El Reino de España sufre un plus de despotismo respecto del autoritarismo progresivo de Europa. Por ejemplo, el 15 de junio de 2011 el movimiento 15 M convocó en Barcelona a una protesta ante el Parlamento de Cataluña, porque aprobaba recortes presupuestarios que eran más ataques contra los derechos de la gente.
Miles de ciudadanos y ciudadanas se concentraron ante ese Parlamento y dificultaron la entrada de los diputados autonómicos. Intervinieron elementos antidisturbios y la policía con agresividad y se produjeron incidentes. Pero los medios presuntamente informativos transmitieron una violencia que no existió. Una manipulación mediática de manual. A pesar de que las televisiones no habían grabado imágenes de la inexistente violencia denunciada, porque no hubo tal, emitieron una y otra vez el abucheo contra algunos diputados y el lanzamiento de una botella de agua contra un furgón de la policía, mientras algunos diputados declaraban que había habido conductas nazis, kale borroka (terrorismo callejero de la Euskadi Ta Askatasuna, ETA, que no apareció) y guerrilla urbana.
Diecinueve ciudadanos y ciudadanas, acusados por la policía fueron imputados y, días después, detenidos a la brava en el interior del edificio de los juzgados de la Ciudad de la Justicia de Barcelona, por una cincuentena de Mozos de Escuadra (policía de la Generalidad de Cataluña), encapuchados y fuertemente armados, donde habían acudido voluntariamente para ser interrogados por los jueces.
Tres años después y tras minuciosa investigación, la Audiencia Nacional ha absuelto a 18 de los acusados de atentado contra las instituciones del Estado para los que el fiscal pedía hasta 6 años de prisión. La única sentencia ha sido para una persona que se ha de presentar en la Comisaría durante 4 días por una falta de daños –que no delito– al haber manchado con pintura la gabardina de una diputada.
¿Cómo ha reaccionado la mayoría de políticos, incluidos los presuntos socialistas, ante la absolución? Lejos de la frase habitual, casi ritual, de que “acatan las sentencias judiciales”, se han lanzado en tromba contra la sentencia absolutoria con lindezas como: “Es un precedente peligroso”, “es un producto de jueciflautas”, “[los jueces] quieren cargarse el sistema”, “es una invitación a la intimidación de una minoría”…
Les ha enfadado tanto como la absolución, la contundente defensa del derecho de manifestación. “La protesta ciudadana expresada en la presencia masiva en las calles –dice– es una forma de participación política que de ningún modo puede considerarse delictiva”.
Consecuentes con su miseria moral, nada democrática, la mayoría del Parlamento autonómico catalán, con el voto contrario de grupos de izquierda, ha aprobado recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo, aunque ésta señale con claridad que no hay prueba alguna de participación de los acusados en ningún tipo de violencia, excepto la falta sentenciada.
La clase política española ha caído bajo si hablamos de democracia. Tras los aspavientos de la mayoría de políticos catalanes ha habido la no menos autoritaria reacción de la clase política española. Pero ¿qué esperar de políticos que han aplaudido mayoritariamente sin fisuras la figura del rey abdicado y lo han aforado con urgencia (sin olvidar que ese rey fue designado por el dictador Franco como sucesor suyo en la Jefatura del Estado)?
Los representantes del pueblo, pues eso son y nada más, han olvidado que la ciudadanía es su patrona. Se han rodeado de privilegios, que no derechos, y han olvidado que no son los depositarios del poder político sino los representantes de quien sí lo es: el pueblo.
La reacción ante la sentencia de la Audiencia Nacional muestra, una vez más, que esta monarquía bipartidista española es un régimen cada vez menos democrático y cada vez más ilegítimo. Ya denunciaba John Locke hace más de 3 siglos a los gobiernos que “usurpan las libertades, entregan el gobierno a poderes extranjeros, se corrompen o conducen el país de modo distinto al prometido”.
Como recuerda Fernández Liria: Esta gente respeta (o simula respetar) la democracia mientras sirve a sus (personales) intereses. Si no es así, cambian las tornas y, en el caso que nos ocupa, les importa un rábano la independencia judicial. ¿Respetar y proteger los derechos humanos? ¿La justicia independiente? Eso no está en la hoja de ruta de la minoría que explota a la ciudadanía ni en la de sus cómplices necesarios, como gobiernos y medios.
*Periodista y escritor
Xavier Caño Tamayo*/Centro de Colaboraciones Solidarias
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