Salim Lamrani/Red Voltaire

 

Ante la crisis económica actual, la Unión Europea ha elegido el camino de la austeridad y ha decidido salvar los bancos. Islandia, en cambio, procedió anteriormente a la nacionalización de las instituciones financieras y rechazó las políticas de restricción presupuestaria. Hoy presenta una tasa de crecimiento de 2.7 por ciento, y hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI) saluda la recuperación económica de ese país.

 

En septiembre de 2008, cuando la crisis económica y financiera golpeó a Islandia, pequeño archipiélago al Norte de Europa con una población de 320 mil habitantes, el impacto fue tan desastroso como en el resto del continente. La especulación financiera llevó a la quiebra a los tres principales bancos islandeses, cuyos activos representaban una suma 10 veces superior al producto interno bruto (PIB) de la nación, con una pérdida neta de 85 mil millones de dólares.

 

La tasa de desempleo se multiplicó por nueve entre 2008 y 2010, en un país que hasta entonces gozaba del pleno empleo. La deuda de Islandia representaba el 900 por ciento del PIB y la moneda nacional perdió el 80 por ciento de su valor respecto del euro. El país cayó en una profunda recesión y su PIB descendió en un 11 por ciento en sólo 2 años.

 

 

En 2009, cuando el gobierno quiso aplicar las medidas de austeridad que exigía el FMI a cambio de una ayuda financiera de 2 mil 100 millones de euros, una fuerte movilización popular lo obligó a renunciar. En elecciones anticipadas, la izquierda ganó la mayoría absoluta en el Parlamento.

 

No obstante, el nuevo poder adoptó la ley Icesave (nombre que procede del banco online que quebró y cuyos ahorristas eran en su mayoría holandeses y británicos), con el fin de reembolsar a los clientes extranjeros.

 

Esta legislación obligaba a los islandeses a pagar una deuda de 3 mil 500 millones de euros (40 por ciento del PIB), es decir, 9 mil euros por habitante, a 15 años y con una tasa de interés del 5 por ciento. Frente a las nuevas protestas populares, el presidente se negó a ratificar el texto parlamentario y lo sometió a un referéndum. En marzo de 2010, el 93 por ciento de los islandeses rechazó la ley sobre el reembolso de las pérdidas de Icesave. Cuando la ley se sometió a un nuevo referéndum, en abril de 2011, el 63 por ciento de los ciudadanos volvió a rechazarla.

 

Una nueva constitución fue redactada por una asamblea constituyente de 25 ciudadanos elegidos por sufragio universal de entre 522 candidatos, constitución que consta de nueve capítulos y 114 artículos. Se adoptó finalmente en 2011. La nueva carta magna instaura el derecho a la información, con acceso público a los documentos oficiales (artículo 15), prevé la creación de un Comité de Control de la Responsabilidad del Gobierno (artículo 63), el derecho a la consulta directa (artículo 65, en el que un 10 por ciento de los electores puede pedir un referéndum sobre las leyes que vota el Parlamento), así como el nombramiento del primer ministro por el Parlamento.

 

Así, contrariamente al resto de las naciones de la Unión Europea que se ven en la misma situación y que aplicaron escrupulosamente las recomendaciones del FMI (institución que exigía medidas de austeridad severa, como se ha hecho en los casos de Grecia, Irlanda, Italia o España), Islandia eligió una vía alternativa. Cuando los tres bancos principales del país (Glitnir, Landsbankinn y Kaupthing) se derrumbaron en 2008, el Estado islandés se negó a inyectarles fondos públicos –como lo ha hecho el resto de Europa– y procedió a nacionalizarlos.

 

Del mismo modo, los bancos privados tuvieron que cancelar todos los créditos con tasas variables superiores al 110 por ciento del valor de los bienes inmobiliarios. Esto evitó una crisis de subprime (créditos basura) como la de Estados Unidos. Además, la Corte Suprema islandesa declaró ilegales todos los préstamos ajustados a divisas extranjeras otorgados a particulares, y obligó a los bancos a renunciar a sus créditos en beneficio de la población.

 

En cuanto a los responsables del desastre (banqueros especuladores que provocaron el derrumbe del sistema financiero islandés) no fueron tratados con la mansedumbre que se ha mostrado hacia ellos en el resto de Europa, donde han sido sistemáticamente exonerados. En efecto, Olafur Thor Hauksson, fiscal especial nombrado por el Parlamento para ocuparse de ellos, los mandó a los tribunales y han sido encarcelados. Hasta el propio exprimer ministro, Geir Haarde, se vio obligado a comparecer ante la justicia.

 

 

Los resultados de la política económica y social islandesa han sido espectaculares. Mientras la Unión Europea se encuentra en plena recesión, Islandia obtuvo una tasa de crecimiento de un 2.1 por ciento en 2011, prevé una tasa de 2.7 por ciento para 2012 y una tasa de desempleo de 6 por ciento. El país se dio incluso el lujo de proceder al reembolso anticipado de sus deudas con el FMI.

 

El presidente islandés, Ólafur Grímsson, explica este “milagro” económico: “La diferencia es que en Islandia dejamos que los bancos quebraran. Eran instituciones privadas. No inyectamos dinero para salvarlas. El Estado no tiene por qué asumir esa responsabilidad”.

 

 Contra todo pronóstico, el FMI saludó la política del gobierno islandés (el cual aplicó medidas totalmente opuestas a las que preconiza esa institución), política que ha permitido preservar “el valioso modelo nórdico de protección social”. En efecto, Islandia dispone de un Índice de Desarrollo Humano bastante elevado. “El FMI declara que el plan de rescate al modo islandés ofrece lecciones para los tiempos de crisis”. La institución agrega que “el hecho de que Islandia haya logrado preservar el bienestar social de las unidades familiares y conseguir una consolidación fiscal de gran envergadura es uno de los mayores logros del programa y del gobierno islandés”. No obstante, el FMI omitió precisar que estos resultados fueron posibles sólo porque Islandia rechazó su terapia de choque neoliberal y elaboró un programa de estímulo económico alternativo y eficiente.

 

El caso de Islandia demuestra que existe una alternativa creíble a las políticas de austeridad que hoy se aplican en toda Europa. Además de ser económicamente ineficientes, esas políticas de austeridad son políticamente costosas y socialmente insostenibles. Al elegir poner el interés general por encima del interés de los mercados, Islandia muestra al resto del continente (y del mundo) la vía para escapar del callejón sin salida.

 

 

 

Fuente: Contralínea 313