Edificios, construcciones y terrenos federales no se encuentran en el Registro Público de la Propiedad Federal; otros, no cuentan con los títulos de concesión e incluso se desconoce el uso que le dan asociaciones religiosas. El Indaabin –el instituto encargado de administrar los bienes nacionales­– es “muestra de una estructura opaca”, considera especialista en transparencia y rendición de cuentas. Para el titular de la dependencia, Juan Pablo Gómez Morín Rivera, las irregularidades han sido “solventadas”

El gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa planteó el buen uso y aprovechamiento de los inmuebles federales como una de sus estrategias para lograr la transparencia y el combate a la corrupción; no obstante, en lo que va del mandato calderonista, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha señalado un deficiente desempeño del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), organismo encargado de las propiedades consideradas patrimonio del Estado.

Las más recientes observaciones al Indaabin figuran en el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008, publicado en febrero pasado por la ASF, en donde el máximo órgano fiscalizador detectó inconsistencias en los mecanismos de registro y control de los inmuebles federales. A partir de la revisión de una muestra de 227 inmuebles (de un total de 102 mil 469), la ASF descubrió que algunos de ellos no se encontraban inscritos en el Registro Público de la Propiedad Federal a pesar de figurar en el Inventario Nacional de Bienes Inmuebles Federales.

En otros casos no se identificó el número del título de la concesión otorgada, o bien, el uso para el que las propiedades fueron otorgadas difería en el registro reportado por el Indaabin. También hubo casos en los que no se encontró el nombre del concesionario, la localización del inmueble o el uso para el que fue otorgado; y otros más en los que el registro correspondía a 2007, no obstante que los inmuebles habían sido reportados como otorgados en 2008.

Asimismo, la entidad fiscalizadora encontró irregularidades en las concesiones que entregaron las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comunicaciones y Transportes y Educación Pública, por lo que concluyó que carecían de mecanismos para mantener actualizado el registro y control de las concesiones bajo su administración.

Además, estas dependencias, junto con las secretarías de Gobernación y de la Reforma Agraria, en tanto que son administradoras de los inmuebles federales, tienen que entregar un informe anual a la Cámara de Diputados sobre las concesiones que otorgan; sin embargo, ninguna de ellas acreditó la entrega de dicha información.

El Indaabin, órgano desconcentrado de la Secretaría de la Función Pública, no contó siquiera con lineamientos para “promover el óptimo aprovechamiento y preservación” del patrimonio inmueble federal, señala la ASF. Y es que el Instituto no contó con políticas, lineamientos o procedimientos específicos para validar el Padrón de Concesiones de la Administración Pública Federal, y aunque elaboró un proyecto de políticas para el aprovechamiento de los bienes inmuebles y otro para su vigilancia, éstos nunca fueron autorizados, de acuerdo con el informe de la ASF.

Incongruencias en cifras

La ASF también detectó deficiencias en los sistemas de registro de las propiedades federales, mismas que impidieron conocer con certeza el número de inmuebles administrados por el Indaabin, pues mientras que en el Inventario Nacional de Bienes Inmuebles Federales se identificaron 102 mil 469 propiedades, el Registro Público de la Propiedad Federal albergaba menos de la cuarta parte de los folios que acreditan la inscripción de los inmuebles y que otorgan certeza jurídica sobre la propiedad de los mismos.

En el informe de la Cuenta Pública 2007, la ASF ya había documentado deficiencias en la operación del inventario del patrimonio inmobiliario, pues 30 por ciento de los inmuebles carecía de la documentación que acreditara la propiedad y el 60.8 por ciento no pudo comprobar su inscripción al Registro. Además, no se identificaron criterios para medir el aprovechamiento de los inmuebles, su valor histórico o comercial ni datos sobre su situación jurídica y administrativa. En entrevista con Contralínea, el presidente del Indaabin, Juan Pablo Gómez Morín Rivera, aseguró que dichas observaciones ya habían sido solventadas.

Sin embargo, la base de datos del Inventario sigue presentando deficiencias, pues los datos que alberga no coinciden con la información que da a conocer la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario Federal (DGPIF), de la que dependen tanto el sistema del Inventario como el Registro.

De acuerdo con la DGPIF, las dependencias y entidades del sector público cuentan con 34 mil 972 inmuebles federales, mientras que 66 mil 206 están en manos de asociaciones religiosas. Pero en el Inventario –cuya consulta puede hacerse a través del portal electrónico del Indaabin­– aparecen registros de 20 mil 287 propiedades en poder del sector público, es decir 14 mil 685 inmuebles menos de los que reporta la DGPIF; los inmuebles federales que son usados por grupos religiosos suman en la base de datos del Inventario 61 mil 929.

