En la actualidad, el descrédito de las instituciones crece de manera exponencial. Las y los ciudadanos están retomando las calles para cambiar las condiciones de desigualdad y precariedad. Los espacios públicos, los medios de comunicación alternativos y otras modalidades de expresión colectiva hacen visibles las demandas de los pueblos ante gobiernos que responden a un sistema económico que despoja la vida en todas sus formas. América Latina es hoy una muestra viva de lo que las movilizaciones sociales llevan a cabo para resistir los embates del sistema capitalista.

El Informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), titulado La protesta social en América Latina y publicado en 2013, refleja que en el continente existen severas rupturas institucionales y crisis en materia de gobernabilidad democrática, como fue el caso del golpe de Estado en Honduras en junio de 2009. El estudio destaca, sin embargo, que este tipo de tensión, que alcanza un nivel máximo de radicalización y crisis de gobernanza, no ha sido la norma en la región durante los últimos años. La mayor parte de las protestas sociales incluyen, entre otras formas, declaraciones, manifestaciones y huelgas. También menciona que las “principales demandas suelen abarcar desde temas de salud, trabajo y educación, hasta cuestiones de derechos humanos y ecológicas, como el control de los recursos naturales”.

Ante el cansancio de diversos sectores oprimidos y excluidos por un sistema tan desigual y violento, nace desde la ciudadanía un espacio de organización que juzga a los Estados denominado Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP). Quien lo impulsó en un primer momento fue el abogado italiano Lelio Basso, que decidió generar distintas acciones en favor de los pueblos oprimidos, pues en la historia de la humanidad se han presentado múltiples ejemplos de situaciones en las que el Estado y el derecho son puestos al servicio de intereses sectoriales. Y ya que la experiencia de muchas luchas ha sido que el derecho y la justicia no pueden ser confiados a los órganos del Estado, se vio la necesidad de generar un tribunal independiente que pueda atender el sufrimiento de los pueblos en todos los ámbitos de la sociedad, teniendo en cuenta que uno de los actores involucrados en las injusticias es el sector empresarial.

El TPP se originó gracias a la experiencia del Tribunal Russell, que analizó las dictaduras militares en Latinoamérica y juzgó los crímenes de los estadunidenses en Vietnam. El Tribunal Permanente de los Pueblos nació formalmente en 1979 y sus fundamentos se sustentan en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos o Carta de Argel, de 1976; en los Archivos del Proceso de Núremberg; los Acuerdos sobre Derechos Humanos de la ONU [Organización de las Naciones Unidas] y la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados (consultado en “Qué es el Tribunal Permanente de los Pueblos”, www.tppmexico.org/que-es-el-tpp/, 4 de septiembre de 2013). Éste se define como “un tribunal ético internacional de carácter no gubernamental que, como tal, examina las causas de la violación de los derechos fundamentales de los pueblos; determina si, en efecto, han sido violados tales derechos y, finalmente, denuncia ante la opinión pública internacional a los autores de dichas violaciones”. Está conformado por múltiples personalidades de reconocida autoridad moral, provenientes de diversos países, disciplinas y horizontes ideológicos (ibídem).

El TPP en su Capítulo México nació en 2011 en el Auditorio Alfonso Caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se entregó formalmente la petitoria a la Secretaría General del Tribunal. Los temas centrales son: libre comercio, guerra sucia, impunidad y derechos de los pueblos. Su objetivo es evidenciar la situación de violencia estructural que impera en nuestro país, cuya raíz se identifica con la firma de numerosos tratados de libre comercio. Intenta, además, desnudar los mecanismos de simulación y desvío de recursos generados por el Estado mexicano para mantener su política económica. La importancia de este Tribunal radica en que, a través de ejercicios de documentación y de las herramientas de los derechos humanos, se evidencian las violaciones a derechos humanos que se cometen en contra de los sectores sociales más oprimidos, así como a los agentes perpetradores de esa violencia estructural.

