Xavier Caño Tamayo*/Centro de Colaboraciones Solidarias

 

En España, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública ha reclamado a la Fiscalía General del Estado que paralice, en la región autónoma de Madrid, el cobro de 1 euro por receta médica dispensada. Una tasa recién impuesta por el gobierno regional del Partido Popular en Madrid para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud, dicen. Garantizar la sostenibilidad es el subterfugio falaz de todas las contrarreformas neoliberales que vulneran derechos. La otra excusa esgrimida por el gobierno regional es que se malgastan muchos medicamentos, como indican varios estudios: casi la cuarta parte de españoles reconoce que guarda cajas de medicinas en casa que ya no usan.

 

Hay otras medidas efectivas para un uso racional y efectivo de medicamentos que nada tienen que ver con el afán recaudatorio de cobrar 1 euro por receta, como utilizar fármacos en dosis unitarias que ajusten la terapia necesaria. Pero esa medida no gusta a la industria farmacéutica, a la que no le importa que se desechen toneladas de medicamentos, porque finalmente los cobran (se desechen o no), y otras dosificaciones supondrían más costos para la industria.

 

Ya el Consejo de Estado había considerado que podía ser inconstitucional el cobro de 1 euro por receta –tasa que se aplica desde hace meses en la autonomía de Cataluña–, porque discrimina a la ciudadanía de la región de Madrid respecto a la de otras comunidades autónomas. Y, para rematar el despropósito, las farmacias madrileñas no disponen de infraestructura informática adecuada para contabilizar el cobro de 1 euro por receta para la administración regional.

 

En realidad, esa tasa forma parte de la consideración de la salud como negocio y no como derecho indiscutible. Para los neoliberales que desgobiernan es además negocio con pingües beneficios. Será por eso que el gobierno del Partido Popular de la región de Madrid ha privatizado seis hospitales y 27 centros de salud de atención primaria. Y como estos neoliberales son tan tramposos, a la privatización la llaman “externalización” sanitaria.

 

Dicen que su plan de “externalización” permitirá aprovechar recursos y reducir costos. Pero la experiencia privatizadora en la comunidad autónoma de Valencia demuestra justamente lo contrario: disminución de la calidad en la atención sanitaria y bastante más gasto. El costo de una cama en un hospital privado es de 1 mil 660 euros diarios, cuando en un hospital público sólo es de 955 euros, según un estudio de sindicatos del sector sanitario. Y en Alemania, a la cabeza de las contrarreformas neoliberales en Europa, además de varios repagos sanitarios (volver a pagar quien ya ha pagado con sus impuestos), que ellos insisten en llamar “copagos”, no pueden presumir de que la privatización de hospitales públicos haya sido un éxito. Un estudio de la Munich School of Management deja muy claro que “los resultados empíricos muestran que los hospitales privados son menos eficientes en controlar costos que los públicos”. Otro estudio, publicado en Health Policies en 2012, concluye que “la evidencia de Alemania muestra que los hospitales privados no son una mejora de eficiencia respecto a los públicos”.

 

El otro argumento falaz para maquillar tales contrarreformas es que no hay dinero estatal para ofrecer sanidad pública de calidad. Pero el profesor Vicenç Navarro explica que, “de 2007 a 2011, las empresas declararon en España 851 millones 933 mil euros de beneficios, por los que tributaron 101 millones 421 mil euros: esto roza un 12 por ciento de tipo impositivo. Si hubieran pagado un 28 por ciento sobre beneficios (tipo impositivo medio, según la Agencia Tributaria), sin tantas deducciones y elusiones que alegremente concede el gobierno, el Estado hubiera obtenido ingresos por 141 mil millones de euros. La diferencia entre ambas recaudaciones (ingresada y que se hubiera podido ingresar) coincide con el volumen de recortes de gasto público (sanidad incluida) que los gobiernos imponen desde hace 4 años a la ciudadanía española”. España continúa siendo escaparate de Europa.

 

Pero la salud no es negocio, sino un derecho humano. Además, cobrar 1 euro por receta no resuelve nada y es una medida miserable. Por fortuna, también crece la objeción ciudadana a pagar ese euro; tan es así que el gobierno de la región de Madrid ha preparado un formulario que los objetores a abonar 1 euro por receta deberán cumplimentar para luego cobrarles ese euro con recargo de 20 céntimos por vía de apremio.

 

Lo dicho, miserable, además de que esta tasa perjudica especialmente a los enfermos crónicos que precisan terapia continua y serán los que más paguen.

 

*Periodista y escritor

 

 

Fuente: Contralínea 318 / enero de 2013