Clara G Meyra Segura*

 

 

José Joaquín Blanco

 

El 12 de agosto pasado se conmemoró el Día Internacional de la Juventud, decretado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, como una manera de recordar a los Estados la situación apremiante que vive esta población en el mundo.

 

Desde México se hace necesario evidenciar que durante este sexenio se ha agudizado la situación de vulnerabilidad en la que viven las juventudes. Nos encontramos en uno de los momentos históricos en los que existen más jóvenes, no sólo en México, sino en el mundo. Sin embargo, tanto el sistema económico como político los mantiene en una profunda exclusión: en 2009, según datos de la Organización Internacional del Trabajo, el desempleo juvenil alcanzó su máximo histórico. No es fortuito que para responder ante esta realidad exista una relación muy estrecha entre desempleo, manifestaciones sociales, redes sociales y movilizaciones de jóvenes.

 

Hoy son las personas jóvenes uno de los grupos sociales más mencionados. Escuchamos que se nombran a través de los medios de comunicación, los partidos políticos, las instituciones, etcétera. El movimiento Yo Soy 132 ha generado un sinfín de opiniones en torno a la juventud, al grado de colocarlos como protagonistas de la situación que vive actualmente el país.

 

¿Cómo se encuentran los derechos de las juventudes en México a unos meses de que termine el sexenio?

 

En 2006, Felipe Calderón presumió ser el “presidente del empleo”. En la presentación del Programa Nacional de Juventud, en 2008, se declaró que México es un país joven (lo que significa “mano de obra”). En este contexto, se expresó que esto era un atisbo de esperanza para salir de la pobreza. A pesar de que existe dicho Programa, el enfoque planteado en ese documento contempla a las y los jóvenes como objetos de política y no como sujetos tomadores de decisiones. Datos de la Comisión Económica para América Latina informan que casi la mitad de las personas jóvenes viven en pobreza; se destaca que más mujeres jóvenes viven en esta condición, a lo que en los últimos tiempos se le denomina “feminización de la pobreza”.

 

Las acciones llevadas a cabo en este sexenio por parte de los gobiernos están justificadas en la llamada “guerra” contra el narcotráfico. Han justificado el fortalecimiento de la seguridad a través de la militarización, lo que permeó todos los aspectos de la vida del país. Aquí una evidencia de los intereses a los que responde la política en México: el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados informó a principios de 2012 que el presupuesto para el gasto federal en educación por subfución sólo se incrementó en 0.3 por ciento; mientras que para los ramos de seguridad pública, gobernación, servicios de inteligencia, procuración de justicia, entre otros, aumentó en un 12.4 por ciento, sin contar que hace algunas semanas el diario El Universal informó la existencia de contratos donde se muestra que la Secretaría de la Defensa Nacional erogó cerca de 5 mil millones de pesos de marzo de 2011 a marzo de 2012 para adquirir equipos de espionaje.

 

A partir de lo anterior se hace evidente la violencia con la que ha venido actuando el Estado: en 2009 en Quechultenango, Guerrero, soldados del 21 Batallón de Infantería del Ejército golpearon a 26 jóvenes y niños que entrenaban en la cancha de futbol; en enero de 2010, fueron asesinados 24 jóvenes entre 16 y 23 años en Ciudad Juárez y Torreón. La respuesta de los órdenes de gobierno fue la probable relación con el crimen organizado, sin conocimiento de hechos, lo cual viola en primera instancia el derecho a la vida, y después, al debido proceso y a la no discriminación; en diciembre de 2011, durante una movilización de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Tixtla, Guerrero, efectivos de las policías Federal, estatal y agentes ministeriales asesinaron a dos jóvenes estudiantes: Gabriel Echeverría de Jesús, de 21 años, originario de Tixtla; y a Érick Alexis Herrera Pino, de Ayutla de los Libres. Los medios de comunicación reportaron al menos una veintena de detenidos. El caso aún no queda resuelto y la motivación de esa manifestación tuvo que ver con mejores condiciones educativas, es decir, se violó el derecho a la vida, el derecho a la libre manifestación de las ideas y a la educación, entre otros. En abril de 2012, la Policía Estatal Preventiva de Michoacán desalojó violentamente, en la madrugada, a más de 200 jóvenes de dos albergues, entre los que se encontraban menores de 18 años. Dicho operativo se “justificó” en las acciones que estudiantes realizaron, las cuales fueron calificadas como delitos, sin embargo la falta de respuestas por parte de autoridades universitarias y estatales fueron el precedente para que estudiantes buscaran el cumplimiento de mejores condiciones en su educación.

