Lunes 24 de agosto 2009

Fue en diciembre pasado, el 12 para ser exacto, cuando Arturo González de Aragón inició formalmente su campaña para reelegirse al frente de la Auditoría Superior de la Federación. Quienes asistieron a esa reunión cuentan que el auditor, en ese momento, estaba convencido de sus grandes posibilidades de permanecer por un periodo más al frente del órgano de fiscalización. Sin embargo, los asistentes tenían en la mente varios de los escándalos que González de Aragón ha protagonizado y que lo alejan cada vez más de una posible reelección, para fortuna de todos los mexicanos.

En las revistas Fortuna y Contralínea, la reportera Erika Ramírez ha publicado con detalle los procesos de investigación y las conclusiones en torno al caso del conflicto de interés que, sin duda, ha marcado a González de Aragón. En la cartera de clientes del despacho de contadores públicos González de Aragón y Asociados –del que el auditor superior fue socio fundador por 16 años y que, a su llegada a la ASF, transfirió a sus hijos Gerardo, Javier y Arturo González de Aragón Rodríguez, junto con el contador Juan Rodríguez Flores–, la Presidencia de la República se convirtió en una de las entidades gubernamentales que durante todo el sexenio foxista solicitó de manera consistente los servicios de la firma familiar.

Casualmente, durante el periodo 2001-2003, el Auditor Superior de la Federación falló para encontrar las irregularidades que ocasionaron un daño al erario en la revisión de las cuentas de la Presidencia de la República, a pesar de que justo en ese periodo tendría que haber encontrado antes que nadie los casos del desvío de recursos a “Vamos México”, en donde Martita Sahagún era la mandamás; el despilfarro en la construcción de las cabañitas de Los Pinos, en donde estuvo involucrado directamente el entonces presidente Fox y su amigo el constructor; o por lo menos el involucramiento de los hermanitos Bribiesca Sahagún que se dedicaban a traficar influencias con empresarios privados para conseguirles contratos con el gobierno, siempre contando con la venia de los la Presidencia. Estos sólo por mencionar algunos, pues es muy sabido que la administración foxista inauguró nuevas formas de corrupción, porque para gobernar fueron muy torpes, pero para robar el presupuesto fueron sumamente talentosos.

Pero volvamos a los contratos obtenidos por el despacho de los González de Aragón, y entre sus clientes también se encuentran los gobiernos de los estados de Chiapas, Colima, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz, y secretarías de Estado y gobierno, organismos descentralizados, paraestatales y fideicomisos. Entre las entidades auditadas por esa firma de contadores están Petróleos Mexicanos, Suprema Corte de Justicia de la Nación , Secretaría de Turismo, Secretaría de Desarrollo Social, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Comisión Federal de Electricidad y Servicio Postal Mexicano, de acuerdo con la cartera de clientes entre los años 1985-2003.

La pregunta que todos nos hacemos es por qué gran parte de la administración pública federal y entidades estatales preferían al despacho citado, pues la única respuesta simple que encontramos es porque todos aquellos que contrataban a los hijos del auditor superior de la federación, extrañamente no tenían problemas con las revisiones permanentes que realizaba la Auditoría Superior de la Federación, órgano dependiente del Congreso. ¿Hay o no tráfico de influencia y abuso de poder del auditor? Pues por lo menos hay enriquecimiento.

La respuesta a esa interrogante la dio el abogado Jesús González Schmal –presidente de la Comisión Especial que investigó las irregularidades en negocios de los hijos de Marta Sahagún, durante la LIX Legislatura –, quien señaló en su momento que la Comisión de Vigilancia debía inhabilitar a González de Aragón en el cargo, pues quedó demostrado que sus “hijos utilizaron el nombre de su despacho para hacer negocios con entidades del sector público, al mismo tiempo que él auditó al mismo sector”. Es decir, el auditor era el juez y sus hijos la parte.

González Schmal consideró que si el auditor no tomaba la decisión de renunciar (paso que por su puesto nunca dio y que ahora con un enorme cinismo pretende aspirar a la reelección con el apoyo de los abogados del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que tripulan Jorge Carpizo y Diego Valadez), “lo menos que debería hacer la Comisión es inhabilitarlo por la incompatibilidad del cargo con sus actividades profesionales de carácter familiar”.

A finales de 2007, el hijo menor del auditor, Gerardo González de Aragón Rodríguez defendió a su padre, pues, dijo, “él dejó la dirección de la empresa una vez que asumió la titularidad de la ASF ”. Y confirmaba  que muchos de los ataques que recibía su padre era en función de que el despacho privado conseguía trabajo gracias a él. Pero lo defendía bajo el argumento de que la Secretaría de la Función Pública trabaja mediante un padrón de despachos que tienen que cumplir una serie de requisitos y, según él, todo se hace a través de licitación. Como si los ciudadanos no supiéramos que esa secretaría sólo ha servido de tapadera de corruptelas gubernamentales.

Además de la amonestación que recibió el Auditor Superior de la Federación por el Congreso, González de Aragón también se enfrentó a la acusación de que encubrió, de manera consistente, a los hijos de Marta Sahagún en operaciones vinculadas con el IPAB y la compañía Construcciones Prácticas (dentro de la revisión y fiscalización a la Cuenta Pública 2004), operaciones que la ASF determinó ‘sin observaciones’.

