El 86 por ciento de la población de Zambia vive bajo el umbral de la pobreza, y la esperanza de vida de sus habitantes es de 56 años. Sin embargo, no es un país pobre. En la última década varias corporaciones han extraído cobre de sus minas por valor de miles de millones de dólares. ¿Por qué los zambianos, que pertenecen a una región rica en recursos naturales, no se han beneficiado de ello? Una de las respuestas se identifica con lo que para el investigador estadunidense Raymond Baker es “el capítulo más desagradable del comercio internacional desde la época de la esclavitud”: la evasión fiscal.

La empresa Mopani Cooper Mine ha sido acusada de sortear sus responsabilidades fiscales en Zambia y dejar de pagar 174 millones de dólares en impuestos mediante prácticas al borde de la legalidad. Vendía el cobre extraído a un precio muy inferior al de mercado a una empresa del mismo grupo situada en Suiza y así pagaba menos de lo que le correspondía: en el país europeo gracias a sus ventajosas condiciones fiscales, en Zambia porque declaraba menos impuestos de los que en realidad obtenía.

Según cálculos de la organización no gubernamental InspirAction los países del Sur pierden 120 mil millones de euros al año por culpa de la evasión fiscal, una cantidad cuatro veces superior a lo que se habría necesitado, según el Banco Mundial, para cumplir el primero de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: reducir la pobreza a la mitad en 2015.

Para Isabel Ortigosa, responsable de incidencia política de InspirAction, es un escándalo que estas cifras “nunca se mencionen” en las grandes cumbres en las que se habla de poner fin al hambre: “Rara vez se habla de la evasión fiscal como causa directa de la pobreza. Al no hacerlo, un debate que debería hablar de justicia se convierte en un discurso en el que se habla de caridad”, afirma.

De acuerdo con Global Financial Integrity, las técnicas más comunes utilizadas por las grandes empresas para evadir impuestos son la falsificación de facturas y la manipulación de precios entre filiales del mismo grupo. De esta forma muchas compañías se aprovechan de las lagunas y contradicciones legales para evitar pagar lo que deben. Prácticas que tienen consecuencias en todo el mundo pero que se dejan sentir con mayor violencia en los países empobrecidos, que carecen de estructuras sólidas de control y son más vulnerables a la imposición de condiciones por parte de inversores extranjeros.

El director de Ayuda en Acción de Mozambique se refería a la evasión fiscal así: “Cuando las grandes empresas evaden impuestos quitan el dinero de las manos a los pobres”. Y es que estas prácticas están muy relacionadas con el hambre y la falta de sistemas educativos y sanitarios estables. Los países empobrecidos ven cómo las empresas se aprovechan de los recursos en su propio beneficio y sin contribuir al desarrollo de las sociedades en las que operan, pues los flujos de dinero que extraen podrían servir para financiar servicios públicos de calidad.

Para perpetuar este expolio es necesario poder esconder los beneficios de las operaciones en lugares que no levanten muchas sospechas: los paraísos fiscales. En ellos, empresarios, grandes fortunas y delincuentes encuentran condiciones muy favorables como impuestos bajos o inexistentes y secreto bancario, que permite a las entidades financieras no revelar información sobre sus clientes, incluso ante autoridades públicas y tributarias. La Red Europea sobre Deuda y Desarrollo los describe como “centros virtuales, ya que la mayoría de compañías allí afincadas apenas desarrolla actividad real”.

Por su parte, los gobiernos y las instituciones internacionales son cómplices de este sistema financiero. Por ello, a menos que se adopten medidas globales y coordinadas, muchos países seguirán atrapados en la trampa de la pobreza.

Ante esta situación varias organizaciones de la sociedad civil se movilizan desde hace años para, como afirma Isabel Ortigosa, conseguir que las multinacionales que operan en los países del Sur paguen a los gobiernos los impuestos que les corresponden, “no porque sean buenas o por el riesgo reputacional que supone no hacerlo, sino porque es justo”.

Marta González Borraz*/Centro de Colaboraciones Solidarias

*Periodista

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