Queja presentada ante CNDH el 12/09/08

México, D.F. a 12 de septiembre de 2008.

Dr. José Luis Soberanes Fernández Presidente Comisión Nacional de Derechos Humanos

 

Derivado de nuestro ejercicio profesional como periodistas, desde hace varios meses hemos sido objeto de violaciones a nuestras garantías individuales y derechos humanos: acoso, amenazas, persecución y represión por parte de funcionarios del gobierno federal y contratistas de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex). Nuestro trabajo profesional nos ha llevado a investigar y publicar actos ilícitos e irregularidades administrativas en los que han incurrido servidores públicos y empresarios que citamos en este escrito de denuncia. Amparados en los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hemos desarrollado nuestro ejercicio profesional como periodistas siempre apegados al compromiso de la veracidad, imparcialidad y honestidad. Apelamos a la protección que nos confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las convenciones y tratados internacionales tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Resolución 1738 del Consejo de Seguridad de la ONU para la Protección Internacional del Periodismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención de Ginebra y la Carta de Derechos Humanos de la ONU. Además el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión.

 

Con base en todos estos derechos universales, tratados, leyes, declaraciones, convenciones, resoluciones y pactos, en su mayoría suscritos por el Ejecutivo Federal de México y ratificados por el honorable Senado de la República, y con plena vigencia como ley suprema, señalamos como responsables de violar nuestras garantías individuales, derechos humanos y nuestro ejercicio de libertad de prensa, a los servidores públicos mexicanos: C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos C. José César Nava Vázquez, secretario particular del presidente C. Juan Camilo Mouriño Terrazo, secretario de Gobernación C. Jesús Reyes Heroles González Garza, director general de Petróleos Mexicanos C. Carlos Arnoldo Morales Gil, director general de Pemex Exploración y Producción C. José Antonio Ceballos Soberanis, director general de Pemex Refinación C. Carlos Ramírez Fuentes, gerente de Comunicación Social de Petróleos Mexicanos A los empresarios accionistas del denominado Grupo Zeta, consorcio gasero que maneja 80 empresas en México, Centro y Sudamérica, contratistas de la paraestatal Petróleos Mexicanos y sus empresas subsidiarias: C. Miguel Zaragoza Fuentes C. Miguel Zaragoza López C. Jesús Alonso Zaragoza López C. Gabriel Zaragoza López C. Evangelina López C. Myrna Alicia Zaragoza López C. Alejandra Zaragoza López C. Noel Edmundo Bustillos Delgado C. Martha Elena Zaragoza C. Antonio López Hurtado Higuera C. María de Lourdes Zaragoza A sus abogados:

 

Graham Alberto Zubía Félix Francisco Cuellar Ontiveros Diego Romero Velasco Juan Manuel Aguilar Mora A los accionistas de la naviera Oceanografía y las empresas Transportes Navieros y Terrestres, Geofísica Marina de Exploración e Inmobiliaria Cayo: C. Amado Yáñez Osuna C. Amado Omar Yáñez Correa C. Carlos Daniel Yáñez Osuna C. Samuel Yánez Chaparro C. Alberto Duarte Martínez C. Alberto Duarte López C. Ofelia Jaime Peniche C. Emilio Paulon Fuentes C. Daniel Rassvetaieff Guerrero C. Cristina Rasvetaieff Guerrero II. SITUACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA El derecho a la libertad de expresión está regulado en los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se precisa que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, así como que es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia, más aún tratándose de un tema, como lo es el petróleo, de gran interés en estos momentos para todos los mexicanos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 13, establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de expresión, este mismo derecho está previsto en los artículos 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Asimismo, el artículo 8º de la Declaración de Principios Sobre la Libertad de Expresión señala que “todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”, siendo este derecho uno de los pilares en el desarrollo de la labor periodística, lo que hace evidente que cualquier afectación a este derecho también lo es a la libertad de expresión. Denunciamos que los funcionarios: Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, José César Nava Vázquez, Juan Camilo Mouriño Terrazo, Jesús Reyes Heroles González Garza, Carlos Arnoldo Morales Gil, José Antonio Ceballos Soberanis y Carlos Ramírez Fuentes han incurrido en violaciones a los artículos 7º y 8º de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y sus equivalentes de las entidades federativas, los cuales prevén que todo servidor público tiene como obligaciones la salvaguarda de la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad y la eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento da lugar al procedimiento y las sanciones que correspondan.

 

Por diversas vías, dichos funcionarios han vulnerado nuestros derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica e integridad física, así como nuestro derecho a no revelar las fuentes de información ni a ser hostigados en nuestra persona y en nuestro ejercicio profesional como periodistas. A pesar de ello, nos han presionado para que revelemos el origen de nuestra información, intentando con ello inhibir nuestra labor y pretendiendo que violentemos el secreto profesional que como periodistas nos confiere la ley. Han atentando también contra nuestro derecho a la legalidad y seguridad j

urídica, previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de infundir temor, amenazas y hostigamiento en nuestra contra. En las últimas semanas funcionarios y empresarios coludidos han incrementado el nivel de acoso en contra nuestra y de todo el personal de nuestra empresa Corporativo Internacional de Medios de Comunicación, casa editorial que edita las revistas nacionales Contralínea y Fortuna, al punto tal que hoy día consideramos que está en riesgo nuestra integridad física y la de nuestras familias, así como las garantías para desarrollar nuestro trabajo como periodistas. Por ello, en apego a las atribuciones que la ley le confiere, doctor Soberanes, le solicitamos la urgente intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que, como organismo independiente, es la única institución garante de nuestra integridad, en virtud de que los servidores públicos a quienes denunciamos encabezan el Poder Ejecutivo Federal. Pedimos que abra la investigación correspondiente dentro del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, que atañe a la 5ª Visitaduría General, por los hechos que a continuación denunciamos. III. HECHOS De noviembre de 2004 a agosto de 2008 hemos realizado investigaciones periodísticas que involucran en irregularidades a funcionarios y contratistas de Pemex, a quienes denunciamos en este escrito. Aunque algunas de las investigaciones sobre la empresa Oceanografía y el Grupo Zeta Gas se hicieron y publicaron de forma paralela, dado que ambos son parte del acoso en contra nuestra, narramos cada caso por separado para su mayor comprensión. EL ACOSO DE OCEANOGRAFIA En noviembre de 2004, los periodistas Ana Lilia Pérez y Miguel Badillo acudieron a una reunión en el Club de Industriales, convocados por el entonces director general de Pemex Exploración y Producción (PEP), Luis Ramírez Corzo. En el encuentro, donde este funcionario pidió no grabar la conversación, les reveló a ambos periodistas que desde hacía meses era objeto de presiones por parte del director general de Petróleos Mexicanos, Raúl Muñoz Leos, para que la subsidiaria petrolera PEP otorgara millonarios contratos para el arrendamiento de embarcaciones a la naviera Oceanografía, para la cual trabajaban como gestores los hermanos Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún y su tío Guillermo Sahagún Jiménez, esposa del entonces presidente Vicente Fox Quesada. El entonces director general de PEP reveló que Raúl Muñoz Leos recibía llamadas de Marta Sahagún Jiménez quien le indicaba que debía otorgar los contratos a la empresa Oceanografía. Luis Ramírez Corzo también informó a los reporteros que la empresa naviera no tenía capacidad técnica ni económica para ganar los concursos y que los contratos que hasta ese momento se le habían otorgado eran “por presiones de Los Pinos”. Los reporteros investigaron a la naviera y publicaron el 24 de octubre de 2004 en el periódico Excélsior, en donde los dos reporteros eran colaboradores, las revelaciones que hiciera Luis Ramírez Corzo. Cabe señalar que en ese momento no se citó la fuente directa de su información en apego al derecho de los periodistas de guardar la reserva de su fuente ante la posibilidad de que sufriera mayor presiones por parte de la Presidencia de la República. A partir de las declaraciones que les hiciera el funcionario público en 2004, los periodistas investigaron las diversas irregularidades de la empresa naviera y su relación con los funcionarios públicos involucrados en diversos ilícitos como tráfico de influencias, fraude, defraudación fiscal, evasión de impuestos, uso de documentos apócrifos para obtener créditos de la banca de desarrollo. Entre los funcionarios implicados, los periodistas ubicaron a: Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, José César Nava Vázquez, Juan Camilo Mouriño Terrazo, Raúl Muñoz Leos, Carlos Arnaldo Morales Gil, Juan Bueno Torio, e incluso a Luis Ramírez Corzo, quien les revelara los negocios que hacía la familia política del presidente Vicente Fox en Pemex. Además de otros funcionarios de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios como Héctor Leyva Torres, Carlos Rasso Zamora, José Guadalupe de la Garza Saldívar, Martha Alicia Castañeda Arrieta, Mireya Juanita Miranda Moyar. Las investigaciones periodísticas también se publicaron en la columna Oficio de Papel (cuyo autor es el periodista Miguel Badillo), así como en las revistas Contralínea y Fortuna. En diciembre de 2004, Manuel Bribiesca Sahagún buscó al periodista Miguel Badillo y en dos entrevistas que sostuvieron en una suite del Hotel Camino Real, ubicado en la avenida Mariano Escobedo, le confirmó que, en efecto, su hermano Jorge Bribiesca y su tío Guillermo Sahagún eran comisionistas de la empresa naviera y que ellos mismos llamaban por teléfono a Raúl Muñoz Leos para pedirle se le otorgaran contratos petroleros a dicha compañía, “porque de algo tenían que vivir”. Tras la publicación del artículo “Hijos de Marta operan como gestores” (Contralínea agosto de 2005), la Comisión de legislativa encargada de investigar y revisar la legalidad de los contratos de obra pública, concesiones, contratos de suministro de bienes de consumo o de compraventa de bienes inmuebles de titularidad pública, otorgados por organismos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria a la empresa Construcciones Prácticas S.A de C.V. y cualesquiera otras que tuvieran relación con la misma, atrajo el caso de la naviera Oceanografía como una línea de investigación para comprobar el tráfico de influencias de la familia del presidente. Entonces Ana Lilia Pérez y Miguel Badillo Cruz fueron invitados por la comisión de diputados federales para que relataran sus investigaciones en torno a esta empresa naviera, en una reunión que tuvo lugar el 23 de agosto de 2005, en un salón de la Cámara de Diputados, en San Lázaro. Los legisladores solicitaron que la Auditoría Superior de la Federación revisara los contratos asignados por Pemex a la naviera, cuyos accionistas son los empresarios: Amado Yánez Correa, Amado Omar Yánez Osuna, Carlos Daniel Yánez Osuna, Samuel Yánez Chaparro y Alberto Duarte Martínez, según sus actas constitutivas. En la cobertura periodística que las revistas Contralínea y Fortuna hicieron a este caso, se consultó a funcionarios de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, del Banco Nacional de Comercio Exterior, de la Presidencia de la República, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, de la Secretaría de la Función Pública, de la Auditoría Superior de la Federación, e integrantes del Congreso de la Unión de todos los partidos políticos, además de trabajadores y subcontratistas de la naviera.