Gómez Morín Rivera, descendiente del fundador del Partido Acción Nacional, Manuel Gómez Morín, asegura que los inmuebles usados por asociaciones religiosas son en todos los casos templos, casas curales, monasterios o capillas. “No hay duda de que todos son de uso religioso”, afirma.

Sin embargo, un documento de la DGPIF muestra que entre los más de 60 mil inmuebles que actualmente están en manos de grupos religiosos, hay 457 cuyo uso es distinto al rubro de “Religión”. Entre ellos, destacan 243 propiedades sin uso definido y 132 que no están catalogadas genéricamente.

Al respecto, el jefe de Comunicación Social del Indaabin, Ulises Juárez Ortega, respondió que los inmuebles que no tienen un uso definido es porque no están siendo utilizados actualmente, mientras que el concepto de “No catalogados” comprende una amplia gama de tipos de inmuebles, como “áreas verdes, fuentes, plataformas petroleras, reservas ecológicas…”, pero no especificó a cuál de estos tipos pertenecían los 132 inmuebles señalados.

En la información de la DGPIF también aparecen como propiedades a cargo de organizaciones religiosas un inmueble cuyo uso se describe como “Comercio” y otro como “Abasto”, que de acuerdo con el documento “Catálogo de Usos” del Indaabin puede tratarse de una bodega, un sitio para concentrar productos agrícolas, un mercado de abasto, un rastro o para algún otro uso relacionado con el abasto.

Irregularidades en el Poder Judicial

El informe de la ASF también da cuenta de irregularidades en la adquisición y registro de inmuebles por parte de las instancias del Poder Judicial. Señala que en 2008, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reportó la posesión de 57 inmuebles; no obstante, en el Inventario aparecían registros de 77 propiedades.

Lo mismo ocurrió con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que informó a la ASF que contaba con 122 inmuebles aun cuando el Inventario indicó que el número ascendía a 394. La diferencia de 272 inmuebles corresponde a las casas de jueces y magistrados que son destinadas por el Indaabin al Poder Judicial, indica la ASF.

Además, en 2008 el CJF adquirió cuatro inmuebles por un monto total de 245 millones 234 mil 100 pesos, mas en el Registro no hay evidencia de que estas compras hayan sido gestionadas ante el Indaabin. Tampoco se encontraron las cédulas de inventario que acrediten la inserción de las cuatro propiedades en el Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal del Poder Judicial.

El máximo órgano fiscalizador reconoce que, en los lineamientos para la adquisición, arrendamiento y desincorporación de bienes inmuebles del Poder Judicial, no existen disposiciones que se refieran al desarrollo de un sistema de administración inmobiliaria.

Y es que la Ley General de Bienes Nacionales establece en su artículo 23 que los poderes Legislativo y Judicial podrán desarrollar sistemas de administración inmobiliaria para un óptimo aprovechamiento de las propiedades federales a su cargo. La ASF hace hincapié en el carácter optativo de esta norma, que sólo plantea la posibilidad, pero sin que exista la obligación en ambos poderes de sistematizar la adquisición y registro de sus propiedades.

Falta de control, evidencia de opacidad

En opinión de la doctora Irma Eréndira Sandoval, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, los señalamientos hechos por la ASF al Indaabin son “resultado lógico de que no tenemos una estructura en pro de la rendición de cuentas, de que no hay un compromiso verdadero de combate a la corrupción”.

Las deficiencias en la operación del Indaabin son “muestra de una estructura opaca” que abre la oportunidad para la mala utilización de los inmuebles federales, a decir de la especialista en transparencia y rendición de cuentas.

Respecto de las irregularidades en los inmuebles que son usados por grupos religiosos, Sandoval comenta que se trata también de una manifestación de la corrupción, sobre todo en un tiempo político como el actual, caracterizado por “un conservadurismo muy acentuado, que está empoderando a las elites religiosas y al Ejército (aun cuando) surgen incongruencias, incluso morales, de estos altos mandos del clero”.

Diferencias en el número de inmuebles reportados

Fuente: Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales

Inmuebles por sector y por año

Fuente: Informes de la Cuenta Pública 2007 y 2008, Auditoría Superior de la Federación

Diferencias en inmuebles reportados en el Poder Judicial

Fuente: Auditoría Superior de la Federación

Uso genérico de inmuebles de las asociaciones religiosas

Fuente: Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales

Fuente: Contralínea 179  25 de Abril de 2010