El talón de Aquiles del presidencialismo peñista y del sistema integrado por los 31 desgobernadores y el aparente jefe de gobierno de la Ciudad de México es dejar que los policías (federales y de cada entidad), militares y funcionarios del sistema-régimen ataquen físicamente y sin respetar los protocolos para la defensa de los derechos humanos a quienes protestan contra esos mal llamados “servidores públicos”, quienes abusan e incumplen sus obligaciones públicas. Esto fue lo que sucedió en la manifestación pa-cí-fi-ca del 20 de noviembre, aniversario de la gloriosa Revolución de 1910, de más de 1 millón de mexicanos que protestaron por todo el país ante el hartazgo de los malos gobiernos que ha tenido la nación desde hace al menos 24 años; anunciando nuevos alzamientos sociales, revueltas y demandas que presagian –contra las violencias de la pobreza, el desempleo, la impunidad e injusticias, que el pueblo, que tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno (Artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos)–, de una vez por todas, recobre su libertad, coartada por los gobernantes y todos aquellos que han establecido principios contrarios a los que postula la Constitución en su Artículo 136.
Estamos en un cruce de caminos: someternos a lo que ya es el nuevo antiguo régimen o reivindicar la soberanía nacional para volver a implantar la conquista de que “todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”. Burocratizados los poderes con sus funcionarios y servidores públicos, al grado de haberse erigido en los nuevos enemigos del pueblo por denegar justicia administrativa, judicial, electoral, etcétera, quedaron como último recurso los derechos humanos con sus respectivas garantías. Pero ellos también están siendo pisoteados por esa burocracia en todos los órdenes de gobierno. Es así que los ciudadanos que concurren a las manifestaciones para protestar son vejados, encarcelados y torturados. Y los periodistas, que han de cumplir con su trabajo y deber de informar sobre esta manifestación que vislumbra la concientización popular, fueron víctimas de los abusos policiacos.
Pero en el colmo de las complicidades, la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la mancerista Perla Gómez, avaló la conducta de los policías, cuando no menos de 13 periodistas de los que asistieron fueron víctimas de la violencia de los uniformados. La señora Gómez pasó de ser defensora de periodistas a defensora policiaca. Y agregó que los observadores defeños estuvieron “en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos” y ésta con Raúl González Pérez (quien muy trajeadito corrió a Los Pinos a ponerse a las órdenes del señor presidente), quienes, como si nada, dejaron pasar su responsabilidad preventiva el día de la manifestación.
Solamente los integrantes de la organización independiente de derechos humanos que trabaja alrededor del mundo para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión denominada Artículo 19 (que toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual garantiza la libertad de expresión) estuvieron atentos, y cumpliendo con su trabajo establecieron sus expedientes, mientras sobre la marcha de la protesta masiva, políticamente ejemplar y que marcó el antes y el después de la democracia directa en grandiosa actuación contestataria y de repudio, mostraron que no andaban quedando bien con los violadores de los derechos de los ciudadanos que participaron.
Semejante violación también fue perpetrada contra los periodistas que recogían de primera mano la verídica información, y que no habiendo reproducido ningún otro medio escrito, proporcionó Fernando Camacho Servín en el periódico La Jornada (22 de noviembre de 2014). Mientras la reportera Cristina Hernández nos dio cuenta y razón de las declaraciones de Perla Gómez reconociendo “que la actuación de la policía capitalina… ha mejorado” (Reforma, 22 de noviembre de 2014). Pero fueron agredidos por esta “mejoría policiaca” Marlene Mondragón, Cristina Canacasco, Yohali Reséndiz, Juan Omar Fierro, Eduardo Miranda, Ángel Huerta García, José Antonio Belmont, Eduardo Verdugo, Diego Simón Sánchez, Carlos Valente, Raúl Flores y María Idalia Gómez, quien fue brutalmente agredida para que no tomara fotos.
Envalentonado, el señor Rodríguez Almeida, ahora exsecretario de (in)Seguridad Pública del Distrito Federal (antes de renunciar, éste y Perla Gómez bien podían intercambiar cargos: ella jefa policiaca y él, defensor de los derechos de la policía), felicitó a su personal, “sobre todo porque restablecieron el orden público, le guste a quien le guste”, como publica la reportera Mirna Servín Vega (La Jornada, 25 de noviembre de 2014).
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde despachan Perla Gómez y Luis Raúl González Pérez, respectivamente, aprobaron, ella por escrito y él porque el que calla otorga, la actuación violenta de las policías que desfilaron impunemente en lugar del desfile del 20 de noviembre para embestir periodistas, familias, estudiantes y pueblo en general que acompañaron a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Y como remate, el “les guste o no les guste” del exjefe policiaco unió su nombre, Rodríguez Almeida, al de Perla Gómez y al del nuevo Raúl.
lvaro Cepeda Neri*
*Periodista
Contralínea 416 / del 14 al 20 de Diciembre 2014