 

Los hechos anteriores son sólo algunos casos que muestran las respuestas por parte de los distintos órdenes de gobierno hacia las juventudes; estos jóvenes son pobres, rurales, indígenas y esto les pone en un grado de mayor vulnerabilidad.

 

Lamentablemente en este sexenio también las malas condiciones para mujeres jóvenes se agudizan a partir de la intensificación de los feminicidios, pues aún existe un amplio porcentaje de mujeres jóvenes asesinadas en varios estados del país; los más documentados se encuentran en Chihuahua y en el Estado de México.

 

El desempleo, así como los salarios precarios; la falta de oportunidades en educación, salud, entre otros derechos humanos, les están siendo violados a los jóvenes debido a la condición de vulnerabilidad en la que se encuentran. Cabe señalar que la vulnerabilidad no es en sí algo dado, sino que el Estado no está cumpliendo con sus obligaciones de garantizar, respetar, proteger y promover los derechos humanos de la población.

 

De acuerdo con los ejercicios de documentación e investigación realizados por la sociedad civil, los derechos humanos más violentados son: educación, empleo, salud, no discriminación y participación juvenil. El Estado mexicano tiene grandes pendientes: por un lado no se ratificó la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, único instrumento a nivel internacional que reconoce a mujeres y hombres jóvenes como sujetos plenos de derechos; no existe una ley federal de juventud, las legislaciones estatales siguen sin tener elementos de exigibilidad, políticas públicas ni presupuestos.

 

Las instancias de juventud están carentes de una transversalización de política pública para jóvenes. Las fuentes de diagnóstico, como informes, para este sector de la población ahora son más carentes. Después de que la Encuesta nacional de juventud con datos desagregados y con perspectiva de juventud fue en 2005, el Instituto Mexicano de la Juventud realizó la última encuesta en 2010, que resultó carente en metodología y datos que aportaran en el beneficio de las y los jóvenes. Así se aceptaron acciones y leyes violatorias de derechos humanos como la Ley del Primer Empleo y la reforma a la Ley de Justicia para Adolescentes, que aprobó la reducción de la edad penal a 14 años. El programa federal de becas sólo beneficia a universidades privadas (empresas) convirtiendo el derecho a la educación en una mercancía.

 

El movimiento Yo Soy 132 es el reflejo de diversas situaciones de la realidad de nuestro país. En un proceso electoral nublado y con un sinfín de irregularidades que siguen en pugna, su manifestación junto con otros actores sociales muestra una vez más que los gobiernos atienden a intereses empresariales, extranjeros y de una minoría en el poder. Este movimiento, por tanto, es un agente fundamental que va trazando historia por su labor en la reivindicación de los derechos humanos. En todos los momentos de la historia del país las juventudes han estado presentes, sin embargo, en pocos momentos se les contempla como protagonistas de las transformaciones, basta con mirar un poco hacia atrás.

 

Ante esta realidad, y todo lo que falta por evidenciar, desde el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria ubicamos que existe una urgencia de construir políticas públicas que se ocupen de las juventudes. Éstas tendrían que ser integrales, desde un enfoque de derechos humanos, de género y juvenil, es decir, como un conjunto de acciones transversales interinstitucionales e intergeneracionales. El Estado tiene la responsabilidad de planear, construir, desarrollar y evaluar las políticas de juventud con y desde la juventud, tomando en cuenta que es un grupo con identidades diversas.

 

Por último, los órdenes de gobierno deben cumplir con sus obligaciones en los casos donde se han violado los derechos humanos de las juventudes, administrar la justicia en cada uno de los casos que hasta hoy siguen impunes. Además de respetar los derechos de aquellas personas jóvenes que actualmente se encuentran participando de diversas formas en la defensa legítima de un país justo, diverso, democrático y digno para todas las personas.

 

*Coordinadora del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC

 

 

 

 

 

Fuente: Contralínea 298 / Agosto de 2012