Lunes 20 de Diciembre de 2004

• Nepotismo en la Secretaría Técnica del IPN
• El Cisen, el linchamiento, Tláhuac y la PFP
• Uso faccioso del Cisen en el gobierno de Fox

La semana pasada informamos en este espacio que después de dos años y medio de una intensa persecución en contra de directivos del Instituto Politécnico Nacional por un presunto daño patrimonial de 74.6 millones de pesos en la compra de computadoras marca Alaska a la empresa Centro Integral de Sistemas de Información (CISI), la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública, cuyo titular es Jesús María Robledo Sosa, había resuelto que no hubo desvío de recursos públicos pero sí negligencia y omisión de parte de tres funcionarios de esa casa de estudios, por lo que decidió inhabilitar por 10 años para trabajar en el servicio público al director de Informática del IPN, Gerardo Velásquez Martínez; al jefe de la División de Recursos Materiales de la Dirección Administrativa, Román Mata Becerril, y al jefe del Departamento de Compras, Nelson Humberto Camas Laguna.

Frente a ese caso de corrupción resuelto por los órganos de control y vigilancia del gobierno foxista, hay otro asunto que esta semana ocupará sin duda la atención de la Secretaría de la Función Pública y del Órgano Interno de Control del IPN, pues el secretario técnico del Politécnico, doctor Jorge Verdeja López, confundió a esa honorable institución académica como un centro de colocación laboral para la familia, de tal manera que en este año que termina se ubicó a varios parientes en diversos cargos dentro del IPN.

De acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos habría un acto de nepotismo que de comprobarse derivaría en corrupción por parte de Jorge Verdeja López, quien a pesar de tener méritos académicos por su grado de doctor para ocupar la Secretaría Técnica, eso no le da derecho a emplear a toda su familia en el Politécnico. Sin embargo, este caso deberá ser investigado por el secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, mientras que en la Secretaría de Educación Pública y en la Dirección General del Politécnico deben una explicación de porqué se permiten estas irregularidades en ese centro de estudios.

Un ejemplo del nepotismo del doctor Verdeja López, quien el 1º de febrero del 2004 asumió la plaza 1300.0 CF1LC2/1 como puesto de confianza con la categoría de secretario técnico, fue el haber contratado a su esposa Alicia Teresita Lepre Larrosa (con grado máximo de estudios como pasante de carrera profesional) el 16 de junio de 2004, con la plaza 1300.0 CF1NC3/6 como coordinadora de Sistemas Académicos en la Secretaría Técnica, en donde su marido es el titular.

Pero también los hermanos del secretario técnico se han visto beneficiados: su hermana María Guadalupe Letic Verdeja López, con grado máximo de estudios de Normal Superior, fue asignada en 31 de agosto de 2004 con la categoría de tiempo completo de profesor asociado “A” en la Dirección de Estudios Profesionales en Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas, con la plaza 1340.0 E3008/358.

Otro hermano del doctor Jorge Verdeja López, Francisco Clemente Verdeja López fue beneficiado el 1º de julio de 2004 con la plaza CF30C1 como jefe de Departamento de Dirección de Área “E” en la Dirección de Recursos Financieros, Materiales y Servicios del IPN.

Otros parientes y primos adscritos a la nómina del Politécnico son María Eilin Verdeja Orencio, quien reingresó al IPN con la categoría de profesora asociada “B” de tiempo completo en alta interina limitada, la cual se ha renovado hasta la fecha en la Coordinación General de Postgrado e Investigación, con la plaza 1340.0 E3010/190.

Víctor Manuel Reyna Verdeja, con grado de estudios como pasante de carrera profesional, tiene la categoría de profesor asociado “B” medio tiempo de base en la Secretaría Técnica, con la plaza 1320.0 E2810/45.

Inés Avila Verdeja, quien de acuerdo con su trayectoria profesional y según su expediente laboral en poder de la Secretaría de Educación Pública, “no tiene grado de estudios”, tiene baja por jubilación con dos plazas, una como profesora asociada “B” de medio tiempo de base y otra con seis horas de profesora de asignatura “A” en el C.E.C y T. Wilfredo Massieu, respectivamente.

Ricardo J. Ramírez Verdeja, cuyo expediente señala que sin grado de estudios, tiene baja por renuncia al puesto de profesor de asignatura “B” con 19 horas de trabajo en la ESIME en el centro de estudios de Zacatenco.

Gloria A. Romero Verdeja, sin estudios, tiene baja con 15 horas como técnica documental de asignatura “B” en el C.E.C. y T. Gonzalo Vázquez Vela.

Pero si la Secretaría de la Función Pública se anima a investigar este caso, podría empezar por interrogar a quien fuera hasta unos cuantos meses el oficial mayor de la Secretaría de la Educación Pública, Francisco Medellín, quien presionó para que se nombrara como secretario técnico del Politécnico al doctor Jorge Verdeja López.

Y ya que mencionamos a Francisco Medellín, este ex servidor público tuvo que renunciar al cargo de oficial mayor de la SEP por aquel asunto de la adquisición de miles de computadoras marca Alaska, por algo así como 150 millones de pesos, y que supuestamente resultaron inservibles por ser incompatibles con el sistema de la Secretaría, pero lo más grave fue que la adquisición le costo a la SEP un ciento por ciento más del costo que tenían en el mercado; sin embargo, lo más fácil para el gobierno del cambio fue despedir al oficial mayor sin que se aclarara ese presunto desvío de fondos públicos. Por falta de espacio nos ocuparemos la próxima semana de este caso.

