En entrevista, la guerrilla con mayor presencia en Guerrero confirma enfrentamientos y disputas de territorios con bandas del narcotráfico, a las cuales identifica como “agentes clandestinos” del gobierno mexicano. Señala que Los Pelones –­del cártel del Chapo Guzmán– y Los Zetas –asociados a los Beltrán Leyva– realizan labores de contrainsurgencia en el estado. Hacen “las tareas sucias en contra de aquellos que se inconforman y organizan”

La Dirección Nacional del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) confirma a Contralínea que columnas guerrilleras erpistas han sostenido en los últimos meses enfrentamientos con el Ejército Mexicano, pero también, y en mayor número, con sicarios del narcotráfico, principalmente del cártel de Sinaloa. Además, reivindica la “sanción vital” ejercida contra más de 50 narcoparamilitares de tres regiones de Guerrero: Tierra Caliente, Costa Grande y Costa Chica.

Dice que los cárteles del narcotráfico fungen como agentes contrainsurgentes en Guerrero y que tienen el encargo de hacer el trabajo sucio al gobierno mexicano. Señala que luego de la escisión de Arturo y Alberto Beltrán Leyva de la organización de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, y de la alianza de estos hermanos con el cártel del Golfo, Los Zetas también han comenzado a ejercer violencia contra luchadores sociales.

La dirección del ERPI reconoce el enfrentamiento con un grupo paramilitar contrainsurgente en Las Mesas de Guayabo, Ajuchitlán del Progreso, en la Tierra Caliente; la emboscada contra policías municipales de Coyuca de Catalán; la ejecución de un individuo apodado la Zorra, a quien identifica como narcoparamilitar, y el enfrentamiento con el Ejército Mexicano cerca de Las Ollas, Coyuca de Catalán.

El choque en Las Mesas habría ocurrido el 10 de junio de 2007 entre el ERPI y un grupo paramilitar contrainsurgente que habría encabezado Daniel Mercado Serrano, asegura la Dirección Nacional del ERPI. La emboscada contra policías de Coyuca de Catalán habría tenido lugar el 9 de junio de 2007, de acuerdo con una nota de Rolando Aguilar, publicada ese mismo día en la página electrónica del diario Excélsior. La Zorra fue el apodo de un narcoparamilitar al que el ERPI señala como responsable de quemar vivos “a tres compañeros en los llanos de Petatlán”, de los cuales “seguimos sin conocer el paradero de sus cuerpos”. Y el enfrentamiento con militares en Puerto las Ollas habría tenido lugar el 9 de junio pasado.

Sin embargo, el ERPI señala que ha realizado más “acciones revolucionarias” de las que no da cuenta “por razones de seguridad para nuestra organización”. Y agrega: “Baste decir que en los últimos años se ha ejercido sanción vital contra más de 50 narcoparamilitares”.

Asegura que todos los enfrentamientos sostenidos en los últimos meses son contra el cártel de Sinaloa, “incluidos (los sostenidos con el) Ejército federal, porque muchos oficiales están en la nómina de los narcotraficantes y a sus órdenes”. Dice que quien en Guerrero ejecuta las órdenes directas de los narcotraficantes Joaquín Guzmán, el Chapo; Ismael Zambada, el Mayo; e Ignacio Coronel, el Nacho, es Rogaciano Alva Álvarez, antiguo cacique de Petatlán, expresidente municipal de la misma demarcación y dirigente de la Unión Ganadera Regional de Guerrero hasta que pasó a la clandestinidad, luego de dos atentados contra su vida y del asesinato de dos de sus hijos y el secuestro de su hija. También señala a Érit Montúfar, director de la Policía Investigadora Ministerial del Estado y al propio gobernador Zeferino Torreblanca Galindo.

De Los Zetas, afirma que han empezado a cometer crímenes contra luchadores sociales de varias comunidades, “aunque a menor escala” que el cártel de Sinaloa. Al respecto, el ERPI abunda:

—Preferimos tener la prudencia suficiente hasta que ellos (Los Zetas) se manifiesten, y guardar las hostilidades necesarias para cada caso. No queremos una guerra contra los cárteles, pero de ninguna manera la vamos a rehuir si se hace necesario; no hay miedo ni incapacidad.

La Dirección Nacional del ERPI se disculpa por no detallar las zonas donde operan los cárteles del narcotráfico ni referir a través de quiénes lo hacen: “Esos datos los reservamos como inteligencia táctica propia”.

