Lunes 20 de septiembre de 2010

Hace seis años el Comité de Información de Pemex, en su sesión 17 del 13 de septiembre del 2004, resolvió reservar por 12 años, el máximo plazo que contempla la Ley de Acceso a la Información, los detalles sobre el rendimiento de los recursos invertidos y que constituyen el patrimonio del Fondo Laboral de Pemex (Folape), a pesar de que ese fondo recibe recursos del gobierno federal y que las aportaciones hechas, al menos durante los últimos dos años previos a esta solicitud, constituyeron, en gran parte, uno de los mayores pesos de las pensiones del sector público sobre las finanzas públicas.

Se argumentó entonces y, en una primera instancia, que se trataba de información reservada y que atentaría contra la paraestatal y la competitividad en el mercado de dinero, con lo cual Petróleos Mexicanos otorgaba a diversos intermediarios esos recursos para su inversión.

En otras palabras, la paraestatal perdería dinero si en los mercados se conocía quién invertía y cómo en sus fondos de pensiones. Ese fue el único argumento. Sin embargo, al refutar la defensa a la opacidad del Comité de Información de Pemex, el IFAI recibió argumentos en una petición ciudadana que obligaron a dar a conocer los números parciales de la administración del Folape, pero nunca el detalle de los títulos en los que se invirtieron sus recursos a través del fideicomiso que administra BBVA Bancomer.

Se supo entonces que el Folape no operaba como una reserva tradicional de pensiones con recursos resguardados en el largo plazo, sino como un fondo revolvente en el que las aportaciones no llegan de las cuotas sindicales normales o de las aportaciones calendarizadas de la petrolera, sino de las transferencias presupuestales. La razón de este atípico comportamiento en un fondo para el retiro de un sindicato tan poderoso, es que el Folape llegó a operar con números deficitarios ante las pensiones adelantadas y las inversiones realizadas y ordenadas para salvar los programas de rescate del gobierno foxista, pero sin dejar registro de ello ante la opinión pública. Por ello, Pemex no debió y no puede negar el acceso a la información de este fondo.

Pero no sólo la opacidad caracteriza el manejo de estos recursos. El Sindicato de Trabajadores Petroleros, bajo la conducción de Eduardo Romero Deschamps, solapa estos manejos porque a cambio recibe prevendas y la renegociación sin problemas de su costoso contrato colectivo de trabajo.

Despidos y jubilaciones consensuadas también por la dirigencia del SNTPRM, pues la directiva de Pemex despide sólo a los petroleros disidentes o a quienes han pretendido ejercer su derecho constitucional a la libre asociación sindical. De hecho, este tipo de acuerdos son los que han engrosado el rubro de pensiones “adelantadas”.

En 2008, en esta columna publicamos información proporcionada por exdirectivos de la paraestatal que señalaba a funcionarios petroleros como responsables de decidir las inversiones del Folape para beneficiar los programas de rescate que impulsó Vicente Fox y que instrumentó su entonces titular de la Secretaría de Hacienda, Francisco Gil Díaz.

Aunque Fox y Gil Díaz ejercieron el poder en el periodo de mayor bonanza petrolera, tuvieron que echar mano del Folape para sacar adelante el rescate de las carreteras insolventes que, de otra forma, les hubiera estallado en las manos. Pero allí estaba el fondo de pensiones de Pemex y como lo sabían secreto aplicaron un uso discrecional de su capital. El Folape habría invertido importantes recursos en el Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopista (FARAC) sin dar a conocer, hasta ahora, el resultado de esa inversión.

Fue en 1997, ante los problemas financieros que presentaban las empresas operadoras de las autopistas concesionadas, que el gobierno federal decidió rescatar 23 de las 52 autopistas concesionadas, asumiendo un adeudo de 57.7 mil millones de pesos, 36.6 mil millones de deuda bancaria por el Programa de Rescate Carretero y 21.1 mil millones para el pago de Pagarés de Indemnización de Carreteras PIC’s.

Ahora, dos años después, información de la Secretaría de la Función Pública clasificada como confidencial, a la que la reportera Ana Lilia Pérez de la revista Contralínea tuvo acceso, arroja pistas sobre el desvío de recursos a inversiones ruinosas que realizó o encubrió el ahora director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, cuando en aquellos años se desempeñaba como director de Finanzas de la paraestatal. Al interior de la empresa, el tema se maneja como “secreto de Estado”. El manejo discrecional del Folape tendría ahora responsables con nombre y apellido, pero habrá que esperar si el secretario Vega Casillas está dispuesto a proseguir en sus investigaciones que involucran directamente al director general de la principal empresa del Estado y que en consecuencia deberían primero destituirlo, inhabilitarlo y procesarlo por los cuantiosos daños económicos causados a las finanzas públicas.

En su reporte 20-F de 2009 a los inversionistas del mercado de valores de Estados Unidos –que Pemex presenta por exigencia de la Comisión de Valores de ese país– la paraestatal reconoce que una de las políticas de su Comité de Inversión es no invertir los recursos de sus fondos de pensiones en instrumentos de empresas que estén intervenidas por el gobierno federal; tampoco en derivados o en notas estructuradas.

