La realidad social de Venezuela dista mucho de asemejarse a la que los medios de comunicación, de México y de otros países, como de Estados Unidos, fabrican y distorsionan con la intención de desvirtuar la política económica que aplica el gobierno del presidente Nicolás Maduro en favor de las mayorías, permitiendo a los habitantes de esa nación petrolera, entre otros beneficios, llenar el tanque de sus vehículos con apenas un cuarto de dólar –4.2 pesos–, cuando en suelo mexicano, también con abundantes hidrocarburos, el costo llega a los 40 dólares; para ser más exactos: 678.5 pesos si se adquieren 50 litros de gasolina Magna, la capacidad del tanque en un auto promedio, a razón de 13.57 pesos por litro.

Comparativos como el anterior nunca formarán parte del bombardeo mediático que los gobiernos neoliberales y las multinacionales que buscan apropiarse de las riquezas energéticas a nivel global emplean para justificar el encubierto intervencionismo puesto en práctica en territorio venezolano, incluida la ilegal operación de grupos paramilitares y el feroz bloqueo económico alentado por su oligarquía nacional que, mediante el control de las importaciones de alimentos y otros productos de consumo básico, duplican sus precios al público buscando generar una protesta social que desestabilice a un gobierno comprometido en explotar los recursos naturales en favor de su pueblo.

Tampoco es noticia grata a los oídos del gobierno estadunidense ni de aquellos regímenes que gustan de emplear en su demagógica retórica a la anhelada, pero hasta la fecha inalcanzable, justicia social, el incremento del 30 por ciento que el pasado 1 de mayo anunció Maduro al salario mínimo y a las pensiones en Venezuela, y que de nueva cuenta lo ubican como el más alto de América Latina en contraste con el de México, que sigue ocupando el vergonzoso penúltimo sitio, sólo por arriba de Nicaragua.

De acuerdo con el Índice de desarrollo humano, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el renglón del déficit salarial, a pesar de ser un país petrolero con grandes riquezas naturales, mineras y un amplio potencial en sus mares y litorales, México apenas y ofrece a sus trabajadores un salario mínimo equivalente a 129 dólares, 2 mil 103 pesos; mientras que Venezuela promedia los 885 dólares, unos 14 mil 500 pesos; Panamá otorga a sus trabajadores un ingreso mínimo de 667 dólares, en promedio, el equivalente a 11 mil pesos mexicanos y hasta Guatemala, modestamente, paga a su clase trabajadora unos 273 dólares al mes, que traducidos a nuestra moneda nacional representan 4 mil 500 pesos. El doble del mínimo mexicano.

¿Por qué entonces demeritar a un gobierno comprometido con elevar y defender el nivel de vida del pueblo venezolano?

La respuesta es sencilla: porque en el país centroamericano se acercan las elecciones federales donde, el próximo 6 de diciembre, se elegirán los representantes a la Asamblea Nacional. La recalcitrante derecha venezolana, apoyada por el gobierno estadunidense y las empresas multinacionales, busca que el presidente Maduro y su partido pierdan la mayoría parlamentaria, para que las clases populares no gocen de acceso a servicios como el agua potable, el gas doméstico y la electricidad a precios módicos y subsidiados.

El costo promedio que al bimestre paga una familia en su recibo de luz, no rebasa los 200 pesos mexicanos, cuando aquí, aún sin entrar en operación las firmas privadas, los desembolsos son cuatro veces mayores por consumos similares. Nada de esto tampoco forma parte del habitual contenido de las notas internacionales en los medios de comunicación, donde la manipulación informativa busca endilgar, a toda costa, una imagen represiva y autoritaria a un gobierno comprometido con el bienestar de las mayorías.

Venezuela representa para los gobiernos neoliberales una bofetada con guante blanco y un claro ejemplo de cómo un pueblo puede beneficiarse de sus riquezas naturales; es decir, repartir de una manera más justa las divisas generadas por sus millonarios ingresos petroleros y no como sucede en otras naciones, donde tales recursos van a parar a manos privadas o de funcionarios pillos y, en el mejor de los casos, a subsidiar déficits presupuestarios por la evasión fiscal de los grandes contribuyentes, como sucede en México, donde además la población en general enfrenta los altos precios de los combustibles que repercuten en la disminución de su golpeado poder adquisitivo por los salarios irrisorios ya mencionados.

Para las multinacionales es estratégico –en sus planes de expansión y despojo de sus riquezas energéticas a los países de centro y Suramérica– que Venezuela tenga un gobierno colaboracionista, dispuesto a promover reformas como la energética y laboral, que en México, lejos de generar riqueza, mayor empleo y mejores salarios, tienen a la economía estancada y al nivel de vida en franca debacle con 2 millones más de pobres.

La codicia de la oligarquía internacional radica también, en buena medida, en el valor estratégico que a futuro tendrán los recursos petroleros de Venezuela, en cuyo subsuelo se encuentra el 20 por ciento de las reservas mundiales; cálculos de organismos mundiales estiman que el país centroamericano tiene petróleo para los próximos 282 años.

Es por ello que, en este escenario de agresiones contra la soberanía del pueblo venezolano, cobran especial relevancia las mesas de análisis y los acuerdos alcanzados durante la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Sindicatos de la Energía y Afines, celebrada en la ciudad de Caracas los pasados 19 y 20 de agosto, donde organismos como la Unión Internacional de los Sindicatos de Trabajadores de la Energía (Uis-Energía) –cuya presidencia es ejercida desde hace 4 años por el Sindicato Mexicano de Electricistas–, la Federación Sindical Mundial (FSM), la Federación de Trabajadores de la Industria Eléctrica de Venezuela (Fetraelec) y el Foro Caribeño de los Trabajadores de la Energía llegaron a importantes acuerdos para que los trabajadores de esta rama estratégica desempeñen un rol protagónico desde el plano sindical, con una clara visión política y social que les permita defender los recursos energéticos no únicamente de sus países, sino a nivel internacional, en contra de las agresiones imperialistas encabezadas por Estados Unidos y avaladas por muchos gobiernos dóciles y cómplices de la región, que siguen imponiendo modificaciones en sus leyes para privatizarlos.

Entre los temas abordados en su agenda, destacaron el análisis sobre la crisis económica y la crisis energética mundial, la política energética en América Latina y el rol del movimiento sindical, la situación de los trabajadores del sector energía de la región y la violación a los derechos fundamentales sindicales y sociales, la lucha por la soberanía energética, así como la definición de un Plan de acción para la región América y solidaridad con los sindicatos de la energía en lucha. Razón por la cual los resolutivos del encuentro revisten una singular importancia, pues implican la participación de miles y miles de trabajadores en América Latina y el mundo, para defender la energía y las riquezas naturales en sus naciones, poniéndolas al servicio y beneficio de sus pueblos y no de las corporaciones trasnacionales que, como sucede en Venezuela, hacen denodados esfuerzos por ejercer presión mediante sus acciones arbitrarias, injerencistas y golpistas, en contra de un gobierno que libra una batalla histórica en contra de la voracidad del imperialismo y al que toda la clase trabajadora del mundo debe expresar su apoyo.

Martín Esparza Flores*

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

[BLOQUE: OPINIÓN]

[SECCIÓN: ARTÍCULO]

Contralínea 452 / del 31 de Agosto al 06 de Septiembre 2015