La información publicada era veraz, a tal punto, que los organismos que auditaron los contratos, entre ellos la Auditoría Superior de la Federación, órgano máximo de fiscalización en México, comprobaron las irregularidades señaladas, como consta en los distintos informes que la ASF hizo públicos entre 2005 y 2006.

Como parte del rigor que caracteriza a nuestras investigaciones periodísticas, se solicitaron entrevistas con cada uno de los funcionarios involucrados y con los accionistas y directivos de Oceanografía. Ninguno de ellos accedió, lo cual quedó asentado en cada publicación. Hasta la fecha, ninguno de esos funcionarios, ni la familia del expresidente Vicente Fox desmintieron lo publicado tanto en la columna Oficio de Papel como en las revistas Contralínea y Fortuna. Incluso, en 2007, una comisión de diputados y senadores integrantes de la Comisión de Marina y de Derechos Humanos del Congreso de la Unión acudieron a la Sonda de Campeche para verificar las irregularidades de la naviera Oceanografía, documentadas en la columna Oficio de Papel y las revistas Contralínea y Fortuna. En noviembre de 2007, por medio de su apoderado legal Alfredo Riverón Calzada, los accionistas de Oceanografía demandaron al periodista Miguel Badillo Cruz ante el juzgado 15 del TSJDF, por “daño moral”. Indagatoria radicada en el expediente número: 1030/07. Esa demanda no frenó nuestras investigaciones, máxime que diversas fuentes nos revelaban otros supuestos ilícitos que cometían los empresarios navieros ayudados por funcionarios públicos del sector energético, en contra del erario público. En este sentido, mientras investigaba un fraude de Oceanografía en contra del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), en el que involucraba a Petróleos Mexicanos con el uso de facturas apócrifas supuestamente validadas por la paraestatal, la reportera Ana Lilia Pérez descubrió documentación que en 2004 enviaron los accionistas y directivos de Oceanografía a los funcionarios que entonces encabezaban la Secretaría de Energía: secretario Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, su coordinador de asesores Juan Camilo Mouriño Terrazo y su asesor jurídico José César Nava Vázquez. En otra correspondencia interna entre el empresario Amado Yáñez Osuna con el ingeniero Luis Ramirez Corzo, este funcionario de Pemex, se da cuenta de las reuniones con funcionarios de primer nivel de la Secretaría de Energía: Felipe Calderón Hinojosa y José César Nava, en el edificio de la Secretaría de Energía, cuya finalidad era hablar de sus contratos en PEP. Otros documentos de esta misma naturaleza fueron enviados por Leonardo Olavarrieta, director general de Oceanografía, a Juan Camilo Mouriño Terrazo, su amigo de infancia y entonces coordinador de asesores de Calderón. En esta misma línea de investigación, la reportera Ana Lilia Pérez descubrió los contratos que Juan Camilo Mouriño Terrazo firmó entre 2001 y 2004, en su dualidad como funcionario público del sector energético y contratista privado de Pemex Refinación. Posteriormente se solicitó una entrevista al recién nombrado secretario de Gobernación, misma que fue negada, ante lo cual la investigación periodística se publicó en la revista Contralínea en la edición del 16 de febrero de 2008. La mañana del 21 de febrero de 2008, políticos y legisladores de los partidos de la Revolución Democrática, del Revolucionario Institucional y de Convergencia solicitaron copias de los contratos publicados en Contralínea. En apego a los lineamientos de esta casa editorial, de que una vez que se divulga la información todo lector y ciudadano puede acceder a los documentos, les entregamos copia de la información.

El domingo 24 de febrero de 2008, el excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador acusó públicamente, con contratos en mano durante un mitin frente a la torre corporativa de Pemex, al secretario Juan Camilo Mouriño de traficar influencias y entregó los documentos publicados en Contralínea.

