El Juzgado Federal Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal emitió una medida cautelar en la que ordena a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) abstenerse de realizar actividades tendientes a otorgar permisos de liberación al ambiente de maíz genéticamente modificado, prescindir de efectuar procedimientos para su liberación al ambiente, y suspender el otorgamiento de permisos de liberación en cualquiera de sus fases, sea esta comercial, experimental o piloto.

 

La medida, que se basa en el riesgo de daño inminente al medio ambiente, impide a trasnacionales liberar maíz transgénicos en el campo mexicano en tanto no se resuelva el juicio de acción colectiva.

 

La demanda colectiva fue presentada el pasado 5 de julio por un grupo de 20 organizaciones de la sociedad civil y 53 personas, entre las que se encuentran Miguel Concha, Antonio Turrent, Bernardo Bátiz, Víctor Manuel Toledo, Raúl Hernández Garciadiego, Víctor Suárez, Julio Glockner, Federico Guillermo Berrón Autrique, Adelita San Vicente, Jesusa Rodríguez y Regina Orozco.

 

Las organizaciones que forman parte de esta acción colectiva representan a productores, indígenas, apicultores y ambientalistas como la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo, la Fundación Semillas de Vida, AC; ANEMA, AC; Fomento Cultural y Educativo, AC; Fronteras Comunes, AC; Alternativas y Procesos de Participación Social, AC, de Tehuacán Puebla; Tosepan Titataniske de Cuetzalan, Puebla; Grupo Vicente Guerrero, AC, de Tlaxcala; y la Asociación Rural de Interés Colectivo en Defensa del Maíz Nativo.

 

Adelita San Vicente Tello funge como representante común de la colectividad demandante. En términos de la Ley deberá desempañar una función de interés público en representación de la colectividad titular del derecho humano al medio ambiente.

 

La resolución judicial se inscribe en el espíritu del Principio Precautorio contenido en diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, el cual busca proteger el derecho humano de conservar, utilizar y participar de la biodiversidad de los maíces nativos frente a la amenaza que representan los maíces transgénicos. Un derecho colectivo de la población mexicana reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes y los tratados internacionales.

 

Los hechos que se denuncian en el instrumento fueron aportados por diversas organizaciones y forman parte de la defensa jurídica realizada al interior de la Campaña nacional Sin Maíz no hay País.

 

René Sánchez Galindo, abogado de la asociación civil Colectivas, organización que funge como representante legal en el juicio, indicó en conferencia de prensa que fueron notificados de la resolución el 20 de septiembre pasado.

 

Explicó que luego de las notificaciones a los involucrados, el proceso judicial incluye dos etapas más: la conciliación y la presentación de pruebas, donde con la ayuda de organizaciones, investigadores y científicos presentarán las evidencias y los peritajes necesarios.

 

Adelantó que entre los casos de flujo transgénico no autorizado (conocido también como contaminación transgénica) inscritos en la demanda, se encuentran la investigación realizada en 2006 por la Universidad de Sinaloa y del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias; la denuncia penal que presentó Greenpeace en 2008 por contaminación en Chihuahua; y en 2010 un informe del gobierno federal donde habla de un descarrilamiento de trenes con maíces transgénicos en Veracruz y Guanajuato.

 

Sánchez Galindo refirió también que las empresas se negaron a recibir la notificación, lo que califico como una clara “acción dilatoria”.

 

No obstante, para Adelita San Vicente, el hecho es un hito histórico que abre una nueva etapa en la lucha por el maíz nativo. “Una lucha tan desigual”, pero que abre paso a la discusión profunda y el debate en el centro de origen y diversidad genética del maíz.

 

Con 59 razas clasificadas y miles de variedades nativas distribuidas a lo largo y ancho del territorio nacional, México es cuna del maíz (el segundo cereal más importante en el mundo), centro de origen, diversificación y reservorio genético global del grano.

 

De acuerdo con información de Contralínea, Monsanto, Syngenta Agro, PHI y Dow AgroScience son las trasnacionales que desde 2009 experimentan la siembra de maíz transgénico en más de 32 mil 800 hectáreas de suelo mexicano.

 

Documentos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) revelan que hay organismos genéticamente modificados en Yucatán, Chiapas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Nayarit, Sonora, Baja California Sur y el Estado de México.

 

Los datos del Senasica –órgano desconcentrado de la Sagarpa– muestran que Monsanto tiene el 99 por ciento de la siembra, con un total de 32 mil 762 hectáreas.

 

Monsanto y Pioneer Hi-Bred International ingresaron a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación cinco permisos para la siembra comercial de maíz genéticamente modificado en Sinaloa y Tamaulipas en más de 1 millón de hectáreas del campo mexicano.

 

En conferencia de prensa, los representantes de la demanda recordaron que las trasnacionales Monsanto y Pioneer Hi-Bred International solicitan permisos a la administración federal para la siembra de MON 603, maíz transgénico propiedad de Monsanto, que provocó tumores, daños hepatorrenales, envejecimiento prematuro y trastornos en el sistema reproductivo de los roedores alimentados con el producto.