Nos llegó por internet una carta que el 12 de julio de 2009 presentó Federico Anaya Gallardo al Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí (CEDH-SLP), en la que renunció a la Secretaría Técnica de ese organismo. Como siempre, utilizó un subterfugio al pedir: “[Se me ] releve de mi cargo por estar imposibilitado para cumplir mis obligaciones legales…”, en lugar de renunciar lisa y llanamente. Ya ponía en sus escritos, antes de su nombre, la frase “Salud y República” (que después impuso en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México –UACM– , al ser nombrado encargado de la Oficina del Abogado General), junto con un sello particular.

Destaca de inmediato que la dirigió al Consejo de la CEDH-SLP y no a su presidente. Y no se piense que fue un error, pues en el texto de la misiva se advierte que dicho funcionario realmente lo despidió por haberle perdido la confianza. Y es que el ciudadano Anaya distribuía información en las sesiones del Consejo, desacatando las indicaciones del presidente de la Comisión y atendiendo a lo que le sugerían algunos consejeros (parecido a lo que ahora hace con el rector en la UACM). Por ello, fue acusado de falta de lealtad e invitado a renunciar. Da la impresión de que grillaba al presidente en complicidad con algunos consejeros.

Claro que él no aceptó que estaba actuando mal, sino que culpó al presidente y al Consejo de no colaborar respetuosamente “y siguiendo de buena fe el marco legal”. Como secretario técnico, se atribuyó la facultad de juzgar a quienes tenían responsabilidades de fondo en la CEDH-SLP. Y por eso se movió a discreción.

Un laudo que cuesta casi 8 millones

Recientemente, y después de que los interesados tramitaron un juicio de amparo, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje dictó un laudo en el que condenó a la UACM a pagar casi 8 millones de pesos como indemnización por el despido injustificado de tres trabajadores del área jurídica, que es precisamente la que dirige el ciudadano Federico Anaya. Es mucho dinero para una institución pública de educación superior.

¿Cómo es que creció tanto el monto de esa condena? Seguramente por acciones de alargamiento del juicio, atribuibles a las partes litigantes. Casi con seguridad puede afirmarse que fue la parte patronal –o sea el encargado general de la Oficina del Abogado– quien se dedicó a chicanear el asunto para fatigar y/o aburrir a su contraparte. Porque no es normal que los trabajadores prolonguen sus propios juicios.

Hay quienes piensan que hay gato encerrado y que las autoridades de la Junta Laboral tienen la consigna de dañar a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Esto no es creíble, pues no aportan elementos de juicio para apoyar esa aseveración.

Un extraño acuerdo en debate

El Consejo Universitario de la UACM decidió analizar en una sesión próxima la permanencia de un extraño acuerdo: el que dictó el Tercer Consejo ordenando que no se remueva a Federico Anaya de la Encargaduría General de la Oficina del Abogado hasta que se realicen otras hipótesis que nada tienen que ver con el tema de su designación. De facto, le dieron inamovilidad y un poder que le permite actuar sin tomar en cuenta al rector. Eso coincidiría con lo que hacía en la CEDH-SLP.

El debate va a ser interesante, porque por fin sabremos quién propuso ese extraño acuerdo y cuáles fueron sus razones (tan poderosas, que convenció al Tercer Consejo de aceptarlas). También nos enteraremos si hubo o no voces discordantes en aquella ocasión.

El proyecto académico-político de la UACM es sumamente avanzado, pero requiere ajustes. No es lógico ni razonable que el rector no pueda designar o proponer siquiera a sus colaboradores más inmediatos. Eso atenta contra el trabajo en equipo que debe haber en los órganos administrativos e impide la construcción de un sólido liderazgo académico que lleve a la institución a buen puerto. Hoy la administración de la UACM se asemeja a una orquesta sin director.

Un buen comienzo sería la abrogación del acuerdo que declara inamovible a Federico Anaya Gallardo.

José Enrique González Ruiz*

*Doctor en ciencias políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: ARTÍCULO]

Contralínea 471 / del 18 al 24 de Enero de 2016