El exsecretario de Gobernación Fernando Gómez Mont y el equipo de abogados que lo auxiliaban en la defensa del empresario Amado Yáñez Osuna, accionista mayoritario de Oceanografía, SA de CV, rechazaron continuar con el caso, pues no se llegó a un acuerdo económico, refieren fuentes consultadas por Contralínea.
Como lo informó este semanario, el exfuncionario había sido contratado por recomendación de un grupo de panistas alarmado por la trama de corrupción, tráfico de influencias y cohecho que, además de involucrar a la naviera y sus accionistas, alcanza a los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, y a exservidores públicos de primer nivel.De acuerdo con las fuentes consultadas, el despacho Zinser, Esponda, Gómez Mont, Abogados, rompió su relación con Amado Yáñez cuando éste se rehusó a pagar por adelantado los honorarios.
El equipo legal ya había invertido recursos en el caso, como por ejemplo en los viajes a Houston, Texas, donde se encuentra refugiado el empresario. No obstante, Yáñez Osuna argumentó no tener flujo de efectivo en este momento, por lo cual intentó convencer al abogado Gómez Mont de defenderlo sin pago inmediato.
Por sus antecedentes, el bufete jurídico abandonó la defensa: se sabe que Amado Yáñez adeuda aún las cuentas de los abogados José Luis Nazar y Ulrich Richter.
El pasado 28 de febrero Oceanografía fue intervenida por un delito de fraude que investigan conjuntamente la PGR y las secretarías de la Función Pública y Hacienda y Crédito Público. Una línea que también se sigue en contra de los dueños de la compañía es el de lavado de dinero, declaró el procurador Jesús Murillo el pasado 3 de marzo.
Según la PGR, el aseguramiento de la compañía de Amado Yáñez Osuna, Amado Omar Yáñez Correa, Carlos Daniel Yáñez Osuna y Samuel Yáñez Chaparro, se dio por las conductas fraudulentas por 360 millones de dólares en créditos concedidos por Banamex, filial del estadunidense Citigroup.
Desde fines de febrero, Oceanografía quedó bajo disposición del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, y el acto se derivó de una averiguación previa cuyo antecedente es la inhabilitación que le impuso la Secretaría de la Función Pública el pasado 11 de febrero.
