La justicia argentina avanza en los juicios contra los represores que, durante el periodo de la dictadura militar, cometieron desapariciones forzadas, torturas, violaciones, asesinatos, robos de niños… Sin embargo, muchos de ellos logran evadir las penas porque aún cuentan con una poderosa red que los oculta, les consigue documentos falsos y los traslada de un país a otro

Marcela Valente/IPS

Buenos Aires, Argentina. Los avances de Argentina en materia de juicio y penalización a responsables de delitos de lesa humanidad perpetrados por la última dictadura se ven empañados últimamente por las fugas de varios de esos represores, al amparo de condiciones de detención consideradas laxas.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos están preocupadas por el aumento en la cantidad de prófugos, que se incrementó de casi 40 personas a 54 en sólo 1 año, según Lorena Balardini, investigadora del no gubernamental Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

“El número anterior era histórico y persistente. Había unos que eran capturados, pero se fugaban otros, es decir que había como un ‘staff permanente’. Pero nos llama la atención que desde 2012 la cantidad de prófugos haya saltado a 54”, subraya en entrevista con Inter Press Service (IPS).

Datos del Ministerio Público Fiscal actualizados hasta julio de este año dan cuenta de que en Argentina están bajo proceso 1 mil 49 personas en el marco de los juicios por las violaciones a los derechos humanos perpetradas por la dictadura (1976-1983).

También se indica que fueron juzgadas, en este marco, 471 personas acusadas por los delitos de secuestro, tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y otros contra la humanidad, de las cuales, 426 fueron condenadas.

En tanto, hay 853 detenidos, entre condenados y procesados: más de 60 por ciento, en cárceles comunes; 36 por ciento, en arresto domiciliario, y el resto, en dependencias de fuerzas de seguridad o internados en hospitales por algún problema de salud.

Balardini, coordinadora del Área de Investigación del CELS, admite que no hay una explicación contundente para este aumento de evasiones de la justicia, aunque sugiere que puede estar relacionada con “la flexibilidad de las condiciones de detención” de algunos represores, ya sea por decisión judicial o de las autoridades penitenciarias.

El último caso que catapultó sospechas de privilegio ocurrió el 25 de julio, cuando escaparon Jorge Olivera y Gustavo de Marchi, quienes habían sido condenados junto a otros seis represores el 4 del mismo mes en la occidental provincia de San Juan; el primero, a prisión perpetua, y el segundo, a 25 años de prisión efectiva.

Olivera y De Marchi habían sido trasladados de su lugar de detención, en San Juan, al Hospital Militar Central Cosme Argerich (ubicado en la ciudad de Buenos Aires y a una distancia de 1 mil 300 kilómetros aproximadamente) para presuntas consultas en dermatología, quinesiología y siquiatría.

El pedido fue tramitado por la esposa de Olivera, Marta Ravasi, sicóloga de ese hospital, y rechazado en primera instancia por el tribunal que juzgó a los condenados. Pero el juez subrogante, Miguel Ángel Gálvez, de San Juan, aceptó la solicitud y firmó el traslado.

Poco después de llegar a la consulta, los dos condenados desaparecieron del edificio. La justicia argentina pidió su captura y la Policía Internacional emitió la orden de inmediato.

Para apoyar la búsqueda, el Ministerio de Justicia ha ofrecido una recompensa de 2 millones de pesos argentinos (unos 364 mil dólares) a quien brinde datos que permitan encontrarlos.

También, los ministerios del gabinete del gobierno centroizquierdista de Cristina Fernández destituyeron y pasaron a retiro a militares y funcionarios penitenciarios vinculados con esta fuga, al mismo tiempo que presentaron una denuncia penal contra el juez Gálvez.

En prevención de nuevos escapes, se suspendieron todos los traslados de detenidos en estas causas y los suscribieron, el pasado 29 de julio, a un convenio para revisar las condiciones médicas de todos los imputados.

