurador estatal, el secretario y al subsecretario de Seguridad Pública y al director de la Policía Ministerial por el violento desalojo de la autopista del Sol cuando un grupo de normalistas la bloquearon.

Hace unos días un grupo de normalistas de Ayotzinapa mantenían bloqueada la carretera como una medida de presión en contra de Aguirre Rivero, quien en tres ocasiones había dejado plantados a los jóvenes estudiantes que sólo pedían revisar un pliego petitorio. Irresponsable como es el gobernador guerrerense, pues de haber recibido a los estudiantes de acuerdo con las citas programadas, éstos nunca hubieran ocupado la autopista y ahora nadie se lamentaría por los dos jóvenes asesinados con armas de fuego y las decenas de estudiantes golpeados y detenidos.

Miembros de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, los dos jóvenes acribillados, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, de 22 y 21 años, eran parte del último modelo de educación socialista emanado de la Revolución Mexicana, del cual también fueron integrantes los líderes guerrilleros Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas, alumnos y maestros también de la Escuela Normal de Ayotzinapa.

El mismo día del homicidio de los estudiantes, Aguirre Rivero quiso desviar la atención de su responsabilidad en esos crímenes y se valió del despido de funcionarios menores al hacer el anunció del cese de sus cuatro subalternos, de quienes pidió además que fueran investigados por la Procuraduría General de la República por los disparos y la golpiza en contra de los estudiantes. Con esta acción, el mandatario guerrerense pretende mantenerse impune y seguir gobernando el estado más pobre del país y que ha vivido bajo la opresión de caciques y mandatarios corruptos, como aquellos gobernadores priistas de apellido Figueroa, padre e hijo, que cometieron crímenes, masacraron a la población y asaltaron las arcas públicas.

En poco tiempo de estar al frente del gobierno de Guerrero, Aguirre acumula una historia de abusos de poder y corrupción. Hace unos meses quedó al descubierto el nepotismo del gobernador que saltó de las filas del PRI al PRD para convenientemente convertirse de la noche a la mañana en un burócrata de “izquierda” y poder asumir la gobernatura del estado para disponer a su antojo del presupuesto público. En lo que va de su corta gestión, Aguirre metió al presupuesto público estatal a decenas de parientes (hijos, hermanos, tíos, cuñados y sobrinos), igual como lo han hecho otros gobernadores de priistas, panistas y perredistas, quienes ponen en práctica aquella vieja frase política de que vivir fuera del presupuesto es un error.

En una nota del reportero Rogelio Velázquez y publicada en el portal de Contralínea, se explican las justas demandas de los normalistas rurales: una mesa de diálogo con el gobierno estatal y el cumplimiento de un acuerdo adquirido verbalmente por el gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero, en el sentido de ampliar la matrícula de 140 a 170 alumnos (sólo 30 alumnos más) y el otorgamiento de 30 plazas de profesores para los egresados de la normal. Una simple petición que ha sido negada por quien pretende continuar al frente del gobierno sin importar su responsabilidad en el asesinato de los jóvenes estudiantes.

Uno de los alumnos participantes en la protesta le dijo al reportero: “Éramos como 400 personas, entre estudiantes y gente de organizaciones sociales. Bloqueamos la autopista por que el gobernador nada más dice que sí, pero no firma nuestro pliego petitorio, el cual tendría que estar firmado antes de que acabe el año… Llegaron las fuerzas especiales de la Policía Federal para quitar nuestro bloqueo, nosotros estuvimos dialogando con ellos: uno de los policías hizo una llamada, no sabemos a quién; al colgar, dijeron que ya tenían luz verde para hacer lo que quisieran.

“Fue cuando los policías federales empezaron a lanzarnos gas lacrimógeno, algunos corrimos; inmediatamente después empezaron los disparos a quemarropa, no les importo que hubiera niños y mujeres entre nosotros; los disparos seguían; todos corrimos en diferentes direcciones.” Alcanzados por las balas, los cuerpos de los estudiantes cayeron sobre la carretera y las protestas de millones de mexicanos siguen en espera de justicia, igual que hace 100 años.