El hecho de que Contralínea hubiese entregado al Congreso los contratos firmados por Juan Camilo Mouriño con Pemex, se agudizó el acoso contra los periodistas de Contralínea de manera directa por parte de funcionarios públicos de Petróleos Mexicanos y por los empresarios Jesús Alonso Zaragoza López, Amado Yáñez Correa, Amado Yáñez Osuna y Carlos Daniel Yáñez Osuna, a quienes en las investigaciones periodísticas vinculamos con el presidente Felipe Calderón, con su secretario particular José César Nava Vázquez y con el secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño. “Lo que le hicieron a Juan Camilo les va a costar muy caro”, dijo amenazante el gerente de Comunicación Social de Pemex, Carlos Ramírez, a la reportera Ana Lilia Pérez, vía telefónica el día 25 de febrero, a una semana de que se publicaron los contratos, y al día siguiente de que Andrés Manuel López Obrador los exhibiera frente a la torre de Pemex. Esa misma semana el funcionario Carlos Ramírez se comunicó vía telefónica con nuestra gerente de publicidad, Marcela Yarce para advertirle que “desde ese momento las revistas Contralínea y Fortuna (pertenecientes al Corporativo Internacional de Medios de Comunicación) quedaban fuera de las pautas publicitarias como un castigo por su línea editorial”. El secretario particular del presidente Calderón, José César Nava Vázquez, exabogado de Pemex, en dos reuniones con el director de Contralínea, Miguel Badillo Cruz, solicitó insistentemente que revelara la fuente de información de donde habían salido los contratos firmados por Juan Camilo Mouriño, lo mismo que otros funcionarios del gobierno federal a quienes la Presidencia de la República les dio la encomienda de encontrar el origen de la investigación publicada por Contralínea. Como ya es del conocimiento público, en la Cámara de Diputados se creó una comisión especial para investigar la legalidad de los contratos firmados por el secretario Mouriño. La reportera Ana Lilia Pérez y el fotógrafo Rubén Darío Betancourt acudieron a la comparecencia del director de Pemex Refinación, José Antonio Ceballos Soberanis, el día jueves 17 de abril de 2008. Al término de la reunión, cuando descendían del denominado Salón de Protocolo, la reportera abordó al director de Pemex Refinación para solicitarle una entrevista. Luego de que ella le hiciera un par de preguntas, el gerente de Comunicación Social, Carlos Ramírez, visiblemente molesto, la empujó, para él salir con el funcionario del brazo. José Antonio Ceballos Soberanis abandonó el recinto a bordo de su camioneta. Entonces Carlos Ramírez alcanzó a la reportera y al fotógrafo “para saludarlos”. Durante una plática que duró unos 10 minutos, el funcionario le reclamó los contenidos de las investigaciones periodísticas de Contralínea y Fortuna, en un diálogo agresivo: -Ustedes tienen una campaña contra mis funcionarios- -No hay más que trabajo periodístico. -¿A lo que publican le llaman periodismo? -Carlos, tú mejor que nadie sabe que antes de publicar siempre pedimos entrevista con los funcionarios para confrontar la información y que ustedes puedan dar su versión en el mismo espacio, y tú rechazas esa posibilidad. Sabes también que en Contralínea publicamos todo lo que investigamos, no hay censura siempre y cuando se tengan las pruebas documentales y así lo hemos hecho, la muestra está en que ninguna información nuestra ha sido desmentida por Pemex. -Pues no van a evidenciarse… -Bueno, pues entonces no se trata de que la información no sea real sino de que no quieren responder por sus actos. -¡Pues ya se los dije! Ya le mandé decir a Miguel (Badillo) que no va a haber publicidad ni entrevistas mientras sigan escribiendo lo que escriben. -¿Mientras sigamos investigando? -Pues ya les dije, nada de publicidad y nadie les va a dar entrevistas. ¡Van a ver cómo les va a ir! -¿Me estás amenazando Carlos? -¡Tómalo como quieras, pero mis funcionarios no siempre se van a quedar con las manos cruzadas! A partir de esa fecha, la reportera Ana Lilia Pérez recibió una serie de llamadas a la redacción, que de forma anónima le hacían siempre la misma advertencia: -Ana Lilia, cuídate, porque Amado (Yánez) es un tiburón y los tiburones siempre buscan sangre-, susurraba una voz femenina detrás del auricular. EL ACOSO DEL GRUPO ZETA Se trata de un consorcio gasero que tiene como accionista mayoritario y director general al empresario oriundo de Ciudad Juárez, Chihuahua, Jesús Alonso Zaragoza López. En noviembre de 2006, en cumplimiento a nuestra obligación profesional, durante varias semanas solicitamos una entrevista con Jesús Alonso Zaragoza López, presidente y accionista mayoritario del denominado Grupo Zeta, consorcio que agrupa a 80 empresas envasadoras y distribuidoras de gas licuado de petróleo, todas ellas, propiedad de la familia Zaragoza, oriundos de Ciudad Juárez, Chihuahua. El motivo de nuestra solicitud fue para pedir su versión respecto a una investigación que realizaba la reportera Ana Lilia Pérez relacionada con el tráfico de influencias entre la familia Zaragoza con funcionarios de la Secretaría de Energía, de la Comisión Reguladora de Energía y de Pemex. Dicha entrevista fue negada. En diciembre de 2006, publicamos la investigación en la edición N.69 de la revista Contralínea. Posteriormente, Jesús Alonso Zaragoza López autorizó la realización de una entrevista con la reportera Ana Lilia Pérez. Como resultado, el 10 de abril de 2007, la reportera se presentó en las oficinas del Distrito Federal, una casa localizada en la calle Lope de Vega 415-A, colonia Bosque de Chapultepec. Fue recibida por Alicia Quiñones, asesora de Jesús Zaragoza. La entrevista duró aproximadamente dos horas, advertido Jesús Alonso Zaragoza López de que toda la información era con objetivos meramente periodísticos, y como tal se publicarían en las revistas Contralínea y Fortuna, ambas del Corporativo Internacional de Medios de Comunicación, y dirigidas por el periodista Miguel Badillo Cruz. En este sentido, Zaragoza López autorizó que la entrevista se grabara y que los fotógrafos Rubén Darío Betancourt Rojas y David Cilia García hicieran su trabajo frotográfico en las instalaciones de la empresa para ser reproducidas en los citados medios de comunicación. A lo largo de la entrevista, de la cual se solicitó a Zaragoza López autorización para que fuera grabada, él dijo a la reportera de una investigación que la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) abrió en contra de él, de su familia y de sus empresas, al descubrir un cargamento de 7 mil libras de cocaína en un camión de su empresa Hidrogas. Explicó el entrevistado que además de la droga incautada en un trailer de su propiedad, la cual era transportada por un chofer con 20 años de servicio en su empresa, las autoridades de Estados Unidos los vinculaban con el cártel de Juárez, ya que algunos de sus familiares fueron identificados por la DEA como fundadores de dicha organización. En el árbol genealógico de la familia de Jesús Zaragoza aparece Rafael Aguilar Guajardo (ya fallecido) como primo político de Miguel Zaragoza Fuentes, primo de Pedro Zaragoza Fuentes, esposo de Guadalupe Zaragoza. Es decir, el identificado por la DEA como socio de Amado Carrillo y fundador del Cártel de Juárez, era tío político en segundo grado de Jesús Zaragoza López. Jesús Zaragoza dijo en esta entrevista que durante la investigación policial estadounidense, él y sus hermanos y hermanas fueron sometidos a largos interrogatorios, donde los agentes de la DEA les inquirían sobre su labor dentro de la organización delictiva. El empresario también señaló a un grupo de funcionarios públicos que lo ayudaban a él y a su familia a arreglar los negocios privados. Aseguró que cuando Felipe de Jesús Calderón Hinojosa se desempeñó como secretario de Energía, junto con su coordinador de asesores Juan Camilo Mouriño Terrazo y su asesor jurídico José César Nava Vázquez lo ayudaron a arreglar sus negocios de venta y distribución de gas, así como las denuncias que enfrentaba en la Comisión Federal de Competencia, por monopolio, y las denuncias y sanciones que sus empresas enfrentaban ante la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor Profeco, por faltantes en el llenado en sus cilindros de gas, práctica común y conocida como “ordeña”. Incluso entregó a la reportera convenios sin sellos oficiales firmados entre él y Felipe Calderón, donde acordaban dirimir en privado las diferencias de Jesús Zaragoza con sus competidores. Por ello, dijo Jesús Zaragoza, él financió parte de la campaña de Felipe Calderón a la Presidencia de la República, organizó comidas y sufragó viajes al entonces candidato presidencial y su equipo de colaboradores. Explicó que la familia Zaragoza sufragaba campañas políticas a gobernadores, alcaldes, y diputados que luego les ayudaban a obtener permisos para la instalación de sus gaseras. Citó entre estos casos a Francisco Barrio Terrazas, extitular de la Secretaría de la Función Pública, a quien, dijo Jesús Alonso Zaragoza López, le pagó su campaña para gobernador del estado de Chihuahua. Dijo que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola Weber, lo ayudó en la autorización e instalación de la planta de almacenamiento de gas lp, ubicada en Manzanillo, Colima, la cual, la familia Zaragoza renta a Pemex Gas y Petroquímica Básica para almacenar el energético, que luego la paraestatal vende a los distribuidores, entre ellos el propio Grupo Zeta. Dicho proyecto es el más grande que tiene la familia en el país. Jesús Alonso Zaragoza comentó que el director Corporativo de Administración de Pemex, Marcos Ramírez Silva, le ofreció “entrarle” al negocio de la operación de ductos de Petróleos Mexicanos, y a la operación de redes privadas de ductos, ambas actividades que están prohibidas en México por ser actividades reservadas al Estado, según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se le mencionó que las autoridades hacendarias tenían abierta una investigación por evasión fiscal y lavado de dinero en contra de algunos de sus empleados y algunas de sus empresas, entre ellas la denominada Industrias Pikin. Jesús Zaragoza confirmó que sí tenía conocimiento de dichas investigaciones, pero para precisar detalles ofrecía una segunda entrevista periodística. En los días posteriores, Alicia Quiñones, asesora de Jesús Zaragoza, se comunicó vía telefónica con Ana Lilia Pérez para comentarle: “el señor Zaragoza está muy interesado en que seas amiga nuestra, y queremos invitarte de vacaciones a un rancho que está en Estados Unidos, allí puedes ir de compras y pasear con toda tu familia”. La reportera denegó la invitación. Los siguientes ofrecimientos fueron para viajar a El Paso, Texas, de “shopping”. -El señor Zaragoza insiste en que vayas a El Paso, dime ¿qué te gusta? ¿te gusta la ropa?, ¿las computadoras? Allí está lo más nuevo en tecnología, puedes comprarte cosas que no te alcanzarías a comprar con tu salario, ¿Cuánto te pagan en la revista? Porque dicen que los periodistas no ganan bien y la verdad el señor Zaragoza sabe ser muy buen amigo, ¿me entiendes?- insistía Alicia Quiñones. La respuesta de la reportera fue siempre la misma: rechazar los ofrecimientos e insistir en que las entrevistas con Jesús Zaragoza tenían una finalidad meramente periodística para que diera su versión respecto a las investigaciones que la reportera realizaba en todas las dependencias del gobierno federal donde el mismo Jesús Zaragoza López dijo tener funcionarios públicos a su disposición. Entre el 11 de abril y el 8 de mayo, Alicia Quiñones hizo diversos ofrecimientos de dinero, de viajes y de artículos electrónicos a la reportera. El día 7 de mayo llamó a Ana Lilia Pérez para indicarle que la segunda entrevista con Jesús Alonso Zaragoza López tendría lugar en las oficinas corporativas del Grupo Zeta, en Ciudad Juárez, Chihuahua. -El señor Zaragoza te enviará su avión. No quiere que viajes en vuelo comercial, así que te enviará su avión o el de su hermano, tú dile cual prefieres- explicó Alicia Quiñones. -No tenemos autorizado viajar a cuenta de los entrevistados. Tampoco podemos aceptar su invitación. Nosotros viajamos siempre en vuelos comerciales y absolutamente todos los gastos para nuestras investigaciones son sufragados por la revista- respondió Ana Lilia Pérez. Molesta, Alicia Quiñones dijo que esa era decisión de Jesús Zaragoza López, así que se lo notificaría.

