Liliane Spendeler*/IPS
Madrid, España. La lucha de organizaciones y movimientos sociales contra unos esquemas de comercio internacional depredador y destructor no data de ayer. En la década de 1990 se enfocaba en las negociaciones globales en el seno de la Organización Mundial del Comercio. Pero en paralelo a éstas, estaba apareciendo con fuerza la firma de acuerdos comerciales bilaterales o multilaterales, haciendo mucho más difícil su seguimiento por parte de la ciudadanía.
Europa no se quedó al margen de esta tendencia. En lo que concierne a la relación entre la Unión Europea y América Central por ejemplo, si bien la década de 1980 propició la firma de algunos acuerdos bilaterales entre Estados de las dos regiones, fue a partir de la de 1990 cuando éstos contaron con un auge mayor.
Al día de hoy existen 56 acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre países europeos y centroamericanos y, por otro lado, un Acuerdo de Asociación firmado entre América Central y la Unión Europea.
Los tratados de comercio e inversión son uno de los instrumentos de internacionalización de las empresas europeas, que aseguran su acceso a los mercados mundiales y a los recursos en otras partes del mundo. Tejen un entramado jurídico que protege los intereses de las multinacionales, un armazón cuyo poder es muy superior al de los acuerdos internacionales o las legislaciones estatales en materia ambiental y social.
En este contexto, resulta interesante documentar lo que viene denunciando multitud de organizaciones y personas en todo el mundo: al contrario de lo que quieren hacer creer las elites gubernamentales y empresariales, estos tratados comerciales fomentan un modelo de expansión corporativa que impacta de forma directa en la vida de las personas y contribuye al avance de la actual crisis ecológica. Por esta razón, Amigos de la Tierra, con la colaboración del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)-Paz con Dignidad, ha querido aportar datos de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y América Central y caracterizar cómo la Unión Europea ha creado un marco jurídico y político que blinda los intereses de sus trasnacionales en esta región.
En este caso, no ha sido un problema el hecho de que Estados Unidos sea el principal socio comercial e inversor en la región centroamericana, más bien al contrario: esta situación le ha facilitado las negociaciones a la Unión Europea. La existencia previa de un tratado de libre comercio con Estados Unidos (Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos) ha permitido avanzar en la liberalización y desregulación de numerosos ámbitos, abriendo el camino a más mercantilización de servicios y bienes y más desregulación de las compras públicas, tal y como recoge el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y América Central, que entró en vigor en 2013. Forman parte de esta misma lógica los 56 acuerdos entre Estados de las dos regiones. De esta forma, junto con la extensión de las políticas neoliberales que han privatizado y desregulado sectores como el energético, se crea un marco favorable a la entrada de las trasnacionales. Una situación que no ha pasado desapercibida por las transnacionales europeas, especialmente las del sector de la electricidad, que se han hecho un hueco en el mercado, tanto de la generación como de la distribución. Las más importantes son la italiana Enel/Endesa, la francesa GDF Suez, la británica Actis Globeleq y la española Gas Natural Fenosa.
La implantación de estas empresas en la región centroamericana va asociada a los consecuentes impactos ambientales y sociales. Las comunidades afectadas denuncian el saqueo de los recursos naturales, la mala calidad o ausencia del servicio supuestamente prestado, la precariedad laboral, atropellos a los derechos humanos y el deterioro de los ecosistemas.
Sin embargo, las víctimas no encuentran respuestas en los tribunales estatales, pero tampoco existe una estancia internacional que juzgue a las empresas trasnacionales y sus dirigentes por la violación del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional del trabajo.
Por esta razón, la sociedad civil se ve obligada a buscar una vía de justicia alternativa, en particular ante el Tribunal Permanente de los Pueblos. Así las empresas españolas Gas Natural Fenosa e Hidralia y la italiana Enel han sido denunciadas ante este tribunal popular por sus prácticas destructivas en América Central. Bien al contrario, las trasnacionales tienen a su alcance, no sólo la propia justicia estatal de los países donde operan, sino que también pueden acudir a tribunales de arbitraje internacionales donde denuncian a los Estados cuando consideran que éstos atentan contra sus inversiones e intereses.
Este mecanismo privado de resolución de conflictos llamado arbitraje de diferencias Estado-inversor (ISDS, por su sigla en inglés) es una característica común de los tratados de libre comercio e inversiones.
Los ISDS están por encima de las leyes y tribunales de los Estados, ponen en peligro los intentos estatales de reforzar la protección social y ambiental, y sólo se aplica en una dirección: las empresas pueden denunciar a los Estados, pero no al revés y mucho menos los pueblos y comunidades afectadas por las actividades empresariales. Un atentado a la democracia y la justicia.
Hasta la fecha, el número total de demandas que han interpuesto las multinacionales (incluyendo las no europeas) a los países centroamericanos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), se eleva a 25. Costa Rica por sí solo ha sido llevada nueve veces ante este tribunal de arbitraje. Se puede apreciar que la evolución temporal de las denuncias contra los Estados está directamente relacionada con la firma y entrada en vigor de los tratados que conllevan la protección y promoción de inversiones en la región. En lo que se refiere a las empresas energéticas europeas, dos utilizaron este mecanismo. En 2009 Iberdrola demandó a Guatemala ante el CIADI, con motivo de una disputa en el establecimiento de tarifas, y en 2013 la italiana Enel demandó a El Salvador por la paralización de un proyecto geotérmico cuando el Estado centroamericano detectó irregularidades.
Esta situación no puede dejar indiferente. La experiencia entre la Unión Europea y América Central pone claramente de manifiesto cómo los tratados de libre comercio e inversiones representan un potente instrumento de protección de los intereses de las trasnacionales, creando una armadura de seguridad jurídica de las inversiones, por encima de los derechos sociales, ambientales y democráticos de las poblaciones. En este sentido, Europa debe revisar en profundidad su política de expansión al exterior así como su negación a apoyar un tratado internacional vinculante sobre empresas y derechos humanos, tal y como lo hace en la actualidad en el seno de la Organización de las Naciones Unidas.
Por otra parte, es imprescindible que tome buena nota de la advertencia que aporta la experiencia de América Central, rechazando la firma de la Asociación Trasatlántica de Comercio e Inversiones (ATCI), de la Unión Europea con Estados Unidos, y la ratificación del Acuerdo Integral de Economía y Comercio (CETA, por su sigla en inglés), del bloque europeo con Canadá.
En la Semana Internacional de Acción contra los Tratados de Libre Comercio, celebrada entre el 11 y el 17 de octubre, se ha visto cómo los ciudadanos de toda Europa dicen “no” tanto al ATCI como al CETA y el Acuerdo de Comercio de Servicios. Con tanta gente en las calles para gritarlo, esperemos que nuestros representantes políticos dejen de hacer oídos sordos.
Liliane Spendeler*/IPS
*Directora en España de Amigos de la Tierra
[BLOQUE: OPINIÓN] [SECCIÓN: ARTÍCULO]
Contralínea 461 / del 02 al 08 de Noviembre 2015
