El gobierno de Evo Morales reafirma su compromiso de controlar los sectores estratégicos de la nación boliviana. La más reciente expropiación de la empresa Transportadora de Energía se suma a las acciones que iniciaron en mayo de 2006, cuando se decretó la nacionalización de los hidrocarburos, especialmente del gas. Entre las compañías recuperadas por el Estado se encuentran Logística de Hidrocarburos, Telefónica, Chaco, Pan American Energy, Transredes, Air BP, Corani, Guaracachi, Luz y Fuerza Eléctrica de Cochabamba, y Metalúrgica Vinto-Antimonio

Héctor Miranda/Prensa Latina

La Paz, Bolivia. El 1 de mayo pasado el gobierno boliviano nacionalizó la totalidad de las acciones de la Red Eléctrica Española, que poseía en la empresa Transportadora de Energía, con motivo de los festejos por el Día del Trabajo. La noticia le dio la vuelta al mundo en apenas minutos. El presidente Evo Morales anunció la nacionalización mediante el Decreto Supremo 1214, entre otros argumentos porque, desde que fue privatizada en 2007, las inversiones apenas llegaron a los 5 millones de dólares al año.

La decisión del Ejecutivo contó con el respaldo de organizaciones sociales y sindicales, entre ellas la Central Obrera Boliviana, de marcada hostilidad hacia el gobierno en los meses recientes.

Juan Carlos Trujillo, secretario ejecutivo de la principal organización obrera del país, aseguró que “todo lo que vaya en beneficio de los trabajadores, del Estado, con base en la nacionalización, lo apoyamos”.

Según Trujillo, la medida forma parte de lo aprobado en el XV Congreso de la Central Obrera Boliviana, en el cual se “exigió y pidió nacionalizar todas las empresas productivas del país”.

Mientras, el líder del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu de La Paz, Horacio Yugar, manifestó su satisfacción por los decretos promulgados a favor de los trabajadores del país.

“Saludamos la nacionalización que acaba de anunciar nuestro hermano presidente, de la cadena de distribución de energía eléctrica. Sentimos felicidad porque ésta es una muestra de que nuestro hermano presidente está escuchando al pueblo”, aseguró Yugar.

Para este líder gremial, el paso dado por el gobierno profundizará el proceso de transformación del aparato productivo y, además, generará trabajo y un ingreso económico estable.

El representante de los trabajadores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Mario Loza, enfatizó que la nacionalización de la Empresa Transportadora de Electricidad redundará en beneficio de los obreros. En tanto, Liberato Moya, funcionario de la empresa eléctrica de esta capital, consideró que la incautación de las acciones de la referida entidad, como de tantas otras en el país, conviene al Estado porque constituye un sector estratégico.

Mayo, mes de nacionalizaciones

Desde que asumió la presidencia de Bolivia, Evo Morales reservó para los primeros días de mayo las decisiones importantes, entre ellas varias nacionalizaciones y rescisiones de contratos de concesión.

En mayo de 2006, poco después de llegar al Palacio Quemado, el mandatario decretó la nacionalización de los hidrocarburos, especialmente del gas, considerado la principal fuente de divisas del país, e inició la negociación de nuevos contratos de explotación con empresas extranjeras.

Dos años después, en mayo de 2008, otro decreto presidencial dejó en manos del Estado el ciento por ciento de la Compañía Logística de Hidrocarburos, hasta entonces en poder de empresas alemanas y peruanas.

Ese mismo mes se concretó la nacionalización de la Empresa Telefónica, hasta entonces filial de la italiana Telecom. De esta determinación, el gobierno boliviano se ha vanagloriado en muchas ocasiones porque la entidad ha demostrado hasta el momento la eficiencia de las empresas estatales.

Por si fuera poco, en esa misma época el Estado recuperó la mayoría accionaria –50 por ciento más uno– de las pretroleras Chaco, Pan American Energy (pertenecientes al grupo British Petroleum), además de Andina, una de las filiales de Repsol.

También de Transredes, transportadora de hidrocarburos, perteneciente al consorcio británico Ahsmore y a la anglo-holandesa Shell.

El 1 de mayo de 2009, justo un año después, el jefe de Estado decidió nacionalizar la Air BP, filial de la británica British Petroleum, encargada de garantizar el combustible en los aeropuertos de Bolivia, y al mismo tiempo anunció que indemnizaría a los hasta entonces propietarios.

Doce meses después, otra vez el primer día de mayo, le llegó la hora a cuatro empresas eléctricas, entre ellas la Corani, subsidiaria de la francesa GDF Suez, a la cual indemnizó en octubre de 2011 con 18.4 millones de dólares. También a la Guaracachi, que tenía como principal accionista, con el 50 por ciento del control sobre la empresa, a la firma británica Rurelec, PLC; además de Valle Hermoso, con la mitad del capital en manos de The Bolivian Generating Group de la Pan American de Bolivia.

El 1 de mayo de 2010 también se nacionalizó la cooperativa distribuidora Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Cochabamba. Un día después, Morales recuperó  el control estatal de la pequeña fundidora Empresa Metalúrgica Vinto-Antimonio, filial de la suiza Glencore, la cual había dejado de operar desde hacía algunos años.

Otras nacionalizaciones

Al presidente boliviano no le tembló la mano para tomar decisiones trascendentales en otros meses y tan temprano como en octubre de 2006, cuando confiscó las acciones de la mina de estaño de Huanuni.

En abril de 2008 ordenó la transformación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en una corporación para dirigir la nacionalización petrolera y creó la Empresa Boliviana de Industrialización de los Hidrocarburos.

En octubre del mismo año, YPFB firmó un convenio con Repsol para comenzar la gestión de YPFB-Andina, siempre con participación minoritaria para la empresa española.

Mientras, en enero de 2009, el mandatario boliviano anunció la nacionalización de la petrolera Chaco, con participación de British Petroleum y la argentina Bridas, a las cuales acusó de sacar del país 277 millones de dólares en el año anterior.

El gobierno boliviano no se limitó sólo a las empresas de hidrocarburos o a las industrias: en febrero de 2009 ordenó la expropiación de 36 mil hectáreas de tierras a hacendados, entre ellas 15 mil hectáreas a la familia estadunidense Larsen Metenbrik, por utilizar como siervos a indígenas guaraníes.

Como premisa, el gobierno boliviano sólo confiscó hasta el momento aquellas entidades en las cuales puede tener un papel protagónico y aunque el mandatario no lo dijo abiertamente hasta ahora, no existe cruzada alguna contra el capital foráneo.

Incluso, en la inauguración de la planta de procesamiento de gas en el campo Margarita, coincidió con el presidente de Repsol, el español Antonio Brufau, y le aseguró que su empresa siempre sería respetada como socia.

“Reconozco y reconocemos el liderazgo de Repsol, una de las empresas más grandes de todo el mundo, y su inversión siempre será respetada como socio. Bolivia todavía necesita inversión, necesita socios pero no dueños de nuestros recursos naturales, ni dueños de nuestros servicios básicos”, aseguró el jefe de Estado.