Existe el consenso de que Enrique Peña y sus encargados de los órganos de comunicación, sobre todo ahora con Eduardo Sánchez (y su fallido cuidador de imagen internacional, Paulo Carreño, más la sombra peñista de Aurelio Nuño), personal y oficialmente no sólo desprecian a quienes ejercen las libertades de prensa –que son derechos humanos–, sino que abusan del poder presidencial para, cuando se lo proponen, acabar con la carrera del periodista que tienen entre ojos. Un ejemplo reciente es la persecución contra el grupo de reporteros que coordinaba Carmen Aristegui. La embestida especialmente fue contra ella, al grado de meter la visible mano peñista para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no atrajera el asunto generado por la inquisición administrativa de los Vargas-MVS, servilmente cómplices de Los Pinos. Peña echa chispas y madres contra Jorge Ramos, y hay más que indicios de que maniobra, por medio de Televisa, para echarlo de Univisión; y sus colaboraciones semanales en el periódico Reforma sacan de quicio al “señor presidente”, quien no se guarda sus odios y fobias contra los periodistas, y les reclama públicamente o se refiere a ellos como “los que no aplauden”.

Es por esto que ha ordenado que no les den publicidad a los medios que no se alinean para elogiarlo. Lleva casi 3 años –la mitad del mal gobierno presidencial– de maniobras contra el periodismo que se ejerce como contrapoder, tal y como lo exigen el republicanismo y las democracias directa e indirecta. Y más cuando se siguen dando vueltas a la tuerca del autoritarismo y las cada vez menos veladas amenazas de represiones contra los manifestantes que demandan soluciones a los explosivos problemas sociales, que lideran los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en el contexto del tsunami económico que se viene encima de la nación; mientras Peña sigue sin dar visos de, al menos, un giro po-lí-ti-co en el timón de la nave estatal, que se enfila a zozobrar con los 55 millones de pobres, los 49 millones sin empleo y cientos de miles de jóvenes sin cupo en las escuelas de estudios superiores.

A los mediocres politiquillos en los poderes del Estado les molestan los medios de comunicación escritos, de radio y televisión, que informan verazmente de todo lo que tiene lugar en el escenario público; e incluso en el terreno privado (ver Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, titulada “Un problema llamado Angélica”, El Universal, 29 de julio de 2015). Y aquellos que critican el desempeño de los funcionarios y los excesos de empresarios y banqueros. Ha permitido el peñismo, no por indiferencia sino conscientemente, que la Procuraduría General de la República (donde la señora Arely Gómez acaba de nombrar en su órgano de comunicación a un temible funcionario de larguísima cola contra los periodistas y las libertades de expresión) mantenga paralizado el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Ya nada hace para simular siquiera que investiga sobre los 32 activistas y los veintitantos periodistas asesinados. Cinco organizaciones han insistido en el desinterés del gobierno federal en actuar preventivamente para proteger a los defensores de los derechos humanos en nuestro país. Y en cuidar la seguridad, también, de los reporteros, que buscan los hechos y se exponen diariamente. Defensores y periodistas son parte de los mexicanos que están inmersos en las violencias, con lo cual aquéllos no tienen, conforme a lo dispuesto jurídicamente en el órgano de protección de la Procuraduría, ni la mínima atención en el desempeño de sus tareas. Ellas son: Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas; Propuesta Cívica; Serapaz; Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; y suscribe el reclamo el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El reportero Víctor Ballinas (La Jornada, 29 de julio de 2015) entrevistó a Fernando Ríos, Alberto Solís, Pilar Tavera, Balbina Flores y Javier Hernández Valencia, quienes, con otras organizaciones no gubernamentales, integran el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil, los que al “presentar el segundo diagnóstico sobre la implantación de ese mecanismo –aseguraron– que las amenazas, ataques y homicidios contra periodistas y activistas se han incrementado”. Hicieron notar que “el abanico de perpetradores de ataques es muy amplio, el cual incluye a funcionarios de los tres niveles de gobierno, desde alcaldes hasta gobernadores. Esto sin contar con las amenazas del crimen organizado que controla grandes territorios”. ¿A qué se debe esto? A este columnista le parece con toda seguridad (y digo que la burra es parda porque tengo los pelos en la mano), que es desinterés por parte del peñismo, que se ha caracterizado por abusar del poder; el mismo Peña y sus empleados atacan a los periodistas y dejan en el total desamparo a los defensores de los derechos humanos. Es una política intencional, ya que en Los Pinos no toleran ni la información y ni la crítica.

Álvaro Cepeda Neri*

*Periodista

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: DEFENSOR DEL PERIODISTA]

 Contralínea 453 / del 07 al 13 de Septiembre 2015