Lunes 23 de abril de 2007

Sólo unos cuantos meses al frente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) le bastaron al ex funcionario mexicano José Angel Gurría para dar a conocer lo que en México ya todos sabíamos: despilfarrador de recursos públicos, corrupción, nepotismo, abuso de poder y falto de transparencia en su gestión. Si alguien de la OCDE hubiera preguntado en México cómo fue la gestión de Gurría como titularidad de la Secretaría de Hacienda en la época en donde Ernesto Zedillo fue presidente de la República, ese organismo multilateral que lo nombró su secretario general se hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza.

Resulta que la revista británica The Economist informó la semana pasada que el secretario general de la OCDE, el mexicano José Ángel Gurría, había incurrido en dispendio de recursos del organismo, el cual por lo demás ha manejado de manera poco transparente, así como de prácticas de nepotismo al contratar a su hija para trabajar en el órgano que él preside, práctica que en gobiernos mexicanos es muy común a pesar de nuestra Ley Federal de Responsabilidades para los Servidores Públicos, pero que en países desarrollados es muy criticada y prohibida.

De inmediato el dirigente de la OCDE aceptó que sí lo había hecho y con cinismo respondió que estaba dentro del marco de normas que se aplican a funcionarios internacionales. La hija del ex secretario de Hacienda mexicano estuvo empleada en la Dirección de Educación de la OCDE y tras el aviso que recibió Gurría, y para “evitar controversias”, le pidió que renunciara. Esa fue la explicación del directivo de ese órgano integrado por países ricos y por México.

La crítica de la publicación inglesa fue más allá y afirma que el ex secretario de Hacienda mexicano mueve al organismo en “aguas peligrosas”, pues “los eventos internos de la organización sugieren una falta de reglas y prácticas modernas”, y cita como prueba una carta que envió la delegación canadiense el pasado 4 de abril en la que manifiesta su preocupación por la falta de una competencia transparente para llenar “ciertas vacantes”.

Sin mencionar fuentes, el texto también indica que figuras de alto rango, entre ellas “embajadores de la OCDE en países del norte de Europa”, están preocupadas por el rumbo de la organización con “una figura tan exuberante” en el timón del organismo que reúne a 30 de los países más industrializados, enfocados a promover mejores prácticas de gobierno.

Agrega que sólo la restauración del departamento de 480 metros cuadrados del alto directivo de la OCDE en el barrio 16 de París, que en principio tenía un costo de 600 mil euros (casi nueve millones de pesos), terminó en 733 mil euros (casi 11 millones de pesos), más 300 mil euros que fueron desviados a otros presupuestos.

Gurría se defiende y dice que esto es una venganza y un “ataque” a su figura y un “bosquejo de una mezcla de indirectas, chismes y verdades parciales”, pues en semanas anteriores acusó a Gran Bretaña de haber incumplido “las mejores prácticas” con respecto a la transparencia en una operación de venta de aviones a Arabia Saudita; pero lo cierto es que al ex secretario de Hacienda se le olvidó que la OCDE no es un organismo público mexicano y que allá no puede actuar con tanta impunidad como lo hizo en México cuando su partido, el PRI, ocupó la Presidencia de la República.

La publicación inglesa también menciona el disgusto de “algunos” por el salario del funcionario mexicano, que es de 183 mil euros (más de 2 millones 700 mil pesos), más una pensión de emigrante de 33 mil euros (cerca de medio millón de pesos) y una pensión familiar de 11 mil euros (más de 150 mil pesos) y una comisión por “representación” de 55 mil euros (más de 800 mil pesos), el cual fue aprobado el 29 de mayo de 2006.

Las perlas de Gurría en México

Pero ya que hablamos de Gurría, entre las muchas perlas que construyó en México cuando ocupó la secretaría de Hacienda, destaca sin duda aquella de los beneficios fiscales que otorgó a sus amigos, empresarios, políticos y, sobre todo, a la familia de su jefe el presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León.

En documentales oficiales de la Secretaría de Hacienda en poder de Oficio de papel, y según versiones de ex servidores públicos, en 1998 José Ángel Gurría otorgó un trato preferencial a los hermanos de su jefe el presidente Ernesto Zedillo, de nombres Rodolfo, Verónica Crystela y Luis Eduardo, así como a su empresa Grupo Intecon, para liquidar extemporáneamente impuestos que por ley debieron enterar al fisco entre 1991 y 1996.

En los primeros días del gobierno foxista, al que llamaban el zar anticorrupción Francisco Barrio prometió que realizaría una exhaustiva investigación del caso y que, de haber elementos, aplicaría la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos a todos aquellos, incluido el ex secretario Gurría, que hubieran participado en las supuestas anomalías. Pero obviamente esto nunca se cumplió a pesar de las pruebas que había de la corrupción del gobierno para encubrir evasiones fiscales de la familia presidencial.

Inmovilizado, el contralor Barrio pidió ayuda al secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, para investigar a la familia Zedillo Ponce de León, pero su petición fue rechazada y le negaron las pruebas de cómo su antecesor José Ángel Gurría benefició ilegalmente a la empresa de los hermanos de Zedillo.

En información publicada en esta columna en diciembre del 2000, se dio cuenta de la explicación que el arquitecto Rodolfo Zedillo, hermano de Ernesto y presidente del Grupo Intecon, hacía a Oficio de papel sobre los beneficios fiscales que recibieron por parte de José Angel Gurría cuando su hermano era el presidente de la República.

