Lunes 20 de febrero de 2012

Una vez más los informes de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), órgano técnico encargado de la revisión del gasto publico federal que depende por completo del Poder Legislativo, ponen bajo los reflectores el despilfarro que se hace del Presupuesto de Egresos de la Federación; la manga ancha de los gobernadores para endeudarse y, sobre todo, el abuso de poder y la impunidad con la que se mueven los funcionarios públicos a quienes, en el mejor de los casos, se les aplican criterios cuantitativos para revisar su gestión, pero nunca cualitativos.

Es cierto, por lo tanto, que la ASF afinan sus criterios técnicos para revelar cómo los gobernadores omiten los detalles finos de su endeudamiento, pero aún falta saber sí aplicaron de la mejor manera esos fondos en beneficio de los contribuyentes.

Eso mismo sucede con los servidores públicos a quienes no se les cuestionan los criterios ni la rendición de cuentas en su toma de decisiones. La administración pública debería contar con procesos que marquen la visión social en la aplicación del gasto público, pero no es así y, tal vez, esperamos mucho de la Auditoría.

Como dice el economista David Colmenares, porque pedirle más a la ASF si se trata de un órgano técnico que simplemente no tiene autonomía presupuestal ni facultades administrativas sancionatorias; acaso resarcitorias. De hecho, en 2010 recuperó más de 6 mil 351 millones de pesos y en ocho años la suma asciende a 50 mil millones. Lo que nunca sabremos es cuánto ha perdido el país en materia de crecimiento, de igualdad y oportunidades para su población a causa de la omisión y corrupción de funcionarios públicos.

Es limitado, por lo tanto, el número de funcionarios inhabilitados o en prisión por incumplir sus obligaciones en la administración pública y, aún peor, incurrir en delitos en perjuicio del erario. El titular de la ASF propone la creación de un Tribunal Federal Autónomo, alejado de cualquier posible conflicto de interés. Además, dice Juan Manuel Portal, con un tribunal independiente se respetaría la esfera de competencia de la división de poderes y se tendría un mayor alcance en la fiscalización de los gobiernos estatal y municipal, respecto a fondos federales. Así, la capacidad sancionadora quedaría a buen resguardo y se evitaría la contradicción de ser juez y parte.

El titular de la ASF reconoce que los legisladores han ampliado las herramientas con las que cuenta esta entidad. Ahora se tiene el reconocimiento del Sistema Nacional de Fiscalización a nivel constitucional; se eliminó la limitante para la promoción de acciones en las auditorías regionales sobre el desempeño: además se logró un adelanto gradual del plazo de presentación de la Cuenta Pública por parte del Ejecutivo Federal para el último día hábil de febrero.

La ASF también avanzó en la realización de revisiones preliminares durante el ejercicio en curso y comenzó a emitir recomendaciones con base en evaluaciones de los informes trimestrales. Ahora la Auditoría también cuenta con facultad para llevar a cabo, de manera directa, las revisiones de situaciones excepcionales. Lo más importante, sin embargo, es la facultad para fiscalizar esquemas de inversión de coparticipación público privada, en donde se debe aclarar el monto de la deuda pública y la deuda privada.

Sin embargo, a pesar de las nuevas herramientas, los resultados siguen siendo cuantitativos y no cualitativos. De las 1 mil 31 revisiones realizadas – 9 por ciento más que las del año anterior -, 626 tuvieron un enfoque financiero y de cumplimiento normativo. Cabe destacar el énfasis de la ASF en las finanzas estatales a través del Ramo 33, pues 558 fueron practicadas a estados y municipios; 356 las realizó directamente la ASF y el resto los órganos de fiscalización superior locales. A todas las entidades federativas se les revisó y a 178 municipios. El ámbito de revisión son los recursos federales que se les transfieren para su ejercicio.

Se generaron 3 mil 843 acciones correctivas, que incluyen 1 mil 893 de responsabilidad administrativa con sanciones – el 82 por ciento derivadas de fiscalización de recursos transferidos- y tan sólo 98 denuncias de hechos.

Parcial, la estrategia contra el lavado

Además de los programas de vivienda, del sector bancario y de las finanzas de los gobiernos estatales, la ASF analizó el cumplimiento de los programas para la prevención y el combate contra el lavado de dinero a cargo de la SHCP.

La ASF constató que Hacienda aplica acciones tendientes a cumplir la recomendación 23 del GAFI, para lo cual emitió y publicó las disposiciones de carácter general que previene y combate el lavado de dinero en las instituciones de crédito, casas de bolsa, casas de cambio, centros cambiarios, sociedades financieras populares, almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras, y empresas de factoraje financiero, administradoras de fondos para el retiro, como las sociedades operadoras de sociedades de inversión y sociedades de objeto limitado.

La revisión comprendió el desempeño de la SHCP durante el ejercicio fiscal de 2010, en el cumplimiento de las obligaciones internacionales correspondientes a la incorporación de México al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y su instrumentación en la regulación nacional, a fin de prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

La ASF estableció que al cierre del ejercicio fiscal de 2010, se comprobó que Hacienda, por conducto de las unidades administrativas coordinadoras de los distintos sectores del sistema financiero, no había emitido las disposiciones de carácter general en materia de prevención y combate al blanqueo de capitales para Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofoles), Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) reguladas y no reguladas, y Uniones de Crédito, ni las reformas para Sociedades de Inversión, Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, Almacenes Generales de Depósito, Arrendadoras Financieras, y Empresas de Factoraje Financiero.

