Lunes 21 de marzo de 2011

Un niño de 13 años de edad, Elías Mussali Bissu, reclamó al presidente de la República que se preocupe por los niños que, por su pobreza, no pueden estudiar en México. En justificación a su indiferencia, Felipe Calderón confesó ante la comunidad judía, que en México se han hecho fortunas inmensas al abrigo del poder, por lo que hacen falta servidores públicos orientados al bien común.Sin nombrarlos, Calderón aludió la semana pasada a los gobiernos priistas, cuando declaró en otra reunión, esta vez con la Cámara de Comercio de México, que el país fue educado en la cultura de la complicidad, la corrupción y la transa.

Ambas afirmaciones son hechos conocidos por todos los mexicanos, y sólo habría que corregirle al presidente que no es el país educado en la cultura de la corrupción, sino el gobierno sumergido en el pantano de corrupción. Nada nuevo lo dicho por Calderón. Funcionarios y políticos del PRI se enriquecieron por decenios al amparo del erario público, al grado de acuñar con cinismo aquella frase de que vivir fuera del presupuesto es un error.

Esa corrupción gubernamental que señala Calderón, ha sido por décadas la responsable de que más mexicanos se sumen a los millones de personas que no pueden satisfacer sus necesidades básicas de vida: alimentación, educación, salud, vivienda y vestido.

De los 112 millones de mexicanos, son casi 80 millones los que por lo menos no pueden satisfacer o por lo menos tienen problemas con alguno de esos cinco satisfactores básicos de vida. Este deterioro en la sociedad se ha incrementado todavía más en los gobiernos panistas, debido a que los miles de millones de pesos que autoriza el Congreso para combatir la pobreza nunca llegan a su destino.

El mismo gobierno de Felipe Calderón reconoce que la diferencia entre el municipio más rico del país, el de San Pedro Garza García, en Nuevo León, con el más pobre del país, Cochoapa el Grande, en la montaña de Guerrero, son 40 años de vida. Es decir, el promedio de vida en uno es de 80 años y en el otro apenas llega a los 40.

Pero si la corrupción fue la marca de los priistas durante 70 años que estuvieron en el poder y que ahora pretenden recuperar, ¿qué han hecho los panistas en sólo 10 años que llevan al frente del gobierno federal? Nunca lo sabremos más allá de lo que los medios de comunicación investiguen e informen. Es fácil criticar a otros gobiernos, en este caso los priistas, sin hacer una autocrítica, pues Felipe Calderón y Vicente Fox simplemente han sido cómplices, omisos y promotores de esa corrupción gubernamental que ha lacerado a la sociedad mexicana.

Pero no sólo eso. Lejos de combatir la corrupción que tanto critican a los regímenes priistas, los gobiernos panistas de Fox y Calderón alentaron en la última década el abuso del poder, el desvío de recursos públicos, la complicidad con empresarios, el chantaje político y el encubrimiento y protección de funcionarios y políticos que han corrompido leyes y han asaltado las arcas públicas.

Calderón puede acusar entonces a los priistas una y otra vez, y no se va a equivocar; dónde falla, es al excluirse de la crítica por su pésima administración, pues las evidencias de corrupción de él y su antecesor son, quizás, igual o más perversas que las cometidas en los 70 años que el PRI mantuvo el poder político en México.

En esta columna hemos documentado cada lunes hechos vergonzosos de corrupción de servidores públicos con empresarios, y nadie en el gobierno se ha interesado en investigar y aplicar la ley. Por ejemplo, cómo olvidar las corruptelas de los hermanos Bribiesca Sahagún, hijos políticos de Vicente Fox, cuando desde Los Pinos exigían al entonces director general de Pemex, Raúl Muñoz Leos, el otorgamiento de contratos petroleros para empresas privadas que los tenían como comisionistas.

O aquella auditoría a la administración de la residencia oficial de Los Pinos, en donde la misma Secretaría de la Contraloría documentó onerosos gastos públicos y desvío de recursos en la reconstrucción de las cabañas y el menaje en la casa presidencial, a cargo de un amigo constructor del presidente Vicente Fox. Ese expediente fue archivado y se exoneró a los funcionarios y empresarios responsables del desvío de recursos públicos.

Más recientemente, está la acusación penal que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó ante la Procuraduría General de la República, en contra del hasta hace poco procurador federal de Protección al Ambiente (Profepa), Patricio Patrón Laviada, y de sus hermanos, por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y vínculos con bandas del narcotráfico.

Ese expediente que recibió la PGR en el último mes de gobierno de Vicente Fox, fue extraviado premeditadamente para proteger a un destacado miembro del gabinete de Felipe Calderón. Han pasado cuatro procuradores generales de la República, incluido el último Arturo Chávez Chávez (quien por cierto en breve dejará el cargo) y todos han sido cómplices por encubrir a la familia Patrón Laviada.

