La ocupación estadunidense en Afganistán es cada vez más complicada. Los asesinatos cometidos por marines contra la población civil se suman a la percepción social de que la invasión “no sirvió para nada”. El país asiático, más inseguro, pobre e inestable que antes de la intervención
Jim Lobe/IPS
Washington, Estados Unidos. Aunque Washington insiste en que su estrategia contrainsurgente funciona en Afganistán, los 16 civiles –nueve de ellos niños– masacrados en sus hogares en la provincia de Kandahar son un golpe a quienes esperan mantener la ocupación de ese país de Asia central más allá de 2014.
La masacre –que, según el Departamento de Defensa estadunidense, fue perpetrada por un sólo individuo– es la más reciente de una serie de incidentes que han hecho montar en cólera al pueblo afgano contra los ocupantes extranjeros, como la divulgación por internet de un video que muestra a soldados estadunidenses orinando sobre cuerpos de afganos muertos y quemando voluntariamente copias del Corán en las afueras de una base militar.
A su vez, el electorado y el Congreso legislativo están cada vez más decepcionados con esta guerra que en 2011, se convirtió en la más larga peleada por Estados Unidos en su historia.
Una encuesta de opinión pública, divulgada el 11 de marzo de 2012 por el diario The Washington Post y la cadena televisiva American Broadcasting Company, reveló que el 60 por ciento de los entrevistados opina que la guerra en Afganistán no valió la pena.
Apenas el 30 por ciento indicó que cree que la mayoría de la población afgana apoya las operaciones de las fuerzas de Estados Unidos y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
La masacre del 11 de marzo pasado se cometió justamente después de que Washington y el gobierno de Hamid Karzai (presidente de Afganistán) igualaron una de las diferencias que impiden sellar una alianza que permitiría a Estados Unidos mantener una importante fuerza en territorio afgano y controlar varias bases militares después de 2014 (cuando vence el plazo para que las tropas extranjeras dejen el país).
El acuerdo entre las partes se refiere a la transferencia de unos 3 mil 200 detenidos, presuntamente integrantes de la milicia extremista talibán, de manos estadunidenses a manos afganas en los próximos seis meses.
Conforme lo acordado, Estados Unidos puede vetar la liberación de alguno de esos detenidos mientras sus tropas permanezcan en ese país. Además, ambas partes acordaron que Washington mantenga en custodia a los prisioneros no afganos, supuestamente pertenecientes a la red extremista islámica Al Qaeda.
Pero todavía está pendiente el reclamo de Karzai de que cesen las redadas nocturnas que efectúan fuerzas especiales de Estados Unidos contra presuntos objetivos del grupo Talibán, consideradas la causa más importante del descontento por la presencia estadunidense.
Las muertes del 11 de marzo no tuvieron que ver con fuerzas especiales. Se perpetraron en una zona aldeana del distrito de Panjwai, en la sureña ciudad de Kandahar, que era un bastión talibán hasta que tropas estadunidenses inundaron la zona al continuar con la estrategia adoptada por el presidente estadunidense Barack Obama, a fines de 2009.
Según la información disponible, un sargento de 38 años, que sirvió en Irak y llegó a Afganistán en diciembre de 2011, dejó su base en las primeras horas del 11 de marzo, irrumpió en tres casas en un radio de 500 metros y disparó y apuñaló a sus residentes, incluso a niños pequeños. Regresó luego a su base y se entregó.
Las autoridades militares enviaron tropas en helicópteros para asistir y evacuar a los heridos, dando pie sin embargo a rumores de que más de un efectivo estaba involucrado en el ataque.
“Este último asalto fue, supuestamente, obra de un sólo soldado. Pero muchos afganos no creerán que no fue otro ataque estadunidense de rutina. Sus efectos son iguales”, señala Ann Jones, autora del libro Kabul in winter (Kabul en invierno) y una destacada crítica de las operaciones contrainsurgentes en Afganistán.
“Los funcionarios estadunidenses están completamente fuera de tema. Insisten en que fue una tragedia aislada, cuando los afganos saben que algo así puede suceder en cualquier momento.”
Obama y otros altos funcionarios emitieron varios pronunciamientos de pesar, rechazo y promesas de investigar lo ocurrido y penalizar a los responsables.
La tragedia “agudizará el sentimiento antiextranjero en Afganistán y debilitará los vínculos de Karzai y sus aliados de la OTAN”, aseveró en un artículo publicado el 12 de marzo pasado, en el sitio de internet The Daily Beast, el exanalista de la Agencia Central de Inteligencia Bruce Reidel, uno de los diseñadores de la política de Obama en Afganistán y Pakistán.
Los asesinatos “pondrán más presión para hallar una solución política a la guerra”, opina Reidel. El hecho de que el grupo Talibán no haya renunciado a las conversaciones de paz y haya aceptado abrir una oficina en Catar para facilitar las negociaciones, pese a estos acontecimientos, son señales favorables, indica.
Pero Ahmed Rashid, un pakistaní experto en asuntos afganos que goza de cierta influencia en círculos políticos de Washington y que también apoya una salida negociada, afirmó en el diario Financial Times que las fuerzas occidentales están sufriendo una “crisis de confianza” y que la “búsqueda de Karzai de un acuerdo con Estados Unidos se vuelve cada día más inaceptable para el pueblo afgano”.
El soldado acusado del crimen, cuyo nombre no se publicará mientras no concluya la investigación, formaba parte en una operación de “estabilización de la aldea”, un componte clave de la estrategia contrainsurgente que consiste en ganarse la voluntad de los ancianos –los integrantes más prominentes de esas comunidades rurales– y organizar las fuerzas policiales locales.
El destacamento militar de origen del supuesto asesino, en el que viven además su esposa y tres hijos, es Joint Base Lewis-McChord, cerca de Tacoma, Washington.
De esa misma base procedía el “grupo asesino” (kill team), una unidad liderada por otro sargento que mató al menos a tres civiles afganos en distintos incidentes en 2009, y desmembró los cuerpos para exhibir los restos como trofeos.
El sargento Calvin Gibbs fue hallado culpable de asesinato y otros crímenes y sentenciado a cadena perpetua por un tribunal militar de Lewis-McChord, en noviembre de 2011. Pero en unos 10 años podría quedar libre.