Sin embargo, asegura que la guerrilla ha expulsado a narcotraficantes de zonas que anteriormente controlaban y que en los enfrentamientos de los últimos años las columnas guerrilleras han derrotado los narcoparamilitares, a quienes, según el ERPI, “les falta lo mero principal”.

Considera que los sicarios sólo se envalentonan mediante el consumo de drogas y “la protección policiaco-militar”. Afirma que los recursos del narcotráfico se enfrentan contra “la información y colaboración clandestina de nuestro pueblo insurgente; y esto a decir de los propios sicarios ya pasados a mejor vida”.

—Al menos a nosotros no nos han arrojado granadas, pero sus AK-47 (fusiles de asalto conocidos en México como cuernos de chivo) disparan las mismas balas y a la misma velocidad que nuestras armas, sólo que las nuestras llevan dignidad y justicia.

El ERPI fue creado en los primeros días de 1998. Nació como escisión del Ejército Popular Revolucionario (EPR). Las columnas guerrerenses más importantes se desprendieron del EPR por diferencias “metodológicas, de táctica y estrategia, y de concepciones y de visión”, explica el ERPI en su página electrónica. Hasta su captura el 19 de octubre de 1999, Jacobo Silva Nogales, el comandante Antonio, integrante de la Dirección Nacional, era su máximo líder.

Luego de un repliegue, las “acciones revolucionarias” del ERPI reiniciaron en la segunda mitad de 2000. Se incrementaron hasta que, en 2007, el grupo guerrillero pasó a una franca ofensiva en regiones como Tierra Caliente, Costa Grande, Costa Chica y Montaña, donde comenzó a desplazar a los cárteles del narcotráfico y a bandas de talamontes.

Los grupos del crimen organizado “son utilizados como agentes orgánicos clandestinos” del gobierno. “No están reconocidos pero tienen una función contrainsurgente; son los agentes materiales del Estado mexicano encargados de hacer las tareas sucias en contra de aquellos que se inconformen y se organicen contra las propias formas estructurales del Estado mafioso mexicano”.

Para el ERPI, todos los partidos políticos, los funcionarios, las policías y el Ejército Mexicano están coludidos, en distintos niveles, con la delincuencia organizada. Por ello, afirman, no hay una real persecución contra el narcotráfico pero sí una utilización de esos grupos en las políticas contrainsurgentes.

—Actualmente se ha intensificado la contrainsurgencia. La delincuencia organizada no puede funcionar ni sostenerse sin la complicidad de redes corruptas toleradas y privilegiadas por el Estado. Numerosos militares, retirados y en activo, con el beneplácito del gobierno, patrocinan grupos paramilitares y participan en ellos. Emplean tácticas de contrainsurgencia aprendidas en programas militares imperialistas, con los objetivos de reducir a cárteles enemigos y de aterrorizar a los movimientos populares alternativos al capitalismo. Y luego estos agentes contrainsurgentes son ascendidos y mejor remunerados.

Para el grupo guerrillero, ejemplos de ello son el general Juan Alfredo Oropeza Garnica (quien se graduó en 1971 en operaciones contrainsurgentes en la Escuela de las Américas y combatió al EPR y al ERPI de 1997 a 1999, cuando fue comandante de la 27 zona militar, con sede en Acapulco, Guerrero) y Érit Montúfar Mendoza (actual director de la Policía Investigadora Ministerial del estado).

Lamenta la incorporación de jóvenes a “la esfera inhumana” del narcotráfico: “Ante la crisis económica y la falta de oportunidades de empleo, los jóvenes son fácilmente reclutados para ser madrinas, vendedores de droga, informantes del Ejército y sicarios”.

Finalmente, en entrevista con Contralínea, la Dirección Nacional del ERPI condena lo que considera el reforzamiento e intensificación de las “acciones de contención y abierta destrucción de las propuestas populares autónomas, participativas y de defensa de espacios y territorios, como las manifestadas en Ostula, Michoacán; Ayutla y Tierra Caliente, Guerrero, y en las zonas zapatistas de Chiapas”. Pero también en Candelaria, Campeche.

Con ello, “se demuestra que la doctrina y la práctica de la ‘guerra preventiva’ está orientada hacia donde la gente ya está organizada y comienza a defender lo suyo”.

—Con la represión y la agresión, el Estado no sólo busca que caigan luchadores sociales, sino que se interrumpan y se eliminen los procesos populares de organización, construcción de resistencias, autonomías y formas de gobiernos populares. Pero el movimiento popular no nada más es víctima: está tomando su papel activo de sujeto de cambio.