Martes 19 de Abril de 2005

Por fin cayó en las redes de la justicia un pez de ultraderecha acusado de corrupción, sólo que éste no fue capturado por los órganos de control y vigilancia del “gobierno del cambio”, como era de esperarse, sino que tuvo que intervenir la Auditoría Superior de la Federación para investigar y acusar del desvío de fondos públicos a Jorge Serrano Limón, falso líder a quien se le acabó el prominente negocio de Pro-Vida y que, tan sólo en el ejercicio fiscal de 2003, le causó un daño patrimonial de 30 millones 52 mil 500 pesos al erario público, según revelaciones de auditorías oficiales.

La respuesta del gobierno foxista fue a través de un comunicado de prensa de la Secretaría de la Función Pública, la cual inhabilitó por 15 años a este representante de la ultraderecha mexicana, beneficiado con donativos públicos extraídos principalmente de las secretarías de Salud y de Desarrollo Social, así como del polémico Fideicomiso Transforma México que manipulaba Marta Sahagún de Fox.

El procedimiento administrativo en contra de Serrano Limón y de cinco funcionarios de la Secretaría de Salud demostró que el principal opositor del aborto en México malversó fondos públicos por más de 33 millones de pesos, otorgados supuestamente para fines filantrópicos y desviados para provecho personal. Por esto, ayer mismo Función Pública dio parte de las irregularidades a la Procuraduría General de la República, para que se le finquen responsabilidades penales a este hombre que utilizó la religión para mentir a muchos creyentes mexicanos y, sobre todo, para lucrar con el fantasma del aborto.

La dependencia también sancionó económicamente a este presidente del Comité Nacional Pro-Vida, A.C., con 13 millones 237 mil 377 pesos, cifra equivalente al 44 por ciento del daño patrimonial que comprobó la Auditoría Superior de la Federación, y que dio a conocer en el Informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2003.

Para la Secretaría de la Función Pública, que sólo intervino hasta después de descubierto este escandaloso caso de corrupción, quedó acreditada la responsabilidad de Serrano Limón al participar directamente en la solicitud, trámite, manejo y uso de recursos públicos federales para fines distintos de aquellos que justificaron su otorgamiento, “en virtud de haber presentado documentación apócrifa, facturas de temporalidad anterior a la entrega de los recursos, así como por gastos ajenos al programa de Centros de Ayuda para la Mujer”.

Funcionarios de Salud Involucrados

De los cinco funcionarios de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, dependiente de la Secretaría de Salud que preside Julio Frenk, que eran investigados por este caso, sólo tres fueron destituidos e inhabilitados: José Vallejo Filoteo, subdirector de Acciones de Filantropía, por tres años; Carlos López Bosch Larenas, director de Vinculación Social y Acciones de Filantropía, por cinco años, y el jefe del Departamento de Apoyo a Instituciones y Personas Físicas, un año.

Como parte de estas disposiciones, Función Pública ordenó girar oficio a los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal “para hacer de su conocimiento el incumplimiento en que incurrió el presidente de Pro-Vida, respecto de la comprobación de los recursos que fueron confiados a dicha asociación civil”.

Según esa secretaría, ésta es la primera vez que se aplica la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos a personas que no son servidores públicos. No obstante, la dependencia omite dar razón sobre la responsabilidad que pudo tener en este desvío de recursos Luis Pazos, actual director general de Banobras.

Como se recordará, días después de que Serrano Limón solicitó la ayuda para crear 10 Centros de Apoyo para la Mujer, en diciembre de 2002, el entonces diputado panista Luis Pazos, también de ultraderecha, etiquetó en el Presupuesto de Egresos de la Federación los recursos federales de la Secretaría de Salud que fueron entregados a Pro-Vida sin autorización y extemporáneamente.

