A cuatro años un mes y 26 días de que fueran privados de la libertad, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó por fin a Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez Hernández, Héctor Galindo Gochicoa, Óscar Hernández Pacheco, Inés Rodolfo Cuéllar Rivera, Julio César Espinosa Ramos, Juan Carlos Estrada Cruces, Edgar Eduardo Morales Reyes, Jorge Alberto Ordoñez Romero, Román Adán Ordoñez Romero, Narciso Arellano Hernández y Alejandro Pilón Zacate; es decir, los 12 quejosos relacionados con los hechos ocurridos el 8 de febrero, 6 de abril, 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México, y ordenó su inmediata libertad. No se puede hablar todavía de justicia completa, pues se trata de cuatro años en prisión, incluso en un reclusorio de alta seguridad, como es el caso de los tres primeros, con procesos irregulares y violatorios de los derechos humanos. Sin embargo, se debe dar la bienvenida a esta resolución, aunque sea, como lo mencionó el presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, “una mala muestra de la impartición de justica en el país”.
El caso de Atenco es paradigmático por diversas razones, entre ellas que se trata de un caso en el que se criminalizó la protesta social, aunque Enrique Peña Nieto diga lo contrario, y en el que se utilizó el sistema de justicia de manera facciosa, con el fin de castigar a los integrantes de un movimiento social que reivindicaba sus derechos. Cuestión que confirmó la Corte y que fue más que evidente en lo que expresó el ministro Juan Silva Meza, quien aseveró que las sentencias de los jueces mexiquenses dejan ver una forma “maquilladamente institucional de criminalizar la protesta social; como una forma de castigar ser oposición”. Esto es algo notorio, y se pudo percibir desde la lectura del delito que se les imputaba, el de “secuestro equiparado”, propio de regímenes totalitarios, con el que se equipara a integrantes de movimientos y luchadores sociales con delincuentes secuestradores, y se les imponen las mismas penas, y aún mayores.
Debemos recordar que Ignacio del Valle tenía una sentencia de 112 años, lo que resulta no sólo inusitado, sino también ridículo si se la compara con los 20 años de cárcel que recibió en su momento el Chapo Guzmán. Y es que no podemos explicar tal comportamiento del Estado ni hacer un análisis de la problemática si no tenemos en cuenta que, en mayo de 2006, el gobierno del Estado de México se cobró la “afrenta” del pueblo de Atenco por oponerse al injusto proyecto de un nuevo aeropuerto para la ciudad de México. Además de que claramente se utilizó el aparato del Estado para castigar a los presos de Atenco, la Corte encontró que la autoridad partió de premisas falsas y endebles para motivar sus sentencias, como otorgar valor probatorio pleno a pruebas que no sólo eran insuficientes sino ilícitas, y que establecían responsabilidad a algunos de los presos por el simple hecho de encontrarse presentes en el lugar de los hechos, o simplemente por ser parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Las violaciones al debido proceso y a otros derechos humanos fundamentales de los presos de Atenco llegaron a extremos escandalosos desde el momento de la detención. Los cuerpos policiacos y los agentes ministeriales hicieron gala de abusos y prácticas ilegales, y en la mayor parte de los casos, las detenciones se dieron de manera arbitraria, allanando domicilios, o en forma masiva y sin que se les pudiera determinar alguna conducta delictiva a los detenidos.
Ello no escapó al análisis de la Corte, que señaló claramente que en el caso de los nueve presos del penal del Molino de Las Flores, las acusaciones se basaron en la simple circunstancia de que los quejosos se encontraban en el lugar de los hechos donde fueron detenidos, con el argumento de que “nada tenían que hacer ahí”. Posteriormente se les incriminó por medio de testigos aleccionados, que “identificaron” a varios de ellos sólo mediante fotografías en las que se había escrito su nombre, o que presentaron testimonios idénticos, y con idénticos me refiero a machotes con las mismas faltas de ortografía e incluso los mismos errores tipográficos, que evidenciaban que se trataba de declaraciones elaboradas previamente, y que sólo fueron cortadas y pegadas en el espacio correspondiente de la averiguación previa.
