La política de injerencia de Estados Unidos –que favoreció el tráfico de armas a México y el lavado de dinero  de los grupos delincuenciales en contubernio con el gobierno de Felipe Calderón– se equipara con traición a la patria al imponernos una guerra que ha devastado a México.

 

 

¿Dónde están ahora los 15 mil desaparecidos del actual sexenio (que terminará con cerca de 70 mil muertos, miles de desplazados, miles de torturados y presos injustamente en este modelo actual que no nos dio ni seguridad ni justicia)?

 

¿Cuál es el nuevo contexto que tenemos de la desaparición forzada en México, y cuál es el hilo de continuidad entre el poder actual y el pasado? Ese hilo se llama impunidad. En la búsqueda de los desaparecidos y en el supuesto cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Rosendo Radilla aún se sigue buscando a ciegas: hasta hoy ninguna autoridad responsable, ningún servidor público por pequeño o grande que sea, ha aportado un solo dato para establecer el paradero de las personas que fueron llevadas desde la década de 1970.

 

La desaparición forzada de personas es un delito contra la humanidad; es considerado el más grave, incluso más allá de la ejecución extrajudicial, puesto que genera más víctimas por sus efectos a distancia (y que llamamos teletortura: efectos torturantes que, como ondas expansivas, afectan a quienes no son amenazados directamente, pero por el sólo hecho de la incertidumbre de pensar en el ser desaparecido viven todos los rasgos de la tortura y que con suma frecuencia se revictimiza).

 

Injerencia de Estados Unidos

 

El nuevo contexto en el cual se da este fenómeno de desaparición forzada es en el marco de la guerra contra la delincuencia organizada, y tiene que ver con la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de México mediante acuerdos de colaboración como la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), sin que pasen por el conocimiento y aprobación del Poder Legislativo. Son los ejecutivos de ambos países los responsables.

 

Actualmente Eric Holder, procurador de justicia de Estados Unidos, está sometido a un proceso judicial por el operativo Rápido y Furioso, con el que se dotó de armas de alto poder y pertrechos a los grupos delincuenciales y por favorecer el lavado de dinero de éstos. Sin embargo en México no hay nada. Y para colmo, ni el mismo Obama ni su equipo más cercano reconocía la existencia de este operativo. Lo mismo hicieron las autoridades mexicanas. Durante el gobierno de Bush también hubo un operativo similar: Receptor Abierto. Es decir, hay una injerencia extranjera que por sí sola ha tenido efectos devastadores en México, cuyas autoridades debieran ser enjuiciadas por alta traición a la patria.

 

¿Dónde está el papel del Congreso de la República como garante para sancionar este tipo de conductas con las facultades que supuestamente tiene? ¿Dónde está la cancillería mexicana avanzando en el panel internacional para sancionar la política de Estados Unidos en esta situación tan gravísima que hoy tenemos? Una crisis humanitaria como nunca en la historia de nuestro país. Vemos como lícito e incluso plausible que Estados Unidos brinde ayuda militar millonaria para esta guerra absurda, que tantas ganancias deja a la industria militar estadunidense.

 

Porque son ellos, los asesores estadunidenses, los que han promocionado los métodos de tortura. Recordamos el escándalo que se generó cuando se descubrieron asesores extranjeros capacitando a la policía municipal en Irapuato, Guanajuato, en prácticas de tortura. ¿Y qué paso? Nada, no paso nada. Es decir, la tortura y la desaparición forzada son métodos sistemáticos que se aplican como práctica, como política de Estado.

 

 

Todos los migrantes que pasan hacia Estados Unidos viven una situación gravísima de trata de personas, que se puede evitar si en México se extendiera un visado tipo Shengen, como se hace en la Unión Europea, es decir: simplemente con la exhibición del pasaporte se entrega la visa, y el libre tránsito sería legal en nuestro país. ¿Por qué someter a condiciones de tanto riesgo a personas indocumentadas? Iniciativa sin duda alguna que deberá analizarse como asignatura pendiente para prevenir la desaparición forzada de personas. Si es responsabilidad del gobierno mexicano la seguridad de todas las personas en nuestro territorio, recordemos entonces la omisión de tal deber gubernamental en la masacre de San Fernando, Tamaulipas, y de tantas y tantas muertes, abusos y miles de desaparecidos que están siendo víctimas de redes delincuenciales.

 

 

Necesitamos que se legisle en esta materia fuente de corrupción y tenemos que transparentar la riqueza de cualquier persona. Y precisamente el secreto bancario permite que se administren grandes recursos que facilitan que la delincuencia lave dinero y corrompa.

 

 

Ahora es necesario que entendamos que los delitos contra la humanidad son graves, que deben ser tipificados en nuestras leyes de acuerdo a las normas internacionales. Son imprescriptibles. Tenemos que modificar el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que pueda aplicarse y no se invoque el carácter retroactivo cuando se trate de los delitos contra la humanidad. Además, que deban perseguirse de oficio.

 

Hemos insistido y criticado mucho a la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos del gobierno federal y el programa nacional de derechos humanos porque demostraron su ineficacia. Lo mejor será lograr una ley general de derechos humanos con apego al derecho internacional de los derechos humanos y estándares de gasto público, de acuerdo con lo que se recomienda del porcentaje del producto interno bruto; que se genere el consejo nacional de derechos humanos como coordinación de esfuerzos republicanos en que el gobierno federal, los gobiernos estatales, municipales y los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial articulen sus acciones junto con la sociedad civil; asimismo, dar paso a un sistema nacional de registro de violaciones a los derechos humanos, donde se reflejen los esfuerzos de todas las organizaciones no gubernamentales (ONG) que existimos en el país para tener dos periodos de sesiones al año y, a través de grupos de trabajo, cada uno con su mandato específico, podríamos articular agendas, análisis, establecer patrones de comportamientos de violación a los derechos humanos, mecanismos de protección, de seguimiento y de información. No sólo desde una red o un grupo sino de manera coordinada. Eso les daría mucha más fuerza, se generarían las posibilidades de planes de acción más dinámicos y más coordinados de todas las ONG. También tenemos que hacer algo para poder derogar todas las jurisprudencias que permiten la violación a los derechos humanos desde el propio Poder Judicial de nuestro país, que deja mucho que decir y deja mucho que desear en materia de protección de los derechos humanos.

 

La próxima legislatura y las instancias republicanas de México deberán de aprobar, vigilar, supervisar y sancionar todos los acuerdos de colaboración internacional en materia miliar y policiaca. Se tiene que recurrir a los sistemas internacionales de justicia para poder luchar contra esta imposición de políticas de seguridad nacional que ni siquiera protegen ni dan seguridad a los mexicanos y sólo pretenden servir a Estados Unidos.

Conoce nuestros derechos para defenderlos, ya que defenderlos es garantizarlos. Súmate a la defensa de los derechos humanos, aprende con nosotros.

 

¡Una llama encendida para los derechos de los pueblos!

 

*Médico, maestro en ciencias en atención integral de salud y defensor de los derechos humanos; presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), AC

 

 

Fuente: Contralínea 289