Ana Lilia Pérez comentó a Miguel Badillo, director de la revista Contralínea, de los ofrecimientos del empresario gasero.

“¡Nada, no aceptas nada. El viaje, ya lo sabes, todo lo pagamos nosotros, y además vas, le haces la entrevista y te regresas, no quiero que pases ni una noche en Chihuahua, esa insistencia es muy turbia”, señaló el periodista. Más tarde, Alicia Quiñones llamó de nuevo a la reportera.

-El señor Zaragoza dice que me des los nombres de las personas que van a viajar y a dónde les mandamos los boletos.

-Ya le dije que no, únicamente necesito que me indiquen la hora de la entrevista y la dirección, nosotros nos encargamos de llegar. Alrededor de las 6 de la mañana del 8 de mayo 10 de abril de 2007, los reporteros Ana Lilia Pérez y David Cilia esperaban abordar el avión que los conduciría a Ciudad Juárez. A la sala de espera llegó Alicia Quiñones, informándoles que ella viajaría en el mismo avión para conducir a los reporteros a la entrevista con Jesús Zaragoza. En el mismo vuelo viajaba el secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos. Alicia Quiñones comentó a los reporteros que “los muchachos (refiriéndose a los hermanos Miguel Zaragoza López, Jesús Alonso Zaragoza López y Gabriel Zaragoza López) ayudaron al secretario a llegar a Función Pública. Él trabajaba con Pancho Barrio, que es compadre de los muchachos”. En Ciudad Juárez, una camioneta conducida por un chofer de Miguel Zaragoza López trasladó a los reporteros al inmueble ubicado en el kilómetro 17.5 s/n de la Carretera Panamericana, en las inmediaciones del Aeropuerto de Ciudad Juárez. La entrevista comenzó a las 10 de la mañana y concluyó a las 14:00 horas en la sala de juntas de la oficina corporativa. Jesús Alonso Zaragoza López manifestó que sus empleados le habían confirmado de las indagatorias que las autoridades hacendarias llevaban en su contra por evasión fiscal y lavado de dinero. Reiteró que tenía buena relación con altos funcionarios de Pemex y que fuera de las reuniones oficiales, estos le ayudaban en sus negocios. Confirmó que las autoridades peruanas investigaban a su empresa Zeta Gas Andino por retener de manera ilegal 50 mil cilindros de su competencia, e incluso dijo que no sólo él retenía los cilindros, que también lo hacía Repsol. La reportera le comentó que de acuerdo con sus investigaciones, la empresa Zeta Gas Andino era considerada como una trasnacional abusiva con sus trabajadores y con prácticas que atropellan los derechos laborales, que incluso el programa Laboral de Desarrollo (Plades) de Perú lanzó una alerta para anotar a Zeta Gas Andino como “trasnacional fraudulenta”. En respuesta, Jesús Alonso Zaragoza dijo que él tenía buenas relaciones con las autoridades de ese país, que incluso el expresidente Alberto Fujimori era quien, durante su gobierno, había invitado a la familia Zaragoza a instalarse en el país, y les había facilitado sus negocios. Al concluir la conversación, Jesús Alonso Zaragoza llevó a los reporteros a recorrer las instalaciones de su empresa. Durante esa visita, los reporteros observaron que en el mismo terreno se ubica la planta de Industrias Pikin, misma que aparecía como una de las compañías investigadas por lavado de dinero. El reportero gráfico David Cilia preguntó a Jesús Zaragoza si tenía algún inconveniente para que tomara fotografías en el recorrido, pues estas gráficas, se le dijo, acompañarían la entrevista. El empresario dio su autorización, incluso posó para el fotógrafo frente a la zona de almacenamiento. Como corresponde al trabajo periodístico de investigación, la reportera conoció los hechos, verificó tanto en territorio nacional como en el extranjero que la información en torno a las empresas del Grupo Zeta y a sus accionistas era veraz, máxime que la principal fuente de información era Jesús Alonso Zaragoza López, presidente del corporativo y accionista mayoritario. Así que la información se publicó en distintas entregas en las revistas Contralínea y Fortuna, y en las ediciones estatales Contralínea Chihuahua y Contralínea Sinaloa.

Pese a que Jesús Alonso Zaragoza fue la fuente principal de la información, misma que se publicó en ejercicio de la cláusula de conciencia, el 16 de agosto de 2007, Jesús Alonso Zaragoza López presentó demandas en contra de la reportera Ana Lilia Pérez Mendoza, del periodista Miguel Badillo Cruz, director de las revistas Contralínea y Fortuna, y en contra del Corporativo Internacional de Medios de Comunicación, ante el Juzgado 44 Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), al mando del Lic. Ángel Humberto Montiel Trujano, por supuesto “daño moral”. La indagatoria fue radicada en el expediente 757/07. El empresario designó como sus abogados patronos a los señores Diego Romero Velasco, Graham Alberto Zubía Félix, Francisco Cuellar Ontiveros y Juan Manuel Aguilar Mara, a quienes citamos puntualmente por ser ellos, de manera directa, actores en el acoso y agresiones en contra nuestra, faltando a su ética profesional y a los limites que la ley les permite. Durante casi un año que lleva el juicio, los abogados de Jesús Alonso Zaragoza López nos amenazaron verbalmente cuando acudimos a las distintas diligencias. Las agresiones verbales comenzaron con frases como: “Tenemos instrucciones de Jesús Zaragoza de desaparecerlos”, “Los vamos a desaparecer” “¡No se la van a acabar!”, “No saben ni con quién se metieron!” “El señor Zaragoza tiene mucho dinero y lo vamos a utilizar para desaparecerlos”; seguidas de agresiones físicas que se registrarían en pleno juzgado y a ojos del juez encargado del caso.

En los días en que Jesús Alonso Zaragoza López acudió al TSJDF, se le permitió el ingreso acompañado por su escolta personal: unos cinco sujetos que portaban armas cortas. Lo mismo ocurrió con sus abogados, quienes también arribaban hasta el juzgado (ubicado en un cuarto piso), escoltados con hombres vestidos de civil y armados. En febrero de 2007, durante la primera audiencia, el abogado Francisco Cuellar Ontiveros expresó a Miguel Badillo: -¡No sabes ni con quien te metiste! ¡La familia Zaragoza quiere que le ofrezcan una disculpa pública, que digan que todo lo que escribieron es mentira, y sólo así te perdonarán!

Miguel Badillo: -Si Zaragoza quiere enviar una carta aclaratoria sobre alguna información que considere incorrecta, que la mande y se publicará, porque ese su derecho de réplica, pero no vamos a desmentir algo que él mismo declaró en las dos entrevistas que están grabadas. Francisco Cuellar: -No importa si lo dijo o no, quiere que digas que es mentira, y ¿sabes qué? te doy un consejo: mejor di que no es cierto y pídanle disculpas públicas porque por ahora sólo son demandas, pero tengo instrucciones de desaparecerlos, y antes vamos a meterles más demandas, las 80 empresas van a demandarlos y ustedes no van a tener dinero para enfrentar los juicios. ¡No se la van a acabar, los vamos a destruir, vamos a hacer que su revista cierre! -Amenazó el abogado.