Luego de que los auditores de la Comisión Especial (que investigó el tráfico de influencias de los hijos de Marta Sahagún, Manuel y Jorge Bribiesca Sahún, y a sus socios Alberto Dunand Aramburu y Miguel Khoury Siman) estimaron el millonario daño patrimonial de Construcciones Prácticas en contra del IPAB, los legisladores denunciaron penalmente a González de Aragón por encubrimiento y omisiones.

González Schmal dijo entonces que en ese caso el auditor sirvió de esquirol a la familia Bribiesca Sahún, al legitimar el pago de Jorge Alberto Bribiesca Sahagún, en donde resultaron beneficiados los Bribiesca a través de la empresa Construcciones Prácticas.

Decisión tomada 

Así, con estos antecedentes, la nueva legislatura tiene la responsabilidad de decidir en noviembre próximo quien es el nuevo auditor o si reelige a Arturo González de Aragón. El cabildeo ya se inició y unos 200 interesados quieren ese puesto que representa la única alternativa real para combatir la corrupción en este país, este es el interés final de los paridos políticos y del mismo gobierno, pues tener a un auditor a modo, como ocurrió entre Fox y González de Aragón, significa anular el trabajo de la auditoría.

González de Aragón sabe que su pasado lo persigue y por ello en abril pasado declaró que para evitar suspicacias en torno a su gestión, la ASF se sometería a una auditoría sobre las recuperaciones obtenidas durante su gestión, la cual estaría a cargo de un despacho externo independiente que emitiría un dictamen sobre el particular, mismo que en su momento se haría público.

La pregunta era qué despacho podría declararse totalmente independiente de los negocios con el gobierno federal, de las empresas contratistas o de los contribuyentes sujetos a la rendición de cuentas de la ASF. Muy pocos. Por supuesto que, de entrada, se descarta que el despacho de sus hijos pudiera aspirar a este contrato, aunque ya vimos que en México todo es posible. En tono de broma algunos legisladores sugirieron, ante la propuesta de González de Aragón, volver a los orígenes de la desconfianza en plena crisis del Fobaproa, cuando se contrató al auditor estadounidense Michael Mackey, para confirmar que los recursos del rescate se estaban desviando a manos privadas. La ASF ha dicho que, en su momento, hará público el resultado de dichas auditorías. Hasta ahora todos esperamos.

Rechazo a González de Aragón

Sabemos que en el Poder Legislativo ya se tomó una decisión: González de Aragón no será reelecto, lo que abre la puerta para una verdadera batalla. En los círculos políticos y legislativos se asegura que al menos se tiene una lista de 200 contadores y “expertos” en auditoría que han declarado su interés, con el apoyo de los partidos políticos, para buscar una candidatura a esta relevante posición.

Sin embargo, antes de ocuparse de quién será el hombre que asuma la titularidad de la ASF, los legisladores deberían observar las deficiencias estructurales a la que se enfrenta la rendición de cuentas en el país.

Para empezar, la ASF debería tener la potestad de determinar el catálogo de cuentas de la administración pública, porque es  un hecho que “aquél que hace la ley, hace la trampa”. Hasta ahora, la dependencia encargada de elaborar este catálogo de cuentas ha sido la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y esa misma entidad ha sido la responsable de distribuir los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación. Es claro, entonces, el conflicto de interés.

La ASF necesita convertirse, por lo tanto, en el organismo rector del gasto y dar los lineamientos de cómo deben ejecutarse los recursos públicos. El gobierno federal además debe fortalecer la regulación de la administración porque es en este campo en el que se pierden miles de millones de pesos.

Sin embargo, para expertos en fiscalización, con sus claroscuros la gestión de González de Aragón sirvió de algo porque abrió la caja de Pandora, si bien no cumplió eficazmente con su responsabilidad de exhibir las corruptelas y componendas del poder en su justa dimensión, si logró, al menos, colocar en el aparador las puertas de entrada para la rendición de cuentas.

Un exfuncionario público que participó activamente en el diseño de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación – hoy Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas – asegura que a González de Aragón sólo le tocó limpiar el cristal de la caja que guarda el gasto público, el problema es que ahora que se ve el interior el desastre es evidente y quedarse cruzado de brazos, como lo hizo González de Aragón, no sólo resulta ilegal sino inmoral.

El auditor asegura que trato de apegarse a los mínimos de la Ley y pensó que con ello se encontraba a salvo. Hoy, sin embargo, para permanecer en el cargo es evidente que el suditor tendría que haber ido mucho más allá.

Claro que en México aspiraríamos a que al estilo del legendario fiscal italiano, Antonio Di Pietro, que en la década de los noventa encabezó el proceso Manos Limpias (Mani Pulite), González de Aragón hubiera llevado hasta sus últimas consecuencias la persecución de la corrupción y el dispendio criminal de los recursos  públicos. Hoy, es más, Pietro desde el Congreso desafía al primer ministro Silvio Berlusconi, al acusarlo de corruptible. Y va más allá, le ha dicho que dimitir en su caso no sería suficiente porque tendría que ser sometido a juicio para que rindiera cuentas de su actuación.

Si somos congruentes con esta tendencia, diríamos entonces que el responsable de la ASF tendría que pedirle cuentas al titular de la Secretaría de Hacienda y al mismo presidente de la República en estos momentos de crisis, de mala administración y de corrupción galopante.