Los detenidos ya no serán llevados a hospitales de las Fuerzas Armadas, sino al centro de salud que corresponda a cada unidad penitenciaria. Cada traslado se hará, además, en función de síntomas o dolencias certificadas y no del simple pedido del reo como hasta ahora, explicaron funcionarios.

El Ministerio de Justicia tiene un Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia relacionadas con delitos de lesa humanidad, que registra 52 casos de prófugos por los que se ofrece recompensa.

“El caso más difícil es el de [Jorge] Vildoza”, asegura Balardini. Se refiere al excapitán de navío que fue uno de los jefes de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) en 1976 y 1977, cuando esa institución devino en un centro clandestino de detención, tortura y asesinatos, uno de los más activos en la dictadura.

Vildoza y su esposa, Ana María Grimaldos, se mudaron a Suiza en 1986 llevando consigo un niño que había nacido en la Esma en 1977. Dos años después, la justicia argentina pidió su captura internacional por apropiación del menor, pero el represor nunca respondió al llamado.

En 1998, el joven apropiado se presentó ante la justicia argentina y se sometió a un examen de ADN para corroborar su identidad. Resultó ser Javier, el hijo de Hugo Penino y de Cecilia Viñas, quien fue apresada con 7 meses de embarazo y vista entonces en la Esma. Estas dos personas siguen desaparecidas.

Pero Javier Penino Viñas permaneció con sus apropiadores hasta que se casó.

Grimaldos fue detenida hace 1 año en Argentina tras ingresar con un pasaporte falso, y actualmente está procesada por apropiación de niños. Asegura que su esposo falleció, pero la búsqueda sigue.

Balardini sostuvo que el problema de las fugas se arrastra desde el comienzo de los juicios por crímenes de la dictadura, reactivados a mitad de la década pasada tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, dictadas en la década de 1980, que permitieron alejar de tribunales a los represores de cualquier jerarquía. Esas normas también fueron declaradas inconstitucionales.

El CELS señala que estos criminales han mostrado tener redes de apoyo y recursos económicos que les permiten obtener documentación falsa, acceder a abogados, trasladarse de un país a otro y sostenerse económicamente lejos de la justicia.

Para esta activista, la oferta de recompensa emitida por el gobierno sirve porque coloca el tema en la agenda y le da visibilidad, pero las condiciones de detención de estos presos son “mejores” que las de los detenidos comunes y, por tanto, favorecen su fuga, insiste.

“Nos llaman mucho la atención los casos de represores que ya han estado prófugos y que, pese a pedidos [solicitudes] en contrario de fiscales y abogados querellantes, obtienen la excarcelación de los jueces y luego se fugan”, explica.

Olivera, uno de los favorecidos por las también llamadas “leyes del perdón”, había sido detenido en 2000 en Italia por pedido de la justicia francesa. Pero este exmayor obtuvo documentación apócrifa que le permitió salir entonces en libertad.

Finalmente y tras la reactivación de estos juicios en Argentina, la justicia ordenó su captura en 2007 y sólo 1 año después fue arrestado, sometido a juicio oral y condenado en julio pasado.

Margarita Camus –víctima que prestó testimonio en el proceso contra Olivera, De Marchi y otros– expresó su preocupación por la fuga. “Sabemos la clase de personas que son, cómo se mueven en la clandestinidad, y nos genera intranquilidad, incertidumbre, preocupación”.

Casos como el de Olivera y De Marchi se reiteran en otros distritos, sólo que los fugados son menos conocidos. Por ejemplo, Carlos Arroyo, quien se escapó en mayo, cuando gozaba de libertad condicional a la espera del juicio oral al que se debía someter, tal como se encuentran otros acusados actualmente en la suroriental ciudad de Bahía Blanca.

En Formosa, en el Noreste del país, el proceso contra otros nueve presuntos criminales comenzó el 31 de julio pasado por el secuestro de 74 personas. Pero el principal acusado, Ángel Spada, quien también estaba excarcelado, no estuvo presente porque huyó en junio, justo en vísperas del comienzo del juicio.

Fuente: Contralínea 351 / 9 al 15 septiembre de 2013