En otra audiencia, uno de los abogados de Zaragoza agredió en la cabeza a la periodista Marcela Yarce Viveros (la haló de los cabellos) y golpeó en el brazo a la reportera Ana Lilia Pérez. Minutos más tarde, se lanzaron a golpes contra nuestros abogados: Mariano Albor, Daniel Torices y Julio Espinoza Tavira. La agresión fue tan grave que a partir de ese momento el juzgado solicitó la protección para nosotros y que la seguridad interna permaneciera junto a nosotros hasta el momento en que nos retiráramos del inmueble. Incluso se nos pedía bajar por las escaleras y no por los elevadores, para evitar encontrarnos a los guardaespaldas armados que esperaban a Jesús Alonso Zaragoza y a sus testigos y abogados. De todas estas agresiones y los hechos relatados son testigos el juez Lic. Ángel Humberto Montiel Trujano, así como la secretaria de Acuerdos, Lic. Rosa Arcos Rayón. En el juicio, Jesús Alonso Zaragoza López reconoció que accedió a las dos entrevistas citadas, reconoció que entregó a la reportera los documentos publicados, y que también accedió a que se le tomaran fotografías. Adicionalmente, admitió que era su voz la que procedía de las grabaciones que se presentaron en la audiencia. Cabe señalar que en su denuncia acusó a la reportera Ana Lilia Pérez de haber recibido dinero para publicar la información en su contra, afirmación que el juez no le requirió demostrar. Como tampoco le requirió probar su solvencia moral ni comprobar el supuesto daño que las publicaciones le causaron a él, a su familia y a sus empresas. Jesús Alonso Zaragoza López no aportó una sola prueba que sostuviera sus acusaciones en contra nuestra. Nosotros aportamos además de las grabaciones citadas, cientos de pruebas documentales que respaldaban las investigaciones periodísticas publicadas, entre ellas, documentos oficiales de distintas dependencias del gobierno federal, así como los documentos que proporcionó el mismo Jesús Alonso Zaragoza López, firmados entre él y el secretario de Energía, Felipe Calderón Hinojosa, actual presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Cabe señalar también que como parte de nuestro derecho a ofrecer documentales probatorias, solicitamos el testimonio de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa; de su coordinador de asesores y actual secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo; del exdirector de Petróleos Mexicanos, Luis Ramírez Corzo; del exsecretario de la Función Pública, Francisco Barrio Terrazas; del exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola Weber, y del exdirector Corporativo de Administración de Pemex, Marcos Ramírez Silva, entre otros funcionarios, todos ellos porque, según Jesús Alonso Zaragoza López, lo ayudaban en sus negocios privados. El juzgado no citó a ninguno de estos funcionarios. El 30 de mayo de 2008, el juez José Manuel Pérez León falló en contra nuestra en la demanda promovida por el contratista de Pemex, Jesús Alonso Zaragoza López. Nos sentenció a publicar íntegra la resolución en la cual el juzgador señala que aunque el actor accedió a las entrevistas, no teníamos derecho a su publicación, y en términos generales, aborda hechos que ni el propio actor demanda.

El 2 junio de 2008 se nos notificó la sentencia y decidimos recurrir a la segunda instancia, toda vez que causó asombro el criterio del juzgador para emitir su sentencia: asegurar que no teníamos derecho a publicar lo que Jesús Alonso Zaragoza López nos dijo en las entrevistas. La aseveración judicial pone en riesgo no sólo el caso que nos ocupa, sino el ejercicio profesional periodístico en general. Doctor Soberanes, le informamos de algunos de los criterios considerados en esta sentencia para que usted como representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que entre sus encomiendas tiene la misión de velar por el respeto a la libertad de prensa, como lo manifiesta el hecho de que exista desde hace tiempo una 5ª Visitaduría que atiende, entre otros rubros, los delitos cometidos contra periodistas: El juez sentenció que se rebasó el límite de derecho a la libertad de expresión y a la libertad de información, y se incurrió en un ataque al honor. Dice que las notas difamatorias que reclama la parte demandada no implican el ejercicio de la libertad de prensa y expresión porque se trata de hechos acontecidos a una larga distancia, y por la forma en que fueron contextualizados y publicados no obedecen al objetivo primordial de las libertades de expresión e información, porque no persiguen el fin esencial de informar en asuntos o circunstancias relevantes para la opinión del público y que sólo buscan dañar al actor. Aunque se trata de un juicio por daño moral, el juez considera que no es necesario que la parte actora pruebe la existencia y grado de su honor antes y después del “ataque sufrido”, que “basta con la prueba del hecho ilícito que se convierte en fuente de producción del daño moral”. Que no se requiere que pruebe su grado de honor por tratarse de un derecho de personalidad. Considera que los demandados lesionaron el honor mediante expresiones maliciosas que afectaron su vida privada. Que no se cumplió con la obligación de cuidar que sus publicaciones carecieran de manifestaciones o expresiones maliciosas que expusieran al actor de forma tal que causara algún demérito del honor. Sentencia que las publicaciones periodísticas colocan al actor en una situación de desprecio público al hacerlo aparecer como acusado de narcotráfico, por lo que supone un daño injustificado a la dignidad humana. Considera que no basta que los demandados aleguen que las empresas en las que el accionista tiene participación son objeto de diversas quejas y denuncias, pues se requiere que se pruebe fehacientemente la existencia y naturaleza de esas quejas. Que existe un abuso del derecho de la información y de la libertad de expresión, con el que se lesiona el honor del actor. El juzgador dice que quedó probado que los codemandados menoscaban el patrimonio moral de la víctima, específicamente el honor, el decoro, el prestigio, la buena reputación, la imagen de la persona misma, lo que constituye el ilícito para condenar a los codemandados. Asegura que de la entrevista que concedió Jesús Alonso Zaragoza López a los demandados, no se desprenden elementos objetivos que pudieran crear convicción en el sentido de que la información publicada por los codemandados sea verídica. El juez considera que el hecho de que el actor accediera a dar la entrevista no puede tener el alcance de otorgar consentimiento tácito para que la información proporcionada se difunda de forma arbitraria por el periodista, siendo irrelevante que en la técnica del derecho mexicano exista la posibilidad de ejercer el derecho de réplica. Señala que no existe sustento jurídico que permita concluir que la circunstancia de que el actor haya admitido las entrevistas y entregado documentos, pueda entenderse como una manifestación de voluntad que consiente el trabajo del periodista. Que la circunstancia de que alguna información sea del dominio público tanto en territorio nacional como en el extranjero no implica que esa información sea verídica ni autoriza a los medios de comunicación a difundirla. Dice que los demandados no cumplen con los deberes de veracidad y el respeto a la cláusula de conciencia. Asegura que no todas las publicaciones periodísticas o de divulgación cultural se encuentran protegidas por el derecho a la libertad de expresión.

