A los órganos de inteligencia del Estado mexicano les alarman los niveles de corrupción que ha alcanzado nuestro país. No se trata de simples percepciones del problema, sino de un trabajo exhaustivo que ha involucrado a la inteligencia civil y militar, y que ha revelado una crisis generalizada tanto en el ámbito público como en el privado.

Según se desprende de las evaluaciones consultadas, la gravedad del flagelo ha aumentado en estos últimos años: fines del sexenio de Felipe Calderón y lo que va del de Enrique Peña Nieto. A la par, ha aumentado la percepción social de que aquí reina tanto la corrupción como la impunidad.

Entre los casos que más han contribuido a esta idea generalizada están la propia casa blanca de Angélica Rivera, esposa del presidente; así como el descarado peculado en el que habrían incurrido gobernadores de los partidos Revolucionario Institucional –Javier Duarte de Ochoa en Veracruz, César Duarte en Chihuahua y Roberto Borge en Quintana Roo–, Acción Nacional –Guillermo Padrés en Sonora– y de la Revolución Democrática.

Según el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) –los dos órganos de inteligencia que dan la cara en las evaluaciones consultadas– el tema no es menor: la seguridad nacional está en grave riesgo. Además, la corrupción es uno de los principales alicientes para el descontrolado lavado de dinero.

Durante años, el gobierno ha sido ciego y sordo ante este problema. Pero éste parece haberse desbordado, según se desprende de las más recientes alertas generadas por los órganos de inteligencia del país.

Tan sólo en la Agenda Nacional de Riesgos –documento ultraconfidencial al que Contralínea tuvo acceso y en el que participan el Cisen y los órganos de inteligencia militar– figura como una de las 10 peores amenazas a la seguridad nacional.

Además, la Primera evaluación nacional de riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, elaborada por la UIF, señala sus efectos potenciadores de otros ilícitos, de tal suerte que el daño que hace la corrupción al país es incalculable.

Y es que ésta posibilita los crímenes que mantienen a México en estado de catástrofe humanitaria. Ejemplo de ello es la protección a la mafia y a los violadores de los derechos humanos, misma que depende de su capacidad corruptora. Son los sobornos los que doblan a militares y policías; a jueces, magistrados y ministros, que acaban torciendo la ley a favor de empresarios, narcotraficantes, estafadores, asesinos, violadores.

En el sector empresarial se ha institucionalizado el llamado diezmo, esa cuota que, sin inmutarse, paga la iniciativa privada –nacional y extranjera– para ganar licitaciones públicas en los tres niveles de gobierno. También están los contratistas “amigos” que cobran favores.

En su evaluación, la UIF de plano admite que en los últimos años se ha registrado un retroceso en el tema. “Si bien no se tiene un diagnóstico preciso de la magnitud de la corrupción en México, los estudios que miden la percepción de este fenómeno realizados por diversos organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil ubican a nuestro país en los sitios más desfavorables a nivel mundial e incluso mostrando un retroceso en los últimos años”.

El órgano de inteligencia en materia financiera trata de matizar la alerta: “es posible que ello se deba al aumento de la mayor exposición pública de los actos de corrupción y una mayor transparencia en los procesos”.

No obstante, admite que esta percepción revela que “los esfuerzos anticorrupción que el Estado mexicano ha realizado en su estructura legal e institucional, muchos promovidos por su adhesión a las tres Convenciones Internacionales Anticorrupción de la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, no se han traducido en la instrumentación de políticas públicas integrales y efectivas para mitigar este flagelo”. En este contexto, es previsible que el Sistema Nacional Anticorrupción tampoco funcione, como no servirá la Ley 3 de 3, que nadie obedece.

Según la UIF, “la percepción de la corrupción que reina en un gran sector de la población es un elemento que pudiera vulnerar fuertemente nuestro sistema de prevención y combate a los flagelos [de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo], ya que constituye un facilitador para la comisión de delitos, sin que ello impida la represión de éstos, por lo que se concluye entonces que la vulnerabilidad es ALTA” (sic).

Y es que el beneficiario de los actos corruptos (sean sobornos, cohechos, fraudes, peculado, evasión de impuestos, etcétera) necesariamente busca ocultar que el origen de sus ingresos es un ilícito. Así que acaba lavando el dinero sucio obtenido gracias a la posición que ocupaba en un determinado momento.

En cuanto al impacto de la corrupción, la UIF indica que las consecuencias sociales y políticas se consideran de un alto grado, para las económicas se tiene un grado medio, mientras que las financieras se encuentran en un grado bajo. En términos generales, ubica al flagelo con un impacto general alto.

A la Unidad de Inteligencia Financiera también le preocupan los niveles de impunidad. Respecto del caso de los delitos del fuero común, detalla que las cifras totales reportadas en el Censo nacional de procuración de justicia estatal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía revelan que, en promedio el 53.9 por ciento de las averiguaciones previas iniciadas fueron determinadas y 39.9 por ciento quedaron pendientes de concluir, durante 2012 a 2014.

 “En cuanto a los delitos del fuero federal se destaca que se observa una disminución continua en el porcentaje de consignaciones con y sin detenido, pues pasaron de 36.7 a 25.2 por ciento entre 2012 y 2014. Por tales motivos se concluye que existe una falta de certeza jurídica y una alta percepción de impunidad, por lo que la vulnerabilidad en este sentido es ALTA” (sic).

En su evaluación, la UIF agrega que, en relación al impacto de este factor en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, las consecuencias sociales y políticas se consideran de un alto grado, mientras que las económicas se encuentran en un grado bajo, “por lo que se tiene un impacto ALTO” (sic).

Es hora de que la corrupción se combata en serio y se procese a quienes han incurrido en ella sin importar su investidura o su posición económico-empresarial.

Nancy Flores

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]

Contralínea 513 /del 07 al 12 de Noviembre 2016