En aquella ocasión Rodolfo Zedillo decía que “no había recibido un trato preferencial de la Secretaría de Hacienda en la liquidación de sus adeudos fiscales”, sin embargo reconocía haber incurrido en retrasos de obligaciones tributarias “por causas externas a las propias empresas”. Y agregaba que los adeudos fiscales fueron liquidados con “cargos muy sustanciales en apego a la ley”. Es más, agregaba, “jamás he recibido un trato especial de autoridad alguna y que, por el contrario, las autoridades han sido especialmente cuidadosas con mi familia para que ésta cumpla con el pago de sus impuestos”.

Sin embargo, las pruebas en poder de este columnista que se guardan aún en viejos archivos señalan otra cosa: las cuatro empresas de la familia del ex presidente: Integración del Sistemas para la Construcción, Conductores Eléctricos de México, Promociones Electro Iris e Inmobiliaria y Constructora Gegaza, acumularon deudas y recargos por impuestos no pagados al gobierno federal hasta por 15 millones 275 mil 343 pesos, entre los años 1991 y 1996. Para resolver este problema antes que su pariente dejara la Presidencia de la República, el arquitecto Rodolfo Zedillo buscó un arreglo con las autoridades de Hacienda, por lo que en mayo de 1998 logró que mediante el pago de 8 millones 103 mil 779 pesos quedaran liquidados sus créditos fiscales, lo que le significó una disminución de más de 7 millones de pesos.

Según la tarjeta informativa que el ex subsecretario de Ingresos, Tomás Ruiz, le envió al secretario José Ángel Gurría, el SAT también les autorizó a las empresas de la familia Zedillo incorporarse a los convenios del Programa de Apoyo Fiscal, que les permitió pagar en una sola exhibición el saldo de los adeudos y los relevó de las obligaciones de presentar la garantía del interés fiscal y, por si eso fuera poco, los créditos que les otorgó Hacienda no fueron garantizados y al final les condonó las multas.

Cada uno de los créditos fiscales que las autoridades hacendarias les fincaron por las omisiones en que incurrieron los Zedillo al no pagar las contribuciones de sus cuatro empresas, se encontraba sin garantía alguna, lo que es contrario a las disposiciones fiscales, pues el espíritu de toda norma tributaria es en el fondo salvaguardar el interés fiscal, mismo que debe ser garantizado a plenitud en todos los créditos que las autoridades hacendarias determinen, situación que en el caso de las empresas de Rodolfo Zedillo no se cumplió por razones poco claras, lo que denota un trato preferencial del fisco federal a favor del hermano del ex presidente de la República.

Estas irregularidades de la familia Zedillo, en complicidad con el ex secretario José Ángel Gurría y otros funcionarios, dicen que fueron ajenas a Ernesto Zedillo Ponce de León cuando despachaba en Los Pinos y, al más puro estilo del ex presidente Vicente Fox dijo que nunca se enteró de que sus hermanitos evadían al fisco y cuando tuvo conocimiento de ello ordenó a su empleado Gurría que los obligara a pagar, pero en pequeñas facilidades y mediante la condonación de las multas, algo que todos los demás mexicanos nunca gozaron.

Banxico contra INEGI

La publicación del Indicador IMEF del Entorno Empresarial Mexicano, cuya propuesta y elaboración estuvo a cargo de un comité que preside Jonathan Heat, se convirtió en la manzana de la discordia entre el Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. El director general de Investigación Económica del Banco de México, Manuel Ramos Francia, llamó al presidente del INEGI, Gilberto Calvillo, para manifestarle su preocupación e inconformidad de que el indicador se publicara tal y como estaba.

Calvillo aseguró que el Banco de México –que fue invitado por el INEGI como observador al comité de este indicador– no estaba del todo de acuerdo con la metodología y que prefería esperar un indicador como el de Gerente de Compras que se publica en Estados Unidos.

Pero Calvillo decidió dejar a sus subalternos la discusión con el Banco de México y cuando viajaba rumbo al aeropuerto, pues ese día se trasladaba a Aguascalientes, apagó su celular para evitar que le llamaran del Banco de México.

Fue a Jaime De la Llata, director general de Contabilidad y Estadísticas del INEGI, a quien le tocó recibir y atender la llamada de Manuel Ramos Francia, quien buscó insistir en que no se publicara el indicador del IMEF tal y como estaba.

De la Llata le recordó a Ramos Francia que el indicador no era resultado de improvisaciones sino de muchos meses de trabajo y revisiones y que, en todo caso, era responsabilidad del INEGI y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que el Banco de México sólo era invitado al Comité.

Pero con malestar evidente, Ramos Francia amenazó a De la Llata con “romper todo tipo de relación entre INEGI y Banco de México” si insistían en la publicación del indicador. De la Llata recordó que la publicación del indicador no se podía posponer, aunque así lo solicitara el mismo gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, porque el Instituto de Estadística ya había publicado su calendario y tenía un compromiso de seriedad con su difusión de información.

En el INEGI se atribuyó el altercado a la animadversión que siente Guillermo Ortiz por el analista del banco HSBC, Jonathan Heat, a pesar de que el INEGI y el Banco de México mantienen más de 40 proyectos conjuntos de análisis.

Después del intercambio de palabras disgustos con Ramos Francia, De la Llata recibió una llamada del Banco de México disculpando al funcionario y solicitando que olvidara, por favor, la conversación.

Pero más allá de la animadversión que generó este episodio, el tema se extendería a la intención de Guillermo Ortiz de hacer valer su autoridad y ello podría impactar en las tomas de decisiones en el Instituto Central.