IV LAS CONFABULACIONES

Así, doctor Soberanes, en los primeros días de agosto de 2008, los autos de nuestra apelación fueron turnados a segunda instancia, radicado en la Sexta Sala Civil. El ponente es el magistrado Lic. Pedro Ortega Hernández. Aún después de la sentencia creímos que, respetuosos de las instituciones, debíamos seguir confiando en que los magistrados valorarían nuestra posición por defender el derecho constitucional a la libertad de expresión y de imprenta. Sin pensar que el acoso se agudizaría. Funcionarios de alto nivel de Petróleos Mexicanos nos confiaron de una reunión que tuvieron los empresarios Jesús Alonso Zaragoza López y Amado Yáñez Osuna con el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, y el secretario particular del presidente, José César Nava Vázquez, en la cual, según se nos informó, se acordó presionar judicialmente a los periodistas de Contralínea. Fue el 5 de agosto cuando el cerco pareció cerrarse en la persona de Ana Lilia Pérez y, horas más tarde, en nuestras propias instalaciones: al filo de las 11 de la mañana del 5 de agosto, la reportera se trasladaba de su domicilio, en el Estado de México, hacia las instalaciones de la revista Contralínea, ubicadas en Avenida Juárez N. 88, despacho 110, delegación Cuauhtémoc, en el Distrito Federal, cuando se percató de que un hombre de aproximadamente 30 años de edad, complexión mediana, moreno y cabello rizado, le tomaba fotografías con una cámara con zoom. La había seguido desde la estación del Metro Impulsora, de la línea B, hasta la estación del Metro Guerrero. Hacia las 15:30 horas de ese mismo día, los abogados Graham Alberto Zubía Félix, Francisco Cuellar Ontiveros, Diego Romero Velasco y Juan Manuel Aguilar Maya, todos ellos representantes de Jesús Alonso Zaragoza López y del denominado Grupo Zeta, encabezados por el actuario Juan Manuel Aguilar Maya, y el perito auxiliar, Sergio Guillermo González Pulido, irrumpieron en las instalaciones de la revista Contralínea, acompañados por guardaespaldas armados seguidos de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Cabe señalar que algunos de los guardaespaldas son los mismos que habían acompañado a Jesús Alonso Zaragoza López durante sus comparecencias en el TSJDF. Se trasladaron hasta la oficina de Miguel Badillo, mientras otros policías permanecían frente a la puerta principal (sobre avenida Juárez) a bordo de sus patrullas, y un grupo más se instalaba a lo largo de la redacción. Ninguno de ellos se identificó ante el vigilante del edificio, tampoco ante ninguno de los trabajadores del Corporativo Internacional de Medios de Comunicación. Mientras el perito exigía a Miguel Badillo los documentos contables de la casa editorial, el abogado Diego Romero amenazaba a los reporteros con que romperían y abrirían los cajones de los escritorios, que se llevarían todos los documentos, sin importar que se tratara de expedientes periodísticos que son resguardados por la confidencialidad y el secreto profesional. Dentro de la oficina de Miguel Badillo, el abogado Francisco Cuellar Ontiveros comentó a la reportera Nydia Egremy, quien se acercó a él para conocer el verdadero objetivo de esa irrupción en nuestras instalaciones, una serie de mensajes que, le advirtió, debía “comunicárselos” a Miguel Badillo.

“Miguel se metió entre las patas de las mulas y no quiere aceptar. Esta es la primera (de las demandas) A ver ¿quién va a tener más recursos? Nydia Egremy: Entonces, es cuestión de dinero, no de justicia o de información. Usted mismo está diciendo que la información es real, tenemos documentos… Abogado Francisco Cuellar: Esos documentos no tienen nada que ver, no es real. No se la van a acabar, no tienen nada que ver con lo que estás viendo. No quieren entender. Y esta es la primera, de varias demandas, todos los hermanos, las hermanas (de Zaragoza) van a demandar, cada una de las empresas los va a demandar y no van a poder con eso. Se metieron con quien no debían. Vamos a acabarlos. Nydia: Entonces lo que quieren es desaparecer el medio. ¿Es por una orden? Francisco: Una disculpa eso es lo que quieren. Ahí te va, viene lo que quiere. Es lo mínimo, una disculpa incondicional porque las consecuencias fueron funestas para su negocio. Habla con él, dile. Dile a Miguel que se disculpe… Luego el abogado se dirigió al periodista Miguel Badillo para decirle, como ya se lo había manifestado en varias ocasiones Jesús Alonso Zaragoza López, que revelara las fuentes de la información que habían proporcionado todos los documentos y la información publicada en las revistas. Tras media hora de confusión, en tanto que nuestras oficinas permanecían copadas por la irrupción de personal del equipo de abogados y sus guardaespaldas, el actuario, quien se identificó como Juan Manuel Aguilar Maya, amenazó a Miguel Badillo de que más valía que entregara los libros contables de la empresa o romperían todos los escritorios y se los llevarían por la fuerza, derivado del juicio de medios preparatorios promovido por Thermogas SA de CV, una de las compañías del Grupo Zeta, en contra del Corporativo Internacional de Medios de Comunicación. El expediente 708/2008 fue abierto por el juez Décimo Tercero de lo Civil de Guadalajara, Jalisco. Cuando nuestro abogado Daniel Torices arribó a la redacción, reprochó a los elementos de Seguridad Pública del Distrito Federal su abuso de autoridad y atropellos en nuestra contra por no tener atribuciones para ocupar nuestras instalaciones. Sin embargo tanto los elementos policiales como los guardaespaldas se retiraron hasta que los abogados de Jesús Zaragoza les dieron la indicación. Empero, permanecieron haciendo rondines el resto del día, mientras que una patrulla se apostaba sobre la entrada principal, en la avenida Juárez. -La próxima vez les vamos a abrir los cajones, a vaciar todo- amenazó Francisco Cuellar Ontiveros. A partir de ese momento, temerosos de que fuésemos objeto de una agresión física contra nuestra persona, nuestros documentos y equipo de trabajo, hubimos de permanecer con las puertas cerradas de nuestra oficina en medio de una zozobra constante de que, como lo hicieran aquel 5 de agosto, volvieran a allanar nuestras instalaciones abogados siempre amenazantes y elementos de seguridad armados. Al cabo de una semana, el mismo grupo regresó en punto de las 15:30 horas, es decir, a la misma hora que el día 5 de agosto. Durante varios minutos permanecieron estacionadas dos patrullas frente a la puerta principal de la revista, y otro grupo de guardaespaldas dando rondines entre la calle Humboldt, Avenida Juárez y Avenida Balderas, todas ellas aledañas a nuestras instalaciones. Las trabajadores y trabajadores de Contralínea permanecimos prácticamente atrincherados. En un momento de la tarde en que el grupo pareció haberse ido, el director de Contralínea dio la instrucción de que cada uno de los trabajadores: reporteros, fotógrafos, caricaturistas, correctores, diseñadores, el área administrativa, salieran en pequeños grupos para evitar alguna agresión física y todos se fueran directo a su domicilio para evitar algún enfrentamiento. En este periodo, los trabajadores de Contralínea que conducen automóviles con el logotipo de la revista han recibido diversas agresiones y han sido acosados por distintos individuos en las inmediaciones de la redacción. A manera de ejemplo, vale recordar que en febrero de 2008, Marcela Yarce, apoderada legal de Contralínea, fue perseguida por un automóvil Stratus negro modelo 2000, sin placas. Marcela salía de la redacción y un individuo que yacía en la puerta principal (sobre avenida Juárez) la siguió hasta que ella abordó su automóvil Nissan modelo Tsuru con el logotipo de Contralínea, estacionado sobre la calle Humboltd. El mismo hombre subió como copiloto de un automóvil Stratus, a bordo del cual siguieron a Marcela sobre avenida Chapultepec, Revolución y Periférico, hasta que ella arribó a su destino y pidió ayuda a elementos de seguridad y el valet parking de un restaurante. A mediados del mes de mayo, el cristal de la aleta trasera del automóvil del fotógrafo Rubén Darío Betancourt – también identificado con el logotipo de nuestra empresa – fue destrozado mientras permanecía estacionado en un estacionamiento privado ubicado en la calle de Humboldt, al cual sólo se accede por una entrada custodiada. Al inquirir a los vigilantes, estos le manifestaron: “Debe ser algo contra Contralínea porque aquí nunca había pasado nada”. El 7 de agosto, Miguel Minero, jefe de diseño, fue abordado por un individuo cuando circulaba en su vehículo también con el logotipo de Contralínea sobre la avenida Bucareli, frente a la Secretaría de Gobernación, el sujeto golpeaba el cristal y cuando Miguel Minero lo bajó, el individuo le gritaba que todo lo que decía Contralínea era mentira. -¡Les va a ir muy mal!- vociferaba Otra agresión ocurrió cuando el vehículo del periodista Miguel Badillo, estacionado en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, fue abierto con violencia al doblar la puerta del chofer y revolver papeles y documentos que se encontraban en el automóvil, sin que se llevaran objetos de valor que allí había. Salvo en el caso de la directora comercial, Marcela Yarce, en el resto de los atentados no se identificó al agresor.

Por lo anterior, señor presidente de la CNDH, temerosos de las agresiones en contra nuestra y de las amenazas que nos profirieran los abogados de Jesús Alonso Zaragoza López, decidimos denunciar la violación a nuestras garantías individuales, con la esperanza de que la intervención de las autoridades judiciales inhiba las agresiones en contra nuestra. En esa confianza, acudimos el lunes 18 de agosto ante la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra Periodistas de la Procuraduría General de la República, para denunciar los hechos que hoy exponemos ante usted. La fiscalía dio inicio a la AP/017/FEAPP/08, de la cual –inexplicablemente- hasta el momento no tenemos notificación alguna de su avance. Sin embargo, el acoso aumentó.