La nota a los inversionistas, sin embargo, hace una excepción: Pemex podrá invertir en ciertas notas estructuras denominadas en pesos cuya inversión esté protegida o garantizada. Éste pudo haber sido el caso de los PIC´s, cuyo rendimiento estaba avalado por el gobierno federal a través del Banobras. ¿En dónde estuvo, entonces, el problema con el Folape? En que este fondo se habría descapitalizado para invertir en estos instrumentos con vencimiento a 30 años y el gobierno, para cubrir los compromisos de corto plazo del fondo, incluyendo pensiones adelantadas, tuvo que aplicar transferencias presupuestales adicionales. Todo ello sin la autorización del Congreso.

En una somera revisión que hizo a algunas de las operaciones administrativas del Fondo Laboral de Pensiones 2004, la Auditoría Superior de la Federación le advirtió a Suárez Coppel que no estaba fondeando adecuadamente los recursos; por ello, le adelantó el auditor superior de la federación, aún en el largo plazo, dicho fideicomiso no se capitalizaría “adecuadamente”.

Entre otras anomalías, la ASF observó que la utilidad de algunas operaciones se empleaba en el gasto corriente de Pemex y para cubrir subejercicios. Por ello, citó la auditoría, “el problema se puede convertir en explosivo en el futuro si continúa la jubilación acelerada de personal, dada la edad promedio de la plantilla laboral actual”.

Y es que, por esas fechas, comenzaron a registrarse graves problemas financieros debido a las cuantiosas jubilaciones anticipadas impulsadas por la dirección de Pemex como parte del proyecto de la privatización de actividades primordiales para la petrolera, por el que se plantea adelgazar la plantilla laboral con la baja de 30 mil trabajadores, entre sindicalizados y de confianza.

Lo más importantes es que ahora la Secretaría de la Función Pública investiga irregulares manejos del Folape y también del Fideicomiso de Cobertura Laboral y de Vivienda (Ficolavi) –actualmente, Sistema de Financiamiento de Vivienda (Sifivi)–, registradas durante la gestión de Suárez Coppel como director Corporativo de Finanzas de Petróleos Mexicano, cuando manejó históricos ingresos que no se reflejaron en las finanzas de la petrolera. Tan sólo los excedentes petroleros sumaron más de 1 billón de pesos.

Al amparo del secreto fiduciario, figura con la que se administran los recursos de los dos fondos de Pemex, Juan José Suárez Coppel mantiene blindado su manejo a todo escrutinio, incluso el interno, pues el tema prácticamente es tabú de las reuniones del Consejo de Administración. Pese a que el dinero que administra es público, argumenta que dichos fideicomisos son “privados”. Sin embargo hoy la SFP revisa los fondos de la paraestatal.

Hacia ambos fondos se han canalizado multimillonarios recursos para, supuestamente, dar cobertura a las prestaciones del contrato colectivo de trabajo del sindicato petrolero, el más caro del país, cuyo fondo de pensiones, entre el salario y prestaciones, es con mucho superior al del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Las pesquisas en la SFP apuntan a inversiones “ruinosas” en fondos carreteros y títulos de deuda hipotecaria y otras operaciones bursátiles de alto riesgo, a las que se habría destinado dinero de los fondos de pensiones de los trabajadores de la petrolera, en un mecanismo similar al empleado por Juan Molinar Horcasitas, quien, como director del IMSS, invirtió las pensiones en deuda de la quebrada hipotecaria Metrofinanciera.

El caso de Pemex es mucho más grave, plantea el exprocurador fiscal Gabriel Reyes Orona, pues “generó uno de los grandes hoyos negros que hoy tienen las finanzas de Pemex”. La magnitud: “Es el quebranto del principal fondo de pensiones del país. Aunque Suárez Coppel lo ha mantenido oculto, en unos años ya no podrá esconderse, simplemente estallará el problema”.

Por instrucciones de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, la ASF realiza también auditorías, cuyos resultados se darán a conocer en febrero próximo.

El reportaje de Ana Lilia Pérez en Contralínea revela que la diputada Esthela Damian Peralta, presidenta de la Comisión, asegura que las auditorías a estos fondos evidencian que el dinero de Pemex “se está manejando cada vez con menos transparencia”. Es decir, “hay más corrupción y menos rendición de cuentas”. Agrega que “los resultados que tenemos hasta ahora son muy delicados en materia de corrupción. Se están presentando graves inconsistencias”.

Al subrepticio manejo que Juan José Suárez Coppel hizo de los fondos de Pemex como director Corporativo de Finanzas –en los años de la bonanza petrolera– y actualmente como director general, se atribuye parte del colapso al que, según el senador Francisco Labastida, se enfila la petrolera.

La denuncia pública de Labastida Ochoa, presidente de la Comisión de Energía del Senado de la República, de que Pemex se enfila hacia un colapso, encendió la alerta en el Legislativo para urgir una revisión de las finanzas de la paraestatal; azuzada también por las declaraciones de Suárez Coppel de que, por primera vez en su historia, Pemex comienza a importar crudo.

El expediente de la SFP destaca la compra de títulos carreteros adquiridos para financiar, a cuenta de Pemex, obras carreteras privadas que entraron al esquema de privatización de Carlos Salinas de Gortari; refinanciadas luego con dinero del erario por Ernesto Zedillo y Vicente Fox mediante el Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (Farac), y que hoy nuevamente reprivatiza Felipe Calderón.