Otro de los estudiantes que participaron en el bloqueo de la carretera cuenta como llegaron las fuerzas especiales de las policías federal y estatal para desalojarlos, “nosotros estuvimos dialogando con ellos, uno de los policías hizo una llamada, no sabemos a quién; al colgar, dijeron que ya tenían luz verde para hacer lo que quisieran. Fue cuando los policías empezaron a lanzarnos gas lacrimógeno, algunos corrimos; inmediatamente después empezaron a dispararnos a quemarropa, no les importo que hubiera niños y mujeres entre nosotros; los disparos seguían; todos corrimos en diferentes direcciones.

“Después, nos persiguieron en vehículos y a pie mientras nos seguían baleando; algunos que nos escondimos en el cerro fuimos perseguidos por helicópteros hasta allá. No podemos comunicarnos con nuestros compañeros porque los celulares no dan línea”.

Bertoldo Martínez, presidente del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero, dijo que la protesta también incluía la exigencia de la aparición con vida de los ecologistas Eva Alarcón y Marcial Bautista, desaparecidos desde el pasado 6 de diciembre, cuando se dirigían de Chilpancingo al Distrito Federal. Ese luchador social y defensor de derechos humanos acusó al gobierno de Guerrero de ser el responsable de lo que sucede: “es grave y vergonzoso lo que pasa en el estado; no se esclarecen este tipo de situaciones; por ejemplo, el supuesto suicidio de Joel Santana Villa fue un asesinato de Estado”, comenta, refiriéndose a la muerte del ecologista ‒recluido en el penal de Iguala desde junio pasado‒ ocurrida el pasado 2 de diciembre en el interior del penal.

En conferencia de prensa, otros estudiantes normalistas narraron que el ataque policial se dio cuando las cosas estaban en una situación de calma; se trataba de una protesta normal, como las que realizan siempre, sólo que ahora, después de esta agresión, muchos alumnos exigenuna movilización y una protesta más fuerte y contundente, lo que significa que tomaran acciones más duras en contra del gobierno homicida.

“Hace meses se presentó el gobernador en la normal para platicar con nosotros, pero no quiso firmar nada. Si el exgobernador Zeferino Torreblanca nos dejaba sin comer, este gobernador Ángel Aguirre nos mata”, dice otro estudiante.

Inmediatamente después de los asesinatos de los dos estudiantes, la normal rural de Ayotzinapa fue se sitiada por militares del Ejército Mexicano, aproximadamente 14 convoyes rodearon la escuela, en donde permanecían resguardados unos 20 jóvenes.

Acuzaron a la Secretaria de Educación en Guerrero de negarse a da respuesta a las demandas de los normalistas, y responsabilizaron directamente a Felipe Calderón por su estrategia de guerra que practica la policía federal en contra de estudiantes y luchadores sociales en todo el país.

En un comunicado la Secretaría de Gobernación señaló que trabaja en coordinación con las autoridades guerrerenses para investigar los hechos y deslindar responsabilidades contra quien resulte responsable por los homicidios. Mientras que la Procuraduría General de la República integró la averiguación previa PGR/GRO/CHI/CASO/387/2011 por delitos federales que resulten de los hechos.

En ese sentido, José Ramón Salinas, vocero de la Policía Federal aseguró que ésta no había participado en el desalojo; sin embargo, Ramón Miguel Arreola Ibarra, subsecretario de Control Policial del Gobierno del Estado, contradijo esta versión y comentó que los federales fueron quienes disuadieron la manifestación.

El gobierno de Guerrero informó que el mandatario Angel Aguirre Rivero está dispuesto a reunirse con los estudiantes cuantas veces sea necesario para resolver sus problemas, y reiteró su disposición para atender las demandas de los diversos sectores de la sociedad y respetar la libertad de expresión y el derecho a las manifestaciones. Los normalistas respondieron que el gobernador Aguirre lo que quiere es cerrar la escuela.

Ante la agresión gubernamental contra normalistas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos inició la queja de oficio CGCP/309/11 por dicho ataque y en un comunicado mencionó que se dará acompañamiento, apoyo jurídico, sicológico y atención medica, si es requerida, a los familiares de las víctimas. Al condenar los hechos y calificarlos como lamentables, ese órgano defensor de los derechos humanos se comprometió a no permitir que estos asesinatos queden impunes.

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