El TPP en México está constituido por siete audiencias temáticas: 1. Guerra sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia; 2. Migración, refugio y desplazamiento forzado; 3. Feminicidio y violencia de género; 4. Violencia contra las personas trabajadoras; 5. Violencia contra el maíz, soberanía alimentaria y autonomía; 6. Devastación ambiental y derechos de los pueblos; y 7. Desinformación, censura y violencia contra los comunicadores. El TPP propone “construir una tribuna abierta a las participación de decenas o cientos de miles de víctimas agraviadas por políticas neoliberales de libre comercio” (Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, boletín número 1, octubre de 2011, página 23). Cada audiencia está integrada por víctimas y organizaciones que acompañan los procesos. El objetivo es llegar a una audiencia final con jueces internacionales que se efectuará en 2014, en la que se juzgará al Estado mexicano por las violaciones cometidas hacia la población en su conjunto y específicamente en los casos documentados que se le presenten. Durante este año ya se han venido realizando preaudiencias y audiencias temáticas finales.

El 28 y 29 de agosto pasados se llevó a cabo la preaudiencia Represión por Motivos Políticos, una Estrategia Permanente del Estado Mexicano, y Eje de Guerra sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia. El cuerpo de jueces emitió un dictamen sobre los 12 casos presentados de manera individual y colectiva.

En términos generales se señala la existencia de diversos mecanismos de represión política utilizados por el Estado mexicano con la finalidad de acallar, desmovilizar e invisibilizar las expresiones populares que luchan por el ejercicio libre y la defensa de los derechos humanos.

Cuatro puntos fueron los que se concretaron en dicho dictamen:

1. En la mayoría de los casos presentados se hace evidente el uso intencional del sistema judicial para perpetrar la impunidad, con lo que se crean las condiciones de repetición de graves violaciones de derechos humanos y se impide a las víctimas el acceso a la justicia, la verdad y la reparación integral de los daños.

2. A través de los casos presentados se detecta también la colusión entre los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) para reprimir y criminalizar sistémicamente las voces disidentes, con lo cual se incumple con la obligación que tiene el Estado de respetar el derecho a la protesta social.

3. Llama la atención el uso de los medios de comunicación masiva para criminalizar la protesta, al constituirse en tribunales mediáticos para preparar, avalar y justificar los actos represivos del Estado.

4. Se reconoció el trabajo realizado por las víctimas, familiares y organizaciones para presentar los casos ante este Tribunal, con lo que se convirtió en un ejercicio del rescate de la memoria colectiva, y en un llamado a la sociedad a combatir el olvido, y proponer que la consigna sea “prohibido olvidar”.

Cabe señalar que esta preaudiencia se realizó en el Mercado Hidalgo de la ciudad de Puebla, conformado por miles de pequeños comerciantes que han integrado la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) y que han luchado desde 1973. Esta organización también presentó su caso, pues se originó ante la precariedad del empleo y la entrada de grandes centros comerciales en esa entidad. Los integrantes de la UPVA han sido históricamente víctimas de amenazas, agresiones, reclusiones e incluso ejecuciones (homicidios). Lo que demuestra que el pueblo necesita ser escuchado desde las calles, los mercados, el trabajo, la vida… Pues es ahí donde debe existir la justicia.

La siguiente preaudiencia sobre Represión, crímenes de Estado e impunidad se realizará el 27 y 28 de septiembre de 2013 en la comunidad indígena de Matugeo, municipio de Coeneo, Michoacán, uno de los estados más golpeados por la violencia y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

El TPP está reforzando una demanda histórica en nuestro país: la justicia para los pueblos y un Estado que sirva a la gente y no al poder del dinero. Con todos sus esfuerzos se convierte en un Tribunal referente para los pueblos, cuya herramienta más importante es la documentación de cada caso, pues se convierte en una forma de escribir la historia desde la memoria, la verdad y la justicia. Es una oportunidad para las voces que han querido ser acalladas.

Filósofo, sociólogo y teólogo; director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC

 Contralínea 353 / 23 septiembre de 2013