Miercoles 25 de Mayo de 2005

Los principales indicadores con que el gobierno de Vicente Fox mide la pobreza que hay en el país son los resultados que arroja la Encuesta Ingreso-Gasto que realiza el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), por lo que la Secretaría de Desarrollo Social solicitó oficialmente a ese instituto que adelante el levantamiento de dicha información correspondiente al periodo 2004-2006, algo inusual, a fin de evaluar los programas contra la marginación aplicados durante la gestión del gobierno federal panista antes de que concluya su administración.

Los resultados de esa Encuesta Ingreso.-Gasto pretenden ser utilizados por el gobierno de derecha de Vicente Fox, con miras al proceso electoral del 2006, y fortalecer con ello a su criticado y desgastado precandidato presidencial Santiago Creel Miranda, quien no levanta ni en las encuestas internas de su propio partido.

En un oficio enviado por la Sedesol al INEGI se confirma que esa dependencia pretende evaluar los resultados de los programas asistenciales aplicados por el gobierno foxista un año antes de lo que tradicionalmente se realiza con fecha al 15 de junio del 2006, apenas unas semanas antes de los comicios en los que se renovará el Poder Ejecutivo.

Así, la junta de gobierno del INEGI, que preside el siempre polémico Francisco Gil Díaz, analiza la propuesta y evalúa si se contaría con los recursos para adelantar dicha encuesta. De aprobarse, pues se analiza la crítica que esto podría levantar en la oposición, la capacitación se iniciaría a marchas forzadas en las próximas semanas; el levantamiento se realizaría entre agosto y noviembre de esta año; la captura de diciembre a febrero del 2006, y el procesamiento tendría lugar entre marzo y mayo del próximo año, es decir, en plena campaña presidencial, por lo que se pretende explotar el gasto presupuestal en el combate a la pobreza como un efecto positivo para el candidato del PAN, pero a estas alturas será muy difícil que la administración foxista pueda engañar a los mexicanos, pues el presidente se la ha pasado mintiéndonos con que cada día hay menos pobres en el país.

De esta forma, el INEGI estaría en posibilidad de dar a conocer la última Encuesta Ingreso-Gasto del gobierno foxista el 15 de junio del 2006, luego de que la administración panista haya dado a conocer que durante estos cuatro años la pobreza extrema ha disminuido en 16 por ciento, mientras que la pobreza alimentaria ha pasado de 42.4 a 34.8 por ciento.

A unos días de que se dé a conocer la Encuesta Ingreso Gasto del INEGI, correspondiente al periodo 2002-2004, analistas del Colegio de México y del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) consideran que los resultados de las estadísticas podrían arrojar que los niveles de pobreza disminuyen como resultado de los programas asistencialistas, del efecto de las remesas de los migrantes y por las políticas públicas dirigidas a ofrecer servicios de salud y vivienda para las clases marginadas.

Sin embargo, en el plano real Marcos Chávez, investigador del Colegio de México, sostiene que más del 70 por ciento de la población sigue padeciendo la pobreza que aqueja a la economía y que se manifiesta en la falta de empleos formales y en bajos salarios.

Para investigadores del CIDE la evolución de la pobreza ha seguido fielmente el ciclo económico a la baja del país, de manera independiente al criterio utilizado para definir a la población como pobre.

Siempre controvertida por sus resultados desde que la administración foxista la utiliza para destacar los logros en materia de combate a la pobreza, la Encuesta Ingreso-Gasto del INEGI, que se realiza cada dos años, se dará a conocer el próximo 10 de junio, según lo anunció Gilberto Calvillo, presidente del instituto ante representantes de todo el país de los Comités Técnicos Consultivos de Estadística.

Construyen Mercado por Plaza Escultórica

A su paso por la delegación Gustavo A. Madero (GAM), el actual secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Joel Ortega Cuevas, dejó varias cuentas pendientes. Se trata de una serie de obras que a la fecha no han sido concluidas ni tampoco fiscalizadas por la Contraloría del Distrito Federal, dependencia que se encarga más por encubrir irregularidades que investigar y sancionar a los responsables de corruptelas de funcionarios capitalinos.

Una de esas obras inconclusas es la llamada Ferroplaza, que se empezó a construir en terrenos de Ferrocarriles Nacionales de México y cuya obra quedó inconclusa a pesar de ser considerada por Joel Ortega como “la más importante de su gestión”, con la que se presume incurrió en daño patrimonial a Ferronales.

De acuerdo con una amplia investigación de la reportera Ana Lilia Pérez, dicha obra inconclusa fue clausurada y abandonada antes de concluirse, pero ese capricho del actual secretario de Seguridad Pública costó al erario público 50 millones de pesos.

Joel Ortega aprovechó el pantanoso proceso de liquidación de la paraestatal para gestionar la obra y, supuestamente, confundió lo que era una Plaza Escultórica –como puntualmente señala el contrato de comodato inicial- con un mercado, que fue lo que intentó construir y con ello incurrió en varios delitos como daño patrimonial y malversación de recursos públicos.

Una Historia de Corrupción

Esta historia de corrupción y malos manejos en la delegación Gustavo A. Madero inició en septiembre de 1995, cuando la Dirección de Ferronales y el Departamento del Distrito Federal (DDF) firmaron un contrato de comodato para que en el inmueble conocido como Patio de Estación “La Villa” (de 17 mil metros cuadrados) se construyera una Plaza Escultórica y un Museo del Ferrocarril, que en su conjunto se denominaría “Ferroplaza”.

