Martes 28 de junio de 2005

Gobierno federal, banqueros e IPAB están felices por el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cierra definitivamente el capítulo del rescate bancario y hereda una deuda a todos los mexicanos por 750 mil millones de pesos. Para la Secretaría de Hacienda y la banca, el Fobaproa-IPAB se había convertido en un asunto incómodo de fin de sexenio, por lo que ahora se cierra por la vía rápida para evitar que a un nuevo gobierno de oposición se le ocurra reabrirlo y obligar a los bancos (Banamex, BBVA, Bancomer, Banorte y Bital) a pagar lo que deben por los créditos relacionados e irregulares que se otorgaron.

Por ello, la Junta de Gobierno del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), controlada por la Secretaría de Hacienda, aceleró el proceso para el intercambio de los pagarés del Fobaproa por deuda pública, con lo que pretende cerrar este capítulo y ocultar las responsabilidades de funcionarios y banqueros que aprobaron operaciones irregulares.

El monto y la sustitución de los pagarés del Fobaproa con un valor bruto por hasta 220 mil millones de pesos se presentó después de que la Suprema Corte de Justicia decidió sobre la legalidad de las recomendaciones hechas por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) y que el IPAB nunca dio respuesta a las solicitudes de la Comisión de Seguimiento, instalada en la Cámara de Senadores, para revisar los procedimientos contables que se aplicaron en las llamadas auditorias de Gestión, Existencia y Legalidad (GEL).

Tampoco fue atendida por el IPAB la más reciente solicitud realizada por la Cámara de Senadores, a través de la Comisión para Investigar el Funcionamiento del IPAB, para que Mario Beauregard, vocal ejecutivo, acudiera a explicar el resultado de estas auditorias y las implicaciones para el costo fiscal. “Por razones de agenda”, Beauregard canceló la comparecencia a la que debía acudir en la Cámara de Senadores para postergarla al 28 de agosto, una vez consumado por la Corte su complicidad con el gobierno federal.

Legisladores que participan en la Comisión para Investigar el Funcionamiento del IPAB, han asegurado que este organismo y la Secretaria de Hacienda sólo buscan ganar ganando tiempo para cerrar el intercambio de pagarés sin que el Senado esté al tanto.

Los tiempos son claros

Hace unos días Beauregard presentó a la Junta de Gobierno que preside Francisco Gil Díaz el resultado de las revisiones (GEL) a la cartera de Banamex, Bancomer, Bital y Banorte, encargadas a los despachos Hernández, Marrón y Cía.; Gossler y De la Paz, Costemalle-DFK, en donde dichas instituciones bancarias sólo reconocieron créditos relacionados e irregulares por sólo un monto total de 11 mil 526 millones de pesos, por lo que la deuda del Programa de Capitalización y Compra de Cartera se reduce en este año a mil 257 millones, pues los banqueros pagaron anteriormente 9 mil 477 millones de pesos que no fueron aprobados por el Comité Técnico del IPAB.

El senador panista Luis Alberto Rico Samaniego, integrante de la Comisión para Investigar el Funcionamiento del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), ha explicado que “la actitud injerencista del secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, en las decisiones del IPAB, perjudica la imagen del gobierno, pues se trata de su secretaría más importante y también daña al PAN en términos políticos”.

El legislador sostiene que la comisión que preside Fauzzi Hamdam enfrenta sospechosos obstáculos para actuar con mayor rapidez, y se queja de que “dicha comisión parece que está operando con pedidos a la carta” que no permiten tomar resoluciones importantes sobre los grandes asuntos del IPAB, como es el caso de las compras irregulares de cartera y los programas irregulares de capitalización.

El senador Fauzzi Handam ha asegurado que no enfrenta ningún conflicto de interés al presidir la Comisión para Investigar el Funcionamiento del IPAB y aparecer como abogado de Banamex, pues según él sólo representa a ese banco en “otros asuntos”.

Consultado sobre la posición de esta comisión ante la decisión del IPAB de acelerar el canje de bonos del Fobaproa por deuda garantizada del IPAB, el senador Alejandro Gutiérrez, secretario de la misma, confirmó la dinámica de operación relatada por el senador Luis Alberto Rico, pues informó que acaba de proponer “una nueva línea de investigación” sobre la venta de activos a partes relacionadas, por lo que solicitará la información correspondiente al IPAB.

Gutiérrez presume que los bancos pudieron haber adquirido activos que previamente fueron vendidos al IPAB, y agregó sobre el intercambio de pagarés que independientemente del intercambio y del descuento de los pagarés, la comisión tiene que hacer una revisión integral de los resultados y de las auditorias de Mackey.

Revisiones Falaces

Las auditorias GEL son resultado de un acuerdo alcanzado entre Banamex, Bancomer, Bital y Banorte con el IPAB, a través del cual se delineó una “estrategia integral” para desarrollar un nuevo programa para canjear los bonos Fobaproa y reinterpretar el Quinto Artículo Transitorio de la Ley del IPAB.

Sin embargo, antes de llegar a un acuerdo, la banca presionó al IPAB y al Congreso por todas las vías judiciales, pues el 11 de septiembre del 2003 el juez noveno resolvió conceder el amparo a los bancos para impedir nuevas auditorias, al asegurar que el artículo Quinto Transitorio no establece más auditorias que las ordenadas por la Cámara de Diputadas a Michael Mackey.