Como consecuencia de la intervención de la ASF, mediante el oficio número UBVA/DGAAF/120/2011 del 13 de diciembre de 2011, la SHCP
informó que se estima que durante el primer trimestre de 2012, las reformas a las disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito popular y de las sociedades de inversión, así como las nuevas disposiciones de carácter general aplicables a las uniones de crédito, quedarán concluidas.

De esta forma, la ASF estima que, hasta ahora, Hacienda ha dado cumplimiento parcial a las disposiciones del GAFI. Y ha sido parcial porque la publicación de las normas ha sido tardía. Así, se confirmaría que el discurso del presidente Felipe Calderón contra el combate al dinero sucio de los cárteles de la droga se habría quedado en buenos deseos sin el marco regulatorio apropiado para que los bancos e intermediarios bancarios y no bancarios detengan el flujo de estos recursos. Sin contar que esto ocurre cuando falta menos de un año para que concluya su administración, por lo que falló aquí también la estrategia ejecutiva frente a la mediática.

En la revisión del flujo de los comunicados emitidos entre las diversas instancias de la SHCP (UBVA, UIF, Subsecretaría de Ingresos), de la CNBV, de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) y de la Procuraduría Fiscal de la Federación, que intervinieron en la elaboración y revisión de las resoluciones para expedir las disposiciones de carácter general relativas al establecimiento de medidas y procedimientos para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en el sistema financiero mexicano, se descubrió que entre la emisión de los proyectos originales y su publicación en el Diario Oficial de la Fefderación, transcurre un número importante de días, en el caso de las sociedades financieras de objeto limitado pasaron 923 días; para las casas de bolsa, 847 días; en las casas de cambio, 108 días; en las sociedades financieras de objeto múltiple, 373 días, y para las organizaciones auxiliares de crédito, 1 mil 2 días. Demasiado tiempo, mientras en las calles la población civil enfrentó a grupos criminales muy bien financiados y con recursos para sostener sus operaciones.

La ASF observó que en el proceso para la emisión y la publicación de las disposiciones de carácter general en materia de prevención y combate al dinero sucio, no ha sido oportuno para agilizar el avance en la atención de la recomendación 23 del GAFI, debido a la dilación con que se difunde de manera oficial a los sujetos obligados.

El retraso en la publicación de regulaciones contra el lavado de dinero preocupa a la ASF. La primera publicación, de hecho, fue la correspondiente al marco regulatorio aplicable a las instituciones de crédito (20 de abril de 2009) y subsecuentemente las correspondientes al sector cambiario (25 de septiembre de 2009, se emitieron las disposiciones de carácter general aplicables a casas de cambio y centros cambiarios) y de transferencia de recursos (17 de diciembre de 2009 se publicaron las disposiciones de carácter general relativas a los transmisores de dinero), ya que en el reporte del 17 de Octubre de 2008 del GAFI, se reporta una valoración de cumplimiento parcial en su recomendación número cinco.

El propio GAFI establece: “Deficiencias significativas en materia jurídica y en capacidad para la instrumentación de los requerimientos de debida diligencia del cliente para centros cambiarios y transmisores de dinero”. Falta preguntar quién tiene la culpa de estos retrasos y a quién se sancionaría por estas costosas omisiones que no sólo representaron dinero sino también la vida de muchos mexicanos.

Una estimación del problema desde Washington

El análisis del tamaño de la economía mexicana así como del monto de sus transacciones financieras y comerciales no justificaría el monto del dinero que ha salido del territorio mexicano. En plena crisis, lejos de reducirse los flujos identificados como ilícitos han aumentado. Dos fenómenos lo justificarían: la facturación fraudulenta y el lavado de dinero.

En Washington, un revelador reporte elaborado por Global Financial Integrity – un centro de investigación sin fines de lucro con sede en la capital estadounidense – establece que multinacionales y empresas que han obtenido fondos ilícitos, han sacado del país unos 872 mil millones de dólares, de los cuales 441 mil millones, el 50.5 por ciento se fugaron entre 2001 y 2010.

También revela que el dinero pasa a corporaciones multinacionales mediante la facturación fraudulenta. En los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, la fuga ascendería a más de 530 mil millones de dólares, el mismo monto que el Fondo Monetario Internacional necesita para tratar de revertir la crisis económica mundial. La cifra, sin embargo, es “conservadora”, pues no incluye el dinero efectivo. México, junto con China y Rusia, está a la cabeza de los países con mayor flujo de recursos financieros ilícitos.

El autor del reporte que debería encender la señal de alerta de la Secretaría de Hacienda, fue elaborado por un execonomista del FMI y actual economista en Jefe de GFI y del Center for International Policy. Para medir los flujos ilícitos, el economista Dev Kar utilizó el modelo residual del Banco Mundial y un modelo de facturación fraudulenta basado en la Dirección de Estadísticas Comerciales del FMI. El modelo residual del Banco Mundial permite seguir los movimientos de capital no registrados, midiendo el valor residual o la diferencia entre las fuentes registradas de fondos de un país y su uso. Según este método, en México se ha producido una transferencia de capital no registrado o ilícito desde el país, si la fuente de fondos es superior a su uso.

El informe México: flujos financieros ilícitos, desequilibrios macroeconómicos y la economía sumergida establece que en 11 años de gobiernos panistas, la fuga ilícita de capitales asciende a 6 billones 845 mil 300 millones de pesos, dos veces el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 (3 billones 706 mil 922 millones de pesos).

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