Irregularidades descubiertas por la ASF

Al concluir la investigación en contra de dicha asociación civil, la Auditoría Superior de la Federación determinó iniciar una denuncia “contra quien resulte responsable por actos u omisiones presumiblemente constitutivos de delito, que causaron un probable daño al patrimonio o a los intereses de la dependencia o a la Hacienda Pública Federal, derivado de las irregularidades en la comprobación del ejercicio de los recursos que le otorgaron al Comité Nacional Próvida, A.C., por 33 millones 722 mil 600 pesos, el Fideicomiso Público de Lotería Nacional para la Asistencia Pública, Transforma México, la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública y la Secretaría de Desarrollo Social a través de su Delegación Estatal en Chihuahua”.

El monto imputable al daño patrimonial es el mismo que recibió la fundación hace dos años bajo el concepto de donativos públicos. Para la ASF esta asociación “ejerció indebidamente los recursos públicos federales que le fueron otorgados en el ejercicio 2003, dado que no se ajustó a los rubros y montos estipulados en el convenio de colaboración que celebró con la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, y que en la comprobación que presentó a dicha entidad (copia simple), se determinaron diversas irregularidades por 27 millones 409 mil 500 pesos”.

En cuanto a los recursos federales que le fueron otorgados por el Fideicomiso Público de la Lotería Nacional, denominado Transforma México, la Auditoría Superior de la Federación señala que, aunque fueron utilizados para la compra de equipos de ultrasonido, “se determinó un sobreprecio total de 2 millones 551 mil pesos en estas adquisiciones, que equivale al 72 por ciento del total de la comprobación presentada al citado fideicomiso”.

Además, el órgano superior de fiscalización indica que Pro-Vida incurrió en una doble facturación para justificar la administración de los recursos públicos. “Se constató que el Comité Nacional Pro-Vida comprobó a la Sedesol (Delegación Estatal de Chihuahua) parte de los recursos públicos federales que le otorgó, con una factura que ampara la compra de una incubadora, la cual presentó a su vez a la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública como parte de su comprobación”.

Sedesol También Involucrada en Donativos

Por esta irregularidad la ASF solicitó a la Sedesol “instruya a quien corresponda para que presente a la Auditoría la documentación que aclare, dentro de los recursos públicos federales por 150 mil pesos otorgados por la Delegación Estatal en Chihuahua al Comité Nacional Provida, A.C., el importe de 92 mil pesos que ampara la compra de una incubadora Dragger, modelo 8000IC, serie ARLL0079, que corresponde al bien que adquirió el Comité Nacional Provida A.C. con dichos recursos, y cuya factura número 592, del 27 de agosto de 2003, fue entregada por el comité para comprobar, tanto a la Secretaría de Desarrollo Social como a la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, los recursos otorgados”.

La investigación de la ASF también comprobó que las personas físicas y morales que vendieron o prestaron servicios a Pro-Vida están relacionadas con esta asociación. La empresa Importaciones Girón, S.A. de C.V. tiene como accionistas a Jorge Joaquín Serrano Limón y Marcela Soriano Girón, quienes a su vez son el representante legal y la directora de Proyectos Sociales de dicha asociación, respectivamente.

Marcela Soriano también es accionista de Imporvar, S.A. de C.V., empresa que vendió equipo de ultrasonido a Pro-Vida. Otro ejemplo es la empresa Estraimagen Ojeda, S.A. de C.V., cuyos accionistas son Jorge Joaquín Serrano Limón y Mario Alejandro García Teniente. Este último se encuentra vinculado con diversas empresas que prestan servicios a la asociación civil.

Del daño patrimonial cometido, la ASF considera que es probable recuperar 30 millones 52 mil 500 pesos, “cifra que corresponde al importe de las irregularidades determinadas en la comprobación presentada por el Comité Nacional Pro-Vida, A.C., a la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública (27 millones 409 mil 500 pesos), al sobreprecio en la compra de equipo de ultrasonido que entregó el Fideicomiso Público ‘Transforma México’como comprobación de la aplicación de los recursos (2 millones 551 mil pesos), y lo relativo a la compra de una incubadora por 92 mil pesos que presentó a Sedesol como comprobación de los recursos y que a su vez presentó a la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública”.

Lo único que falta es ver a este personaje siniestro tras las rejas por el delito de corrupción o la mano benefactora de alguno de sus promotores ubicados en el sector empresarial de la ultraderecha o del conocido grupo gubernamental del Yunque.