El Estado se puede considerar como la institución más importante de la sociedad moderna. Es un tipo de organización que denota fuerza, recursos, medios y objetivos. La razón de ser del Estado se encuentra en la sociedad y, por lo tanto, debe desarrollar tareas relacionadas con el bienestar, el fomento, la promoción y la regulación (Díaz, 2006).
Como lo señala Uvalle Beltrones (1998), el Estado tiende a realizarse como organización del poder, sistema de dirección y suma de procesos concatenados; como institución reclama certeza de rumbo, movimientos eficaces y propósitos claros, así como una visión de conjunto, aptitud para abordar lo específico y capacidad para relacionarse con los contextos externos.
En este contexto, la representación del Estado es el gobierno, en el cual se delega la responsabilidad no sólo de encaminar a la población hacia el bienestar común sino también de tener los instrumentos y mecanismos necesarios para evitar el agotamiento de las instituciones.
No obstante, generalmente existe una confusión entre una institución y una organización. Duglass North (1993) define a las instituciones como las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a las interacciones humanas y que constituyen las reglas del juego en una sociedad formal.
Las instituciones formales son producto de reglas escritas en las leyes y reglamentos y son construcciones expresamente creadas por lo individuos para afrontar problemas concretos de coordinación económica, social y política. Por su parte, las organizaciones son las que hacer posible que las instituciones funcionen.
Cuando se habla de un agotamiento institucional en México es que el Estado ha ido perdiendo la brújula y entonces se provoca una disfuncionalidad en las organizaciones, por lo que no se afrontan de manera adecuada los aspectos económicos, políticos y sociales. Este agotamiento institucional a la vez ha provocado una descomposición social y gubernamental conduciendo a México a una encrucijada, de la cual ha sido complicado salir y que lleva a una condición de callejón sin salida.
En la situación actual del país, el Estado no ha sabido utilizar su fuerza, recursos, medios y objetivos que tiene a su disposición, y por lo tanto es frecuente que sea rebasado por instituciones informales (surgen por la conducta de los hombres). Un gobierno infiltrado por fuerzas oscuras, donde la corrupción es un elemento inevitable que nos lleva a que el crimen organizado esté presente, y que en muchos casos controle la economía y política. La situación es aún más grave cuando la misma sociedad y las organizaciones políticas han sido infiltradas.
El caso reciente de Iguala, Guerrero, no es un caso aislado. Es parte de un conjunto de acciones criminales, de las cuales la mayoría proviene de los diferentes niveles de gobierno, pero por sus dimensiones se puede decir que estamos en una crisis muy fuerte de gobernabilidad. Quizá digan que esto no es cierto porque no afecta a todo el país, pero lo que sí es cierto es que los tres niveles de gobierno han sido rebasados.
Como se comentó, el Estado debe denotar fuerza y utilizar los recursos que se tengan al alcance. Por ejemplo, existe el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Felipe Calderón lo había reducido a mínima expresión), que es una organización que existe para prevenir, si no todos los delitos, al menos sí las acciones delictivas. Pero además ha salido a la luz pública que la Procuraduría General de la República ya había sido advertida por miembros de organizaciones políticas de la existencia y acción del crimen organizado en Guerrero y no se actuó.
La experiencia propia –trabajé en la Policía del Distrito Federal de 1985 a 1988 como analista– es que conozco que en la nómina cobran personas que se les identifica como “indicadores”, que son agentes de la sociedad civil que participan en diversos ámbitos y que se infiltran en lugares de interés del gobierno, incluyendo al crimen organizado. Si esto existe, cómo es que el gobierno federal no supo lo que podía suceder con la existencia de los grupos criminales.
El presidente Enrique Peña se dice consternado, pero se ausenta del país por más de 1 semana. El procurador se dice dolido y cansado porque lleva 1 mes durmiendo sólo 4 horas. No obstante, ni con consternación ni con dolor se van a solucionar los problemas de inseguridad y de criminalidad que existe en el país. En entrevistas con Carlos Loret de Mola, tanto el vocero de la Presidencia como el procurador general de la República, más que plantear estrategias para evitar nuevos hechos violentos, justifican situaciones que hace el gobierno.
El primero justifica el viaje del presidente a China diciendo que es necesario para atraer nuevas inversiones para generar empleos de calidad y con salarios superiores a los que se pagan por las empresas establecidas en México. La relación que puedo ver en esto es que creando nuevas oportunidades de empleo se va a reducir el crimen organizado. Pero veamos, México ha recibido inversión extranjera directa –sobre todo estadunidense y europea– y no ha habido mejores salarios. Ahora se habla de empresas chinas, las cuales pagan en su país la mitad del salario que devengan los mexicanos. No es posible que vengan y paguen más que lo que otorgan en su país, por un lado; y por otro, vienen a México porque es un país que les otorga grandes estímulos fiscales, además de permisos para establecerse en donde quieran, aun cuando afecten ecosistemas (como el caso de Dragon Mart, en Cancún). La llegada de inversiones chinas no va a generar empleos con ingresos de calidad, pero sí se van a llevar la renta que produzcan sus empresas.
El segundo, justifica por qué el gobierno federal no actuó para evitar lo sucedido en Iguala. El pretexto es que Guerreo es un estado libre y soberano y que el gobierno federal no puede actuar porque violenta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El problema no es que haya actuado cuando se presentaron los hechos, sino que lo debió hacer cuando se levantaron las denuncias contra el presidente municipal de Iguala y cuando toda la sociedad sabía de sus nexos con el crimen organizado. Lo más indignante es que menciona en la entrevista que cuando se presentó el atentado contra los estudiantes normalistas sus peritos estuvieron presentes, pero “sólo como observadores”.
El gobierno federal no actuó, cuando al ser la máxima representación del Estado mexicano tuvo que haberlo hecho. El no haber actuado a tiempo muestra una debilidad gubernamental y envía un mensaje claro al crimen organizado: “Sigan haciendo lo que quieran, al fin y al cabo solamente los vigilo”. Lo que seguirá pasando es que seguirán encontrando fosas con restos humanos y cuerpos incinerados.
El presidente Peña, debió haber cancelado su gira porque el mansaje que da es que evita afrontar asuntos muy graves que están sucediendo en México.
Bibliografía:
Óscar Díaz, Gasto público, multifuncional y desarrollo rural en México, Tesis doctoral, Universidad Nacional Autónoma de México, 2008.
Douglass North, Instituciones, cambio institucional y desempeño económico, Fondo de Cultura Económica, México, 1993.
Ricardo Uvalle, La actividad económica del Estado mexicano, Plaza y Valdés, México, 1998.
Óscar Enrique Díaz Santos*
*Doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en gasto público y presupuesto
Contralínea 412 / del 16 al 22 Noviembre de 2014
