La petrolera Chevron dejó en Ecuador un desastre ambiental sin precedente: más de 1 mil fosas llenas de residuos de crudo y otros desechos tóxicos; derramó, por lo menos, 64 millones de litros de petróleo en más de 2 millones de hectáreas de la Amazonia; las aguas que bebe la población, en las que se bañan y pescan están altamente contaminadas y, por ello, la incidencia del cáncer y otras enfermedades es muy elevada en esa región. Condenada al pago de una indemnización por 19 mil millones de dólares, la trasnacional apela ante el Tribunal Internacional de La Haya para no saldar la deuda
Néstor Marín/Prensa Latina
Quito, Ecuador. Este país se esfuerza en mostrar al mundo el grave daño ambiental y humano provocado por la petrolera Chevron en su territorio, consciente de que un fallo adverso en las cortes internacionales donde se dirime el litigio arruinaría al país andino.
Una sentencia contraria al Ecuador en el Tribunal de La Haya podría quebrar al país, advirtió el canciller Ricardo Patiño, en alusión a la apelación presentada por la trasnacional estadunidense ante esa instancia de arbitraje, para tratar de eludir el pago de una indemnización de 19 mil millones de dólares.
De acuerdo con Patiño, si Ecuador tuviera que asumir ese pago, como pretende la petrolera, la suma equivaldría al 20 por ciento del producto interno bruto del país andino, o a más del 60 por ciento del presupuesto general del Estado.
También sería como entregar casi todas las exportaciones ecuatorianas, que ahora rondan los 24 mil millones de dólares, ejemplificó el jefe de la diplomacia ecuatoriana.
En 2011, un tribunal local sentenció a Chevron a pagar la multimillonaria indemnización a 30 mil pobladores de la Amazonia, por la contaminación que dejó su filial Texaco en ese territorio habitado mayoritariamente por indígenas, y donde operó desde 1964 hasta 1992.
Pero la petrolera no sólo quiere desentenderse del pago de la compensación, sino que pretende responsabilizar a la estatal Petroecuador de los daños provocados, y para lograrlo gasta millones de dólares en pleitos que buscan, además, desprestigiar al Estado y la justicia ecuatorianos.
Veinte años de litigio
La historia del litigio Ecuador-Chevron se remonta a 1993, cuando los pobladores amazónicos demandaron a Texaco ante una corte estadunidense, pero la empresa logró trasladar el caso a los tribunales ecuatorianos con la intención de buscar un fallo favorable. Ese proceso, sin embargo, no llegó a desarrollarse.
En 2003, una corte de Lago Agrio, en la provincia de Sucumbíos, aceptó una demanda de los afectados y, tras varios años de deliberaciones, falló en 2011 a favor de los demandantes, y condenó a la petrolera a pagar 9.6 millones de dólares y a presentar excusas públicas.
El monto se duplicó porque la trasnacional se negó a reconocer el fallo, que fue ratificado en apelación, y actualmente el caso está en proceso de casación en la Corte Nacional de Justicia.
Luego de la fallida incursión en las cortes ecuatorianas, la compañía estadunidense decidió volver a las cortes de su país, y en 2004 inició un proceso arbitral contra la estatal Petroecuador, con la intención de responsabilizarla por la contaminación, pero el caso no prosperó en la Corte Federal de Nueva York.
En 2006, Chevron recurrió al Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya, e invocó el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) firmado entre Ecuador y Estados Unidos, que entró en vigor 5 años después de la salida de la petrolera del país andino.
El documento no contempla ninguna cláusula de retroactividad, por lo que las autoridades ecuatorianas rechazaron el reciente laudo emitido por esa instancia de La Haya, en el que se declaró competente en virtud del TBI, y ordenó al Estado ecuatoriano suspender la ejecución de la sentencia de Lago Agrio.
Los árbitros internacionales, sin embargo, no liberaron a la empresa de su responsabilidad ante los ciudadanos ecuatorianos, por lo que las demandas individuales pueden seguir su curso legal.
Chevron, por su parte, también intenta criminalizar el proceso de Lago Agrio, y para ello invocó ante la Corte Federal de Nueva York la ley federal contra la extorsión criminal y las organizaciones corruptas (RICO, por su sigla en inglés), que se utiliza en Estados Unidos para juzgar casos relacionados con el crimen organizado.
En el juicio que se desarrolla por estos días en el tribunal neoyorquino, la petrolera quiere que los demandantes, sus abogados y asesores sean procesados por tratar de extorsionar a la empresa.
Desastre medioambiental sin precedente
Según datos aportados por el gobierno ecuatoriano, a su salida del país en 1992, Texaco dejó más de 1 mil fosas llenas de residuos de crudo y otros desechos tóxicos, y derramó, por lo menos, 64 millones de litros de petróleo en más de 2 millones de hectáreas de la Amazonia.
Las aguas que bebe la población, en las que se bañan y pescan están altamente contaminadas, y como resultado de ese desastre medioambiental sin precedente, la incidencia del cáncer y otras enfermedades es muy elevada en esa región amazónica.
En septiembre pasado, el presidente Rafael Correa visitó uno de los pozos que operó la petrolera en la zona de Aguarico e introdujo la mano en una de las piscinas llenas de brea y residuos de crudo, para mostrar al mundo el daño ambiental provocado.
Ésta es “la mano sucia de Chevron”, proclamó el mandatario, y la frase dio nombre a la campaña internacional iniciada por Ecuador para contrarrestar la arremetida de la trasnacional estadunidense.
De acuerdo con Correa, la contaminación que dejó la petrolera en la Amazonia ecuatoriana es 80 veces superior a la causada por el derrame de la British Petroleum en el Golfo de México en 2010.
Solidaridad internacional
Los reclamos de Ecuador no han caído en saco roto, y ya en todo el mundo se están organizando comités de solidaridad para denunciar “la mano sucia de Chevron”.
Esperamos que la comunidad internacional acompañe a Ecuador en esta causa, aseveró Patiño en alusión al apoyo recibido desde varios países de América Latina y Europa.
El Parlamento Latinoamericano también emitió, al término de su reciente reunión ordinaria en Panamá, una declaración que respalda la batalla del país andino contra Chevron, y las autoridades ecuatorianas confían en que ese ejemplo sea imitado por otras instancias internacionales.
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Contralínea 362 / del 18 al 24 de noviembre de 2013
