La paraestatal que encabeza Emilio Lozoya Austin asegura que actúa con estricto apego a derecho. Añade que el pasado 24 de mayo SK Engineering y Siemens presentaron ante la Corte Federal del Distrito Sur del Estado de Nueva York una petición para que el juez desestime la demanda presentada por Pemex, derivada de violaciones a la Ley sobre Prácticas de Corrupción en el Extranjero, en relación con el proyecto para la reconfiguración de la Refinería de Cadereyta, Nuevo León, a fin de resarcir los daños ocasionados a la paraestatal, así como los gastos asociados.

 

Pemex recuerda en su comunicado que fue Conproca la que originalmente, en 2011, llevó el caso a la Corte de Nueva York. “Ahora,  las empresas demandadas alegan que se plantean asuntos ya resueltos en un arbitraje”. No obstante, indica la paraestatal, “lo que se discutió en arbitraje fueron los pagos realizados a Conproca y si ésta había ofrecido el soporte documental que, de manera suficiente y clara, justificara la legitimidad de las facturas presentadas y la procedencia de su pago, más no [los] actos fraudulentos relacionados con el contrato”.

 

Para la defensa de Petróleos Mexicanos, Siemens y SK Engineering elaboraron y llevaron a cabo un sistema de presentación de facturas fraudulentas (firmadas y autorizadas por el gerente general de SK Engineering), que fueron transmitidas por Conproca a un fideicomiso en Nueva York para su pago.  Así, cada pago se iniciaba en la cuenta de dicho fideicomiso y se depositaba en una cuenta de Conproca en Citibank, también de Nueva York.

 

Este tema se remonta a 1998, cuando Conproca (o Consorcio Proyecto Cadereyta, en el que también participaba la empresa mexicana Tribasa) fue contratada por la filial Pemex Refinación para la reconfiguración y modernización de la Refinería Héctor Lara Sosa, ubicada en Cadereyta, Nuevo León. Para 2001, el consorcio ya había demandado a México en cortes internacionales para exigir una millonaria indemnización.

 

En agosto de ese año, la Procuraduría General de la República abrió una averiguación por unos supuestos pagos injustificados a favor de Conproca. La investigación alcanzaba a varios funcionarios de Pemex, entre ellos el entonces titular de la subsidiaria, Jaime Mario Willards Andrade.

 

Un mes después, el consorcio acudió a la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, en París, Francia, y entabló un juicio en contra de Pemex y de Pemex Refinación, por la falta de pagos adicionales que se generaron durante la ejecución de su contrato.

 

El monto de dicho contrato ascendió a 1 mil 800 millones de dólares por las modificaciones que fue sufriendo. A pesar del alto costo, la obra estaba inconclusa cuando los funcionarios de la petrolera pagaron el finiquito del contrato.

 

En su comunicado, Pemex afirma que las acciones fraudulentas causaron daños a Pemex y a Pemex-Refinación por millones de dólares, sin precisar una cifra.

 

“El referido sistema buscaba, además, compensar el déficit financiero en que incurrió Conproca al haber presentado una oferta en términos económicos muy inferiores a los de mercado, promoviendo, a través de sobornos, la firma de diversos convenios, plazos adicionales y extensión de plazos para la ejecución de garantías relacionadas con el contrato. Lo anterior tuvo lugar a pesar de las opiniones negativas del CICATA-IPN (auditor técnico del contrato), en el sentido de que los pagos reclamados por Conproca no estaban considerados originalmente o no se documentaron de manera adecuada”, refiere Pemex.

 

La paraestatal agrega que estos últimos esfuerzos de Siemens y SK para desestimar la demanda “no sorprenden,  debido a que ambas compañías, a pesar de la clara procedencia de la acción promovida, prácticamente han copiado sus peticiones en un intento de ignorar los efectos de dicha demanda, alegando la inaplicabilidad de la Ley sobre Prácticas de Corrupción en el Extranjero y la incompetencia de la Corte Federal del Distrito Sur del Estado de Nueva York, hechos que Pemex ha demostrado con pruebas”.

 

La paraestatal mexicana concluye su boletín con la promesa de “que continuará actuando en estricto apego a derecho y en el marco de las acciones y medios de defensa que las leyes le otorgan, por lo que rechaza toda gestión que pretenda evadir el debido proceso legal por el que deben velar las autoridades jurisdiccionales y generar confusión en la opinión pública”.