Para octubre de 1989, Manuel Camacho Solís solicitó a Carlos Orozco Sosa, director general de Ferronales, que la delegación pudiera hacer uso de la estación ferroviaria y de los terrenos aledaños para incluirlos en el plan de reordenamiento urbano del área colindante a la Basílica de Guadalupe.

En respuesta, Ferronales ordenó que operara como museo. Ante ello, un grupo de ferrocarrileros propusieron que se hiciera algo semejante al Museo Ferrocarrilero de Puebla y el acuerdo no se ejecutó legalmente, sino seis años después.

El convenio establecía que la Estación “La Villa”, ya entonces en desuso, se destinara para uso estrictamente “educativo y cultural”, según el contrato No. 6-SB-7-105, integrado en el expediente 023-SB-7-24063 de la Subdirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de Ferronales.

El documento indica que cualquier uso distinto al acordado sería causa de rescisión del contrato, y que además las obras debían efectuarse en un plazo no mayor a un año. Su dilación se consideró como causa de anulación del contrato.

Mediante acta administrativa, el entonces director de Ferronales, Luis de Pablo Serna, hizo entrega del inmueble a Oscar Espinosa Villarreal, pero luego de un año el contrato de comodato quedó sin efecto porque la delegación no hizo las obras. Así, el inmueble pasó otra vez a manos de Ferronales.

Sin considerar los antecedentes y la prohibición expresa del convenio, el 26 de enero de 2001, a través del oficio SF/079/01, la Secretaría de Finanzas capitalina autorizó recursos no determinados para la construcción de la Ferroplaza, con afectación a la partida presupuestal 5100066100-04.

Entre los irregulares manejos de Joel Ortega está el otorgar el contrato a una constructora de “portafolios”, que a partir de los problemas generados desapareció del domicilio físico que utilizaba en Ciudad Satélite, municipio de Naucalpan, en el Estado de México.

En octubre de ese año, a través de Licitación Pública No. 30001127-056-01, la delegación Gustavo A Madero, encabezada por Joel Ortega, otorgó el contrato No. DGAM/DGSU/LP/OP/POA2001/055 del inmueble a Favel Constructora S. A. de C. V., con un presupuesto de 21 millones 122 mil 757 pesos, a ejecutarse en tres meses. El monto se cubriría en dos ejercicios fiscales de la delegación: 7 millones 945 mil pesos para el ejercicio 2001, y 13 millones 177 mil pesos en el 2002.

El proyecto de Favel hablaba de “un conjunto modular de espacios abiertos que interactúan entre sí, para ofrecer al público consumidor una unidad comercial con locales convenientemente adaptados según el giro y dividido por zonas”.

A unas semanas de que iniciara la obra, la estructura, y sobre todo el giro que el delegado dio al inmueble, despertó la inquietud de los vecinos de la zona, quioenes sabían que Ferronales lo había dispuesto para construir un museo del ferrocarril.

También sabían que la Confederación de Ferrocarrileros de la República Mexicana dio cuenta de las irregularidades cometidas por Joel Ortega al entonces diputado federal Emilio Goicochea, hoy secretario particular del presidente Vicente Fox. En distintos oficios girados en septiembre de 2002, entre el entonces diputado panista y Joel Ortega se confirmó que la delegación no contaba con la titularidad de los predios donde se efectuaba la magna obra, pero para callar los reclamos de los ferrocarrileros inconformes y eliminar los obstáculos que le impidieran concluir la obra, Joel Ortega se reunió con ellos para convencerlos de los beneficios.

Cuantioso Daño patrimonial

Mediante el oficio N.401-22-D1086, del 23 de julio de 2002, el director de Licencias, Inspecciones y Registros del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Dionisio Zabaleta López, hizo observaciones al delegado sobre el irregular mercado que construía en los inmuebles de Ferronales, entre ellas:

“La estación de ferrocarril, construida en los primero años del siglo XX, guarda buena parte de la memoria histórica del desarrollo de los ferrocarriles en nuestro país y del ambiente urbano en el perímetro de La Villa”. Además, las bardas de la Ferroplaza colindan con una capilla que forma parte de las construcciones del conjunto de la Basílica de Guadalupe.

En distintas ocasiones Ferronales hizo del conocimiento del delegado Joel Ortega que la obra, además de irregular, constituía un daño patrimonial al organismo federal. El oficio No. SGCAG-DAG-0118/02, del 31 de octubre de 2002, dirigido a Joel Ortega por el titular del área de Ferronales, Pablo Rivera Albarrán, indica: “Me refiero al inmueble Patio de la ex Estación La Villa, ya que es de nuestro conocimiento que esa Delegación, sin mediar autorización de nuestra parte, está llevando a cabo obras en prejuicio del patrimonio de este Organismo”, y pide que se suspendan de manera inmediata, y poner el inmueble a disposición de Ferronales.

Pero el delegado no acató la orden e ilegalmente siguió con la obra. Para septiembre de 2003, Andrés Chavarín González, entonces subdirector general de Ferronales, envió un nuevo oficio al delegado, en el que le indicaba la urgencia de regularizar la situación de los inmuebles propiedad de Ferronales, que ya estaban en el inventario del proceso de liquidación.

La obra fue clausurada por Felipe Calderón Hinojosa, director de Banobras para que Ferronales renegociara sobre el inmueble que, para finales de 2003, según informó Ortega Cuevas a Banobras, la construcción del Mercado Ferroplaza tendría un avance del 95 por ciento.

A pesar de los inconvenientes, nuevamente el gobierno capitalino sigue en negociación con Ferronales para alcanzar un acuerdo, pero por falta de espacio esta historia continuará mañana…