Los linchamientos en Tláhuac

De acuerdo con las reformas de 1994 al Código Penal Federal, los homicidios ocurridos en Tláhuac en contra de miembros de la Policía Federal Preventiva fueron dolosos e intencionales, por lo tanto quienes tenían el deber de evitarlo son penalmente responsables del delito culposo o imprudencial. Esta es la tesis que utilizará la Procuraduría General de la República para inculpar al ex secretario de Seguridad Pública, Marcelo Ebrad, y al ex comisionado de la PFP, José Luis Figueroa; sin embargo, otro funcionario que de aplicarse estrictamente la ley debería de correr la misma suerte, es el secretario de Seguridad Pública federal, Ramón Martín Huerta, quien ha sido exonerado, primero, por el presidente de la República y después por el procurador general Rafael Macedo de la Concha.

Así las cosas, el gobierno foxista vuelve a cobrar venganza contra opositores políticos, en el caso de Ebrad, una político estrechamente vinculado con el jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, y en el caso del almirante Figueroa, un miembro de las fuerzas armadas relacionado con el priísmo y muy cercano al ex presidente Ernesto Zedillo, mientras que al foxista Martín Huerta se le otorga el perdón presidencial y además lo mantiene en su cargo y lo exoneran de cualquier investigación ministerial.

Pero quien está muy preocupado por las acusaciones que la PGR pretende fincarle, es el almirante José Luis Figueroa, un destacado miembro de la Marina y quien desde hace más de 20 años ha estado directamente vinculado a responsabilidades de la seguridad nacional y que ahora por pugnas políticas no sólo es lanzado a la calle, sino bajo la amenaza de procesarlo por del delito de homicidio, sin importar toda la información acumulada por este marino en los diversos cargos que ha tenido.

Pero volvamos a las investigaciones de los homicidios. El comisionado de la Policía Federal Preventiva, almirante Figueroa, fue enterado del caso cerca de las 20 horas, cuando arribó a la ciudad de México, por lo que le era imposible tomar alguna decisión sin contar con la información precisa de lo que ocurría. Pero lo que si es un hecho es que los tres policías realizaban asuntos de inteligencia y vigilancia en contra de supuestos miembros del Ejército Popular Revolucionario, pues la zona donde ocurrieron los linchamientos es considera por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) como de alta incidencia del grupo guerrillero.

Para expertos en temas de seguridad nacional, fue un grave error enviar a los tres policías inexpertos en asuntos de inteligencia para vigilar, sin protección alguna, a integrantes del grupo guerrillero más experimentado y peligroso en asuntos de contrainteligencia que hay en el país, sobre todo porque la presencia de los tres policías en la zona era muy evidente debido a su inexperiencia.

Por ello tanto en el Cisen como en otros órganos policiales de inteligencia se afirma que es un absurdo el cese del almirante Figueroa, quien entre otros cargos se ha desempeñado con eficacia en el Estado Mayor Presidencial; en el Cisen fue subdirector de Protección; fue director del Centro de Inteligencia Antidrogas (Cian) cuando éste estaba integrado al Cisen y mantenía un estrecho contacto con los cuerpos policiales estadounidenses encargados de combatir el narcotráfico; también dirigió el Cendro, adscrito a la PGR, en donde armó y diseñó la parte operativa de ese centro de inteligencia contra las drogas, y su último cargo fue como comisionado de la PFP, en donde ahora se busca a un nuevo responsable y entre otros se menciona al actual director de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Genaro García Luna.

Para los expertos en seguridad nacional lo que el gobierno foxista debería de hacer es regresar al núcleo original de la PFP, es decir como un órgano operativo de la seguridad nacional encargado de combatir a la delincuencia organizada, en plena coordinación con el Cisen, responsable de la inteligencia.

Actualmente la parte operativa del Cisen, que está asignada al área de investigaciones, que es la unidad responsable de operaciones encubiertas y de dar seguimiento a los informes de inteligencia, tenía un informe completo de la operación del grupo armado del EPR en Tláhuac, pero como está roto el vínculo de trabajo entre la parte de inteligencia que es el Cisen con la parte operativa que es la PFP, fue imposible alertar a éstos del riesgo que corrían sus policías al vigilar sin control alguno a habitantes de Tláhuac supuestamente vinculados con el Ejército Popular Revolucionario, el cual tiene amplia experiencia en movilizar a la población para protegerse.

Según los mismos informes del Cisen, debería identificarse sólo a los miembros del EPR que supuestamente participaron en la agresión a los tres miembros de PFP y dejar en libertad a los ciudadanos que enardecidos sí creían que se trataba de secuestradores, pues éstos no son responsables de los linchamientos y actualmente siguen detenidos por la PGR.

Sólo un ejemplo de la inexperiencia de los tres policías linchados en la población de Tláhuac, es que al pedir ayuda a través de los medios de comunicación, ninguno de ellos utilizó alguna clave de emergencia o de intervención inmediata, y sí en cambio hablaron directa y abiertamente con sus jefes para pedirles protección, lo que abortó todo el operativo de vigilancia y dejaron expuesta a la PFP ante el grupo guerrillero armado más profesional que hay en el país.