Ello sin contar que en el caso de Ignacio del Valle se le señalaba como responsable por suposiciones de lo que probablemente había dicho cuando hablaba por teléfono, sin que hubiera una prueba sólida que mostrara lo que realmente había dicho. Todas estas circunstancias nunca fueron revisadas adecuadamente por los jueces del Estado de México que conocieron del caso. Por el contrario, dieron valor probatorio pleno a las acusaciones que se desprendían de narraciones inventadas respecto de lo que en realidad había ocurrido en Atenco, lo que llevó a los equipos de defensa más de cuatro años de remar contra la corriente para poder conseguir su libertad.
Algo que debe rescatarse del caso Atenco es la solidaridad y movilización social que suscitó para lograr la liberación de los presos. Organizaciones de derechos humanos, miembros de la academia, artistas, movimientos sociales y todo tipo de personajes nacionales y extranjeros trabajaron en conjunto y dieron un valioso apoyo solidario e incondicional. Esto incluye a 30 mil personas que firmaron un documento en el que demandaron su libertad. Frente a una ciudadanía consciente que exige que se respeten los derechos fundamentales de las personas, no se podía esperar otra cosa que una resolución apegada al derecho, libre ya de manipulaciones políticas.
El caso Atenco aún no termina. En su momento, en una decisión dividida, la Corte decidió no señalar como responsables al gobernador ni al procurador de la entidad, ni al comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México. Sin embargo, se debe tener en cuenta que las acciones y la forma en las que se dieron las cosas en mayo de 2006 sólo pudieron llevarse a cabo con la anuencia de los altos mandos del gobierno mexiquense. Lo que nos lleva también a concluir que las sentencias del juez de Primera Instancia y de la Sala que las revisó fueron también parciales, como también lo señala la Suprema Corte de Justicia al afirmar que las sentencias condenatorias se habían emitido “ante un panorama de ausencia probatoria”.
Quedan también pendientes las averiguaciones y las sanciones contra los responsables de las agresiones sexuales a 16 mujeres el 4 de mayo. Esa justicia aún no ha llegado, pues al parecer no existe la misma voluntad por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado de México para investigar delitos cometidos por sus funcionaros. Una conducta absolutamente contraria a lo que vimos cuando se trataba de castigar a los atenquenses.
Para castigar emocionalmente a quienes esperaban con expectación la liberación de los presos a las puertas del penal de La Palma, en cumplimiento estricto de la resolución de la Corte, luego de recibir la noticia de su puesta en libertad lisa y llana, la Secretaría de Seguridad Pública Federal todavía se atrevió a emitir un comunicado en el que afirmaba que Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo no serían liberados porque enfrentaban otros cuatro procesos. Lo que de nueva cuenta evidenciaba la falta de voluntad y el ánimo de venganza de quienes controlaban esos procesos. Parece mentira que, cuatro años después, se hayan manejado discrecionalmente esos procesos para seguir castigando a estos líderes sociales. Afortunadamente, ante lo endeble de las acusaciones, que pretendían privarlos de su libertad por un periodo mayor, se logró también la liberación de estas tres personas.
Como dijo el ministro Silva Meza, el caso Atenco evidenció “la forma en la que el Estado trata la libertad de asociación y expresión de los líderes sociales sentenciados”. La justicia no llega completa con la libertad de los presos de Atenco, es un paso importantísimo y un triunfo de quienes trabajaron arduamente a favor de ello en la defensa jurídica, la solidaridad y la movilización social. Sin embargo, debemos exigir que se resuelvan los puntos pendientes, si es que no nos queremos conformar con una justicia a medias. Falta ver qué pasará con el cúmulo de anomalías detectadas, la impunidad que sigue rodeando a quienes hicieron un uso indebido de la fuerza, asesinaron, atacaron sexualmente a mujeres, alteraron pruebas y negaron los derechos a la defensa y a un juicio justo de los acusados. Sobre todo, las responsabilidades de los actores intelectuales de estas atrocidades.
*Director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; doctor en teología y diplomado en ciencias sociales