Dos días después de que denunciamos ante la PGR, la empresa Oceanografía presentó cinco demandas más en contra de nuestra empresa Corporativo Internacional de Medios de Comunicación, del periodista Miguel Badillo Cruz, de las reporteras Ana Lilia Pérez y Nancy Flores, y el columnista Jorge Meléndez, a quienes acusa “de una campaña de difamación”. En el texto de su demanda, los representantes de la naviera señalan a los demandados como responsables de las indagatorias que organismos públicos como la Auditoría Superior de la Federación hicieron en su contra, aunque omiten el resultado de estas auditorías. Se incluye también una solicitud de entrevista que la reportera Ana Lilia Pérez envió al director general de Oceanografía, Amado Yáñez Osuna, con respecto a la investigación que los órganos internos de control en la banca de desarrollo hicieron a los créditos de Oceanografía, pues descubrieron el uso de facturas apócrifas a nombre de Pemex, auditoria que, se le informó al empresario en la citada solicitud, se publicaría en Contralínea. Paradójicamente, doctor Soberanes, esta solicitud que la reportera presentó como parte de su obligación profesional de confirmar la veracidad de la información, es definida por Oceanografía “como una prueba del acoso en contra del empresario”. Como podrá observar, derivado de los hechos narrados, consideramos vulneradas nuestras garantías individuales contempladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos: ARTÍCULO 1°.- En México todas las personas están protegidas por la Constitución. ARTÍCULO 5°.- En México todas las personas tienen el derecho de elegir a que se dedican mientras que sea lícito. ARTÍCULO 6°.- La manifestación de las ideas es completamente libre. El estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la información. ARTÍCULO 7°.- En México su puede escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia. Sin que nadie pueda censurar y el único límite es el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. ARTÍCULO 8°.- Los servidores públicos están obligados al ejercicio del derecho de petición. ARTÍCULO 13.- Las personas en el país solo pueden ser juzgadas por las instituciones del Estado. Nadie puede estar por encima de la Ley. ARTÍCULO 16.- Las personas o familias, no pueden ser molestadas, ni se puede atentar contra sus cosas. ARTÍCULO 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Todas las personas tienen derecho a la justicia. Invocamos las consideraciones que la CNDH hizo en su Recomendación General No.7 Sobre las violaciones a la libertad de expresión de periodistas o comunicadores en México, respecto a que: “Entre los aspectos fundamentales de la libertad de expresión está la potestad jurídica que tiene toda persona de hablar sobre cualquier tema, sin que el Estado y sus autoridades le impidan o le restrinjan ese derecho. Sobre este particular, el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa”; es decir, que ninguna autoridad administrativa o judicial esta facultada para investigar o averiguar a una persona por manifestarse en algún sentido, salvo en los casos que se afecte a la moral, derechos de terceros y perturbe el orden público. Es importante resaltar el papel que juegan las fuentes de información en la tarea de investigación que realizan los periodistas o comunicadores, y su vinculación con un eficaz ejercicio de la libertad de expresión, ya que con frecuencia, la posibilidad de obtener información está condicionada a no divulgar la fuente. Se trata de una de las excepciones básicas en el periodismo, cuyo estricto cumplimiento está condicionada a la confiabilidad que tenga la persona que proporciona la información en el periodista, y la posibilidad de proseguir contando con un caudal importante e interesante de datos novedosos, cuya única finalidad es darlos a conocer a la sociedad y satisfacer su derecho a la información. En este sentido, esta Comisión Nacional, respetuosa de las atribuciones que constitucionalmente le han sido conferidas a las autoridades ministeriales, insiste en la necesidad de que las procuradurías General de la República, de Justicia Militar y de las entidades federativas garanticen el derecho de los periodistas al secreto profesional y a no revelar sus fuentes de información, ya que de lo contrario se vulneraría lo previsto en el artículo 8 de la Declaración de Principios de la Libertad de Expresión que señala: “ Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales. Pese a ello, diversos periodistas han sido citados a comparecer ante el Ministerio Público para obtener datos relacionados con el desempeño de su actividad o profesión, además de solicitarles que revelen la fuente de la cual obtienen la información, lo que puede poner en riesgo la seguridad del comunicador y de la fuente, afectando con ello el libre ejercicio del periodismo y la libertad de expresión. En consecuencia, los órganos del Estado y en especial las instituciones encargadas de la persecución e investigación de los delitos, al pasar por alto los preceptos constitucionales e instrumentos internacionales que amparan el derecho a la libre expresión, obligan a periodistas a revelar sus fuentes de información y vulneran el derecho que les asiste para salvaguardar el secreto profesional. Si bien la autoridad ministerial ejerce sus facultades para la investigación de los delitos, es importante delimitar los criterios que la autoridad puede utilizar para citar a periodistas, toda vez que debe respetarse el derecho de los comunicadores a la reserva de su fuente, sin que sea admisible que la facultad persecutoria de los delitos pueda ejercerse sin límite alguno o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos. Por tanto, la posibilidad de que un periodista se reserve el origen de una información determinada; también es un presupuesto del derecho a la libertad de expresión, así como de la integridad y el ejercicio libre de su profesión o actividad por la que haya tenido acceso a dicha información. Esta Comisión Nacional considera que la autoridad ministerial cuando determine que es indispensable la presencia de algún periodista, debe garantizar su integridad, la de su familia o la de sus fuentes de información. Esta circunstancia, así como la reiterada intención en conocer las fuentes de información de los periodistas, fue la que condujo a este organismo nacional, el 14 de abril de 2003, a plantear al Senado de la República una propuesta de reforma por adición al artículo 243 bis del Código Federal de Procedimientos Penales, en los siguientes términos: Artículo 243 bis. No estarán obligados a declarar sobre la información que reciban, conozcan o tengan en su poder: I. Los abogados, consultores técnicos y los notarios, respecto de los asuntos en los cuales hubieran intervenido y tengan información que deban reservarse para el ejercicio de su profesión; II. Los ministros de cualquier culto, con motivo de las confesiones que hubieran recibido en ejercicio del ministerio que presten; III. Los periodistas, respecto de los nombres o datos de identificación de las personas que, con motivo del ejercicio de su actividad, les proporcionen como información de carácter reservada, en la cual sustenten cualquier publicación o comunicado; y, IV. Las personas o servidores públicos que desempeñen cualquier otro empleo, cargo, oficio o profesión, en virtud del cual la ley reconozca el deber de guardar reserva o secreto profesional. En caso de que alguna o algunas de las personas comprendidas en las fracciones anteriores manifiesten su deseo de declarar y cuenten con el consentimiento expreso de quien les confió el secreto, información o confesión, se hará constar dicha circunstancia y se recibirá su declaración o testimonio La reserva de información que, por disposición de la propia ley, deban guardar los servidores públicos, se hará del conocimiento de la autoridad que requiera la declaración o testimonio y, en todo caso, se estará a lo dispuesto en la ley que rija las facultades del servidor público correspondiente. La libertad de expresión se restringe también cuando los periodistas son objeto de amenazas, ya que con ello se pretende silenciarlos, lo que constituye una violación a estas personas, así como a la sociedad a acceder libremente a la información. Una prensa independiente y crítica constituye un elemento fundamental para la vigencia de las demás libertades que integran el sistema democrático y el Estado de derecho. Estos actos hacia los periodistas se manifiestan de forma directa, mediante llamadas telefónicas, mensajes anónimos en correos electrónicos, vigilancia en el lugar de trabajo o domicilio, actos de hostigamiento y persecución por personas que no se identifican, o por agentes de gobierno que realizan actividades de vigilancia y seguimiento de periodistas o de miembros de su familia, lo que genera en éstos incertidumbre, temor e inseguridad, tal y como esta Comisión Nacional pudo evidenciar en la recomendación 13/2000, enviada al Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Más grave aún es el hecho de que en diversas quejas estas amenazas se han traducido en privar de la vida al periodista, lo que representa sin duda la forma más violenta de vulnerar los derechos y el ejercicio de la labor periodística, más aún si los órganos encargados por ley de investigar estos delitos no garantizan la exhaustiva investigación de los mismos, la identificación y consignación penal de los responsables, vulnerando con ello el deber de la debida diligencia. Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el tema de la libertad de expresión y de prensa constituye un tema de relevancia, por cuanto se refiere a una de las libertades del ser humano y constituye uno de los derechos fundamentales que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 6o. y 7o. Atendiendo a lo que preceptúa el artículo 133 de la Constitución General de la República, resulta conveniente destacar lo dispuesto por el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que señala: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Es así que para esta Comisión Nacional, la libertad de expresión tiene una de sus manifestaciones más desarrolladas en el periodismo, la cual constituye una prerrogativa de carácter individual que no es privativa de quienes ejercen esta actividad. La libertad de prensa, consagrada en el artículo 7o. de nuestra Carta Magna, está indisolublemente ligada a la libre expresión, cuyo tema subyacente es la tutela de las libertades y derechos básicos, que se actualizan en el ejercicio periodístico. La búsqueda, obtención, publicación y difusión de la información es un derecho consagrado en nuestra Carta Magna, que tanto autoridades como ciudadanos estamos obligados a respetar; las inconformidades y desavenencias motivadas por el ejercicio de estas libertades encuentran su cauce legal en el mismo texto constitucional y se materializan en la Ley de Imprenta vigente; por ende, ninguna autoridad está autorizada para aplicar un procedimiento de carácter inquisitorio, que tenga como origen un desacuerdo con las ideas expresadas y publicadas en cualquier medio informativo. El Estado mexicano tiene la obligación de respetar los derechos y libertades de sus gobernados, y garantizar el pleno ejercicio de los mismos a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción. En este sentido, tiene el deber jurídico de prevenir los actos que violenten los derechos de los periodistas, adoptando las medidas necesarias con objeto de establecer una real y eficaz procuración de justicia, que genere certeza y confianza jurídica, como resultado del combate a la impunidad. Asimismo, se requiere de la difusión de una cultura de la legalidad, así como el apego escrupuloso de las conductas de las autoridades a lo dispuesto por el orden jurídico y a la existencia de medios que pongan fin a las desviaciones en la observancia de este principio. De esta manera, las amenazas y los atentados a la integridad física de los periodistas tienen como propósito inhibir la labor periodística y la libertad de expresión; la indolencia y la omisión para investigar y consignar a los responsables ante los Tribunales, genera responsabilidad para el Estado, quien está obligado a través de los órganos de procuración de justicia a identificar el origen y autores de tales agresiones, pues como bien se señala por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, está obligado a actuar con la debida diligencia. Las agresiones en contra de la libertad de expresión también alcanzan la actividad que realizan los periodistas gráficos, los que al acudir a eventos como informadores resienten con frecuencia agresiones físicas por parte de elementos de seguridad pública, quienes obstaculizan sus labores con el argumento de la salvaguardar el orden y la seguridad de las personas. Circunstancia que a su vez, contraviene el derecho a la información consagrado en la Constitución mexicana que garantiza el que la sociedad en general cuente con información veraz y oportuna, a través de las libertades de prensa, de expresión y de manifestación de las ideas. La problemática planteada se agrava cuando los órganos encargados de procurar justicia, no garantizan la exhaustiva investigación de los delitos cometidos en agravio de los periodistas y comunicadores, con objeto de lograr la identificación y consignación penal de involucrados o responsables, toda vez que la indagación es superficial y carente de profesionalismo, al limitarse en la práctica a algunas diligencias y líneas de investigación, lo que se traduce en impunidad. Al respecto, cabe señalar que esta Comisión Nacional acreditó que en la mayoría de los casos en que los afectados han interpuesto la denuncia respectiva, en un alto porcentaje, las principales diligencias realizadas por parte de la autoridad ministerial, están orientadas sólo a solicitar a los denunciantes la ratificación de sus querellas y más aún requieren a los propios denunciantes para que aporten pruebas, además se ha observado que las autoridades ministeriales se limitan a esperar estos datos y excluyen u omiten de la investigación, las líneas que pueden surgir de las publicaciones o artículos que realizan. Con lo anterior, se evidencia que las instituciones de procuración de justicia deben tomar las acciones necesarias que permitan la identificación de los responsables de las agresiones cometidas en contra de periodistas o comunicadores, así como para garantizar el derecho a la libertad de expresión, sin embargo, su actuación y la falta de resultados efectivos ha originado que éstos vean con más frecuencia disminuido su derecho a realizar su labor profesional, ya que en contados casos se sancionan tales conductas. De lo expuesto en el presente documento, esta Comisión Nacional concluye que las violaciones a las leyes o la displicencia para salvaguardar los derechos humanos por parte del Estado, propicia el menoscabo o restricción al derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole; es decir, afecta el ejercicio de la libertad de expresión y demás derechos reconocidos por nuestra Constitución. Por tanto, para hacer compatible el interés, la defensa y la protección de los derechos humanos de los periodistas o comunicadores, es indispensable evitar la impunidad, la inseguridad jurídica, los actos arbitrarios o contrarios a derecho, la ineficiencia en la procuración de la justicia y la inobservancia de las disposiciones legales por parte de los servidores públicos, lo que evidentemente contribuiría a consolidar la protección de los derechos humanos de este grupo, al tiempo que favorecería la salvaguarda de las garantías de seguridad jurídica y legalidad, previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los diversos instrumentos internacionales con la intención principal de beneficiar a toda la colectividad. En este sentido, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos manifiesta su preocupación a las autoridades federales, estatales y municipales para que no toleren ningún intento o acción por parte de algún servidor público, en el ámbito individual o colectivo, que contribuya a disminuir o debilitar los derechos de los periodistas, cuando ejercen su libertad de expresión; en el ejercicio de su profesión, asimismo, es necesario que en, el ámbito de su competencia, generen las condiciones adecuadas para el desarrollo de la labor de los mismos. La libertad de expresión es universal y encierra en concepto la facultad jurídica que asiste a toda persona, individual o colectivamente considerada, para expresar, transmitir y difundir su pensamiento; paralela y correlativamente, la libertad de informarse también es universal y entraña el derecho colectivo de las personas a recibir la información que los demás les comunican sin interferencias que la distorsionen. En atención a los razonamientos anteriores, para esta Comisión Nacional todo acto contrario al marco jurídico que afecte o inhiba a los periodistas con motivo del ejercicio de su profesión implica una violación a los derechos de legalidad, seguridad jurídica, libertad de expresión e integridad física, así como el derecho a no ser hostigados ni revelar sus fuentes de información, lo que atenta contra las disposiciones contenidas en los artículos 6o, 7o, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; reconocidos como ley suprema en términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 19 de la Declaración Universal de los Derecho Humanos; IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y 8 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión. En consecuencia, y en ejercicio de las atribuciones que la Ley y su Reglamento Interno le otorgan a este organismo nacional, se recomienda a las diversas autoridades del país a que, en el ámbito de sus competencias, propicien el respeto de los derechos humanos de los periodistas, y en particular el respeto al ejercicio a la libertad de expresión y al secreto profesional, por considerar que existe el deber del Estado de respetar y observar todos y cada uno de los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales…” V. CONSIDERACIONES