A pesar de que este artículo establece que sólo se procedería al intercambio de pagarés en la medida en que las operaciones y programas de compra de cartera así como la administración del fideicomiso sean auditadas para reducir el costo fiscal del rescate bancario, el IPAB y la banca pretenden sustentar con las auditorias GEL el mandato original del Quinto Artículo Transitorio de la Ley del IPAB, de acuerdo con Adalberto Palma, ex vocal independiente de la Junta de Gobierno del instituto.

Para justificar este nuevo programa para el intercambio de los bonos Fobaproa, la Secretaría de Hacienda argumentó que el costo del rescate en el caso de estos cuatro bancos pasaría de 220 mil millones de pesos a 107 mil millones pesos.

Sin embargo, Palma advierte que el argumento de una reducción en el pago que se hará de manera irregular a estos bancos, “es una gran falacia” que conviene a los intereses de los involucrados en la autorización de compra de cartera de créditos relacionados –que beneficiaron a los accionistas de la banca- en los programas de capitalización a bancos que no calificaban, de acuerdo con las reglas del Fobaproa, así como en la autorización de compras de intereses moratorios.

Además, el pago de los intereses realizados por el IPAB a estos bancos desde 1998, se realizó sobre un monto total de 220 mil millones de pesos. Entonces, se pregunta Palma, “¿Quién esta ganando en este acuerdo?”

Mario Di Constanzo, asesor de la Comisión para la Investigación del IPAB en la Cámara de Senadores, informó que aunque legisladores como Fauzzi Handam han dudado de la efectividad de las auditorias GEL, no se ha actuado en consecuencia.

Nuevas Operaciones

Para hacer frente a las fluctuaciones en tasas de interés y acelerar el pago de los bonos Fobaproa, resultado de operaciones de saneamiento, Banamex y Banorte realizaron emisiones de certificados bursátiles a partir de la bursatilización de las garantías de pago de los bonos del Fobaproa. Así, se adelanta la amortización de los pagarés gracias a la emisión de deuda colocada entre el público inversionista que ahora depende que el IPAB pague en tiempo y forma estas obligaciones.

La deuda del Fobaproa bursatilizada por Banamex y Banorte y que proviene de los saneamientos de Confía y Bancrecer ofrece un rendimiento superior al de los CETES y ahora recibió las más alta calificación por parte de Standard & Poor´s y de la agencia Fitch Ratings. Sin embargo, los dos bancos decidieron sacar de sus balances estos bonos.

Banamex pidió al despacho White & Case, en donde es socio Vicente Corta, ex director del IPAB, un documento que respalda la legalidad de la emisión. Alberto Sepúlveda Cosío, otro de los socios de la firma, señala en el documento: “la emisión y colocación de los valores cumple con las leyes y demás disposiciones legales aplicables. Asimismo, manifiesta que no tiene conocimiento de información jurídica relevante que haya sido omitida y falseada”.

Banamex inició la bursatilización de pagarés del Fobaproa con pagarés cuyo origen son la operación de prepago que hizo el IPAB de los pagarés de Fobaproa que Citibank tenía por la compra de Confía y que molestó al banco estadounidense, por lo que el IPAB contrató un financiamiento con montos equivalentes para que Citibank no perdiera el negocio.

Para ponerse a salvo de cualquier controversia, las agencias calificadoras que analizaron la operación establecieron que, de acuerdo con el artículo 45 de la Ley del IPAB, será el Congreso de la Unión el que dictará las medidas que juzgue convenientes para el pago de las obligaciones garantizadas y los financiamientos.

En diciembre pasado, Banorte realizó una bursatilización de los pagarés Fobaproa por 48 mil millones de pesos. Un mes después, Banamex lanzó al mercado un programa de certificados bursátiles por un total de 28 mil 959.9 millones de pesos, siendo JP Morgan el agente colocador a través de su división fiduciaria y teniendo como garantía los derechos derivados de un contrato de adquisición de pagarés IPAB y con vencimiento al 20 de noviembre de 2010. La emisión de Certificados paga a los inversionistas rendimientos mensuales de TIIE a 28 días.

Mientras tanto, para reducir el costo de sus pasivos y garantizar el pago de los pagarés a los principales bancos del sistema de pagos nacional, el IPAB se mantiene como el principal cliente de la banca privada y de desarrollo después de que en mayo pasado contrató tres nuevos créditos por 17 mil millones de pesos con Nafin, Scotiabank y HSBC.

Así, mientras la banca busca recuperar el terreno perdido en créditos al sector productivo, el IPAB logró estos tres financiamientos con los que refinanciará sus pasivos de corto plazo y disminuirá las tasas de interés que venia pagando.

El IPAB aclaró que estos 17 mil millones de pesos no se utilizarán para financiar el intercambio de pagarés del Fobaproa por deuda garantizada del IPAB, sino que empleará estos tres créditos para cubrir de manera anticipada otros pasivos derivados de otros esquemas de saneamiento de bancos. Sin embargo, este refinanciamiento le permitirá utilizar sus recursos disponibles en la amortización de pagarés a partir de septiembre. Además, también benefició con créditos a uno de los bancos que recibirán pagarés del IPAB por deuda del Fobaproa, pues además de reestructurar un financiamiento con el HSBC, antes Bital, por 24 mil 058 millones de pesos, contrató un nuevo crédito por 5 mil millones de pesos.

En fin, el fraude a la nación ha sido consumado por los banqueros con apoyo del gobierno federal.