Los Intocables y Muerte entre las flores son filmes que muestran a Chicago gobernada por gánsteres y políticos a su servicio. Lamentablemente, vamos velozmente hacia esa situación. En esencia.           

En los últimos años ha aumentado peligrosamente el antidemocrático y perverso arbitraje internacional (para dirimir conflictos entre trasnacionales y gobiernos, dicen). En realidad, para proporcionar indemnizaciones multimillonarias a esas empresas. Son los “tribunales” de arbitraje, comisiones formadas por tres abogados privados, que resuelven demandas de grandes empresas… a su favor. Sin legitimidad alguna porque sólo son abogados caros, además de una verdadera amenaza para la democracia. Cumplen en nuestros días un papel semejante al de los matones con metralleta Thompson al servicio de Al Capone en Chicago. Sin metralletas, pero al servicio de las trasnacionales. La gansterización de la economía se concreta en el llamado mecanismo de resolución de conflictos entre inversores y Estados (ISDS, por su sigla en inglés) que, entre otras maldades, negocian en un tratado de inversiones Estados Unidos y la Unión Europea. Ese mecanismo pone a los gobiernos a los pies de los caballos, los debilita y puede frenar o impedir que se gobierne en beneficio de la ciudadanía.

Los pretendidos árbitros son pocos, muy pocos, la mayoría de Estados Unidos y Reino Unido. El supuesto arbitraje internacional es en verdad un oligopolio de unos bufetes de abogados de 1 mil dólares por hora. Según el informe Cuando la injusticia es negocio, de Pia Eberhardt y Cecilia Olivet, sólo tres firmas de abogados (White & Case y King & Sapalding, de Estados Unidos, y Freshfields, de Reino Unido) han arbitrado en 2011 ¡130 demandas contra gobiernos! Y han dictado indemnizaciones multimillonarias a pagar por los Estados. Y sólo 15 abogados han resuelto más de la mitad de demandas contra Estados. Esas demandas se presentan cuando las trasnacionales temen o sospechan que alguna actuación gubernamental puede reducir sus beneficios.

Ese reducidísimo grupo de abogados carísimos actúa indistintamente sin el menor pudor como árbitros, representantes de empresas demandantes o testigos. Todo queda en casa. Además, varios abogados del tinglado del arbitraje han sido miembros de consejos de administración de grandes empresas. Cualquier pretensión de equiparar el artificio del arbitraje internacional con la justicia es un mal chiste.

La Organización de las Naciones Unidas ha expuesto ya sus muchos reparos contra el arbitraje internacional e incluso el Fondo Monetario Internacional ha reconocido que la actuación de esos presuntos tribunales limita muy severamente la capacidad de los Estados para afrontar la crisis y debilita a los gobiernos para actuar en beneficio de la ciudadanía.

Los bufetes que mantienen ese montaje, además de fallar a favor de las empresas, promueven pleitos contra naciones en crisis para sacar tajada aunque el país se hunda, como hicieron con Grecia o Libia, y animan a las empresas a utilizar la amenaza de demandar a los gobiernos para que cedan a sus pretensiones. El bufete de arbitraje Luther presume que es fácil lograr un acuerdo ventajoso de una trasnacional con un gobierno si se le amenaza con una demanda multimillonaria.

Pia Eberhardt y Cecilia Olivet nos han develado, además, que el arbitraje internacional está muy conectado con la especulación financiera y ha creado una densa red de fondos de inversión, especuladores, árbitros, abogados y empresas potencialmente demandantes. La financiarización del arbitraje ya es tal que se especula con paquetes de demandas a Estados como activos financieros. Y sabemos que la financiarización nos lleva al desastre.

Juan Fernández Armesto, abogado español de arbitraje, señala admirado la sinrazón de éste: “Nunca deja de sorprenderme que Estados soberanos acepten el arbitraje de inversiones. A tres particulares se les da el poder de revisar, sin restricción o apelación, todas las acciones del gobierno, todas las decisiones de los tribunales y todas las leyes y reglamentos del Parlamento”.

¿Es o no un auténtico vaciado de la democracia?

Algunos países se retiran del sistema de arbitraje. Australia anunció que no aceptaría medidas sobre resolución de diferencias inversor-Estado en sus tratados. Bolivia, Ecuador y Venezuela han anulado tratados de inversión y se han retirado del órgano de arbitraje del Banco Mundial. Argentina no paga laudos arbitrales… Pero se han de sumar más países hasta que el arbitraje desaparezca, porque esos pretendidos árbitros son pocos, peligrosos y sin legitimidad. La ciudadanía debe movilizarse para acabar con la mafia del arbitraje.

Xavier Caño Tamayo*/Centro de Colaboraciones Solidarias

*Periodista y escritor

Contralínea 415 / del 07 al 13 de Diciembre 2014