¿Qué hace un grupo de periodistas cuando autoridades y empresarios amparados en el abuso de poder buscan callar las plumas que exponen los negocios ilícitos violando, igualmente, el derecho a la información de una sociedad necesitada de elementos para ejercer sus derechos ciudadanos? Nuestra vía es recurrir a quienes tienen como encomienda defender la libertad de expresión, que es un derecho y no una prebenda del gobierno en turno, como pretenden alegar los mismos funcionarios a quienes señalamos como responsables del acoso en contra nuestra. Convencidos de que la Declaración Universal de Derechos Humanos constituye la más grande prueba histórica de consenso mundial para respetar la ideología y valores de todos los hombres y mujeres del mundo; concientes de que el Estado mexicano se comprometió a respetarlos, y que los funcionarios públicos tienen obligación de reconocerlos, respetarlos y defenderlos, apelamos a que su pronta intervención frenará a quienes pugnan por callar el ejercicio periodístico para, en busca de sus intereses privados, atentar contra el patrimonio nacional. Doctor José Luis Soberanes, porque la libertad de expresión constituye los cimientos de cualquier democracia, esperamos que la intervención de la CNDH impida que nuevas vidas estén en riesgo de perderse, que las voces que requiere la sociedad mexicana en la actualidad se acallen y que los servidores públicos y los contratistas de Pemex que aquí denunciamos sigan incurriendo en acciones a las cuales no les faculta la ley. Se trata, como usted habrá apreciado, de evitar que los servidores públicos que hoy denunciamos continúen tomando ventaja de sus funciones y cargos para ejercer acciones ilegales en contra de un grupo de periodistas independientes y profesionales, que no tienen otro fin que cumplir con su deber, obligación y compromisos ético, social y moral.

 

Respetuosamente

Ana Lilia Pérez Mendoza Reportera

 

Marcela Yarce Viveros Reportera

 

Nydia Egremy Pinto Reportera

 

Miguel Badillo Cruz Reportero