Qué critica Calderón por esa cultura de complicidad, corrupción y transa, si él mismo forma parte de ella y como presidente de la República la tolera, la promueve y, por supuesto, no hace absolutamente nada para combatirla.

Cuando habla de las fortunas inmensas hechas al abrigo del poder, el presidente de la República estaría pensando en su propia familia; en la de Vicente Fox y Marta Sahagún; en la familia Patrón Laviada. O sólo en la gran familia priista que incluye a los Echeverría, a los López Portillo, a los Salinas o a los Zedillo, sólo por mencionar algunas, pues la lista es tan grande que en este pequeño espacio no cabría la lista con todos los nombres involucrados.

Claudica Calderón ante EU

A los panistas y priistas les falta memoria. Han olvidado que el último gobierno federal priista, el de Ernesto Zedillo Ponce de León, quien entregó la silla presidencial a Vicente Fox, fue responsable de aquellas negociaciones bilaterales con el gobierno de Estados Unidos, para permitir en México la participación muy activa de las fuerzas policiales del vecino país en territorio nacional.

En la prensa dimos cuenta en aquel entonces de documentos confidenciales de los acuerdos asumidos en lo oscurito por Ernesto Zedillo con su homólogo estadounidense. Recuerdo bien que entre otras autorizaciones destacaban las “persecuciones en caliente”. Aviones estadounidenses (éstos sí tripulados por pilotos de ese país) tenían permiso de entrar al espacio aéreo mexicano en cualquier momento para perseguir a aeronaves que presuntamente transportaran drogas.

También los agentes de la DEA, CIA, FBI y del Tesoro podían en aquellos años portar armas en territorio nacional. Además, participaban en interrogatorios a testigos protegidos o simplemente a sospechosos de pertenecer a grupos del narcotráfico. Esto incluía proporcionarles casas de seguridad a los agentes estadounidenses, mismas que habían sido decomisadas a narcotraficantes.

También se autorizó en aquella época priista, que la lista de todos los pasajeros que se transportaban en vuelos comerciales, privados y oficiales, en territorio nacional y al extranjero, se enviaba automáticamente a las oficinas gubernamentales en Washington para un mayor control de posibles terroristas, narcotraficantes o simples delincuentes que pudieran atentar en contra de la seguridad nacional estadounidense.

Por si esto fuera poco, los policías de Estados Unidos adscritos a la embajada de ese país en México realizaban espionaje en las diversas vías de comunicación, como teléfono e Internet, por ejemplo.

De ese gobierno priista al actual panista de Felipe Calderón, vemos que no hay absolutamente diferencia alguna. Estados Unidos sigue invadiendo territorio nacional cada que se le antoja; investiga, interroga y espía a los mexicanos; marca la agenda de Calderón en contra del crimen organizado; critica y presiona cuando lo considera necesario; envía basura, como por ejemplo aeronaves en desuso, para que se utilicen en México para combatir al crimen organizado.

Por supuesto todo esto es violatorio de la Constitución. Han sido primero priistas y ahora panistas quienes desde hace muchos años se han hincado ante el poderío militar y político estadounidense. Sorprende ahora que sean los priistas quienes encabecen las acusaciones en contra de Felipe Calderón y su canciller Patricia Espinosa, por permitir lo que ellos inauguraron para que fuerzas policiales y militares de Estados Unidos ingresaran a territorio nacional como su “patio trasero” en donde pueden hacer lo que quieran.

En la comparecencia de la semana pasada ante el Senado de la República, la secretaria de Relaciones Exteriores confirmó cínicamente que su jefe Calderón tenía conocimiento del operativo “rápido y furioso” que permitió el envío de armas de Estados Unidos a grupos delincuenciales en México.

También aceptó que los sobrevuelos de aeronaves estadounidenses en territorio nacional “fueron solicitados por el gobierno mexicano” para combatir al narcotráfico.

Aceptar ante el Senado esta intervención de fuerzas extranjeras en territorio mexicano es sin duda una grave violación constitucional, pero al parecer al gobierno de Felipe Calderón le conviene quedar bien con Estados Unidos y no le importan las constantes protestas que critican ese intervencionismo.

Ahora se conoce el verdadero motivo de la visita de Calderón a la Casa Blanca: aceptar operativos encubiertos de agentes estadounidenses en México, como el denominado rápido y furioso.

Pero la verdadera presión del presidente de los Estados Unidos en dicho encuentro, fue para que Felipe Calderón autorice el acceso de las fuerzas militares de ese país a territorio nacional, en el momento que lo consideren necesario, pues consideran que el presidente mexicano ha perdido el control del país y eso pone muy nerviosos a los grupos ultraconservadores estadounidenses, sobre todo porque vienen procesos electorales, 2011 y 2012, que al gobierno de Obama le preocupan y en donde todo hace prever que el Partido Acción Nacional perderá la Presidencia de la República.