Los efectos del calentamiento global han acelerado el encuentro de la Ciudad de México con su inexorable colapso: altos niveles de contaminación, vialidades aletargadas y un deficiente transporte público son los factores que aunados al incontenible desarrollo inmobiliario en manos de voraces desarrolladores, produjo en las últimas 2 décadas una desordenada expansión urbana, donde la calidad de vida se ha deteriorado al grado de representar un problema de salud pública.

Hoy, millones de habitantes del Valle de México pagamos las consecuencias de nuestros gobernantes por no atender los problemas de contaminación derivados del creciente uso del automóvil y la falta de control y vigilancia permanente de las más de 40 mil industrias asentadas en la zona metropolitana, cinco mil de las cuales se consideran altamente contaminantes y 500 de ellas en situación crítica.

Sexenio tras sexenio, las políticas públicas se dedicaron a sembrar asfalto por doquier, mediante la construcción de nuevas vialidades y segundos pisos; ahora, en consecuencia lógica, cosechan un parque vehicular de 5,3 millones de automotores y una enorme contaminación por la quema de combustibles fósiles.

Pero además, la desmedida y galopante corrupción, permitió cambios arbitrarios de uso de suelo para autorizar desarrollos inmobiliarios en zonas densamente pobladas y sin posibilidades de expansión urbana de manera equilibrada y racional. Ahí están ejemplos palpables como el corredor Reforma donde se ha demostrado la insuficiencia de servicios como agua, luz, gas, pero se sigue permitiendo su anárquico crecimiento poblacional sin tomar en cuenta a los miles de empleados que laboran diariamente en su vasta zona de oficinas.

En delegaciones como Cuauhtémoc, se disparó sin planeación alguna la construcción de vivienda, no precisamente de interés social, sin que las autoridades hicieran los mínimos estudios de impacto social y ambiental. Colonias como San Rafael y Santa María La Rivera, son claros ejemplos de este caos urbano y vial donde los miles de nuevos vecinos enfrentan inseguridad, falta de servicios e, incluso, un espacio donde acomodar sus vehículos, recurriendo a la invasión de calles y a la lucha por apropiarse de todo lugar disponible en la vía pública.

Es hora de que las políticas públicas retomen el impulso al transporte público de cero emisiones contaminantes como lo son los trolebuses, el Metro, el Tren Ligero y el impulso a los tranvías que en el siglo pasado ayudaron a que la ciudad de México fuera calificada, más allá del comparativo literario, como la región más transparente.

Debemos reflexionar en qué momento se priorizó el transporte público movido por combustibles fósiles en abierto desplazamiento al que utiliza electricidad. Las cifras hablan de un absoluto abandono a estos sistemas de transporte que todavía en la década de 1980 representaban una forma de traslado seguro para millones de habitantes. De 850 trolebuses que recorrían la ciudad hace más de 2 décadas, ahora existen unos 280, 60 de los cuales se encuentran varados por falta de mantenimiento al grado de que las ocho rutas que aún existen, una se encuentran inhabilitada por falta de unidades. Lamentable que todavía hace 1 década, se movilizaban en trolebús medio millón de personas, ahora, por el abandono y la falta de inversión apenas y trasladan a la mitad.

De hecho, en la infraestructura urbana creada en los ahora desmantelados ejes viales, se construyeron en sus contraflujos los postes para el cableado eléctrico de los trolebuses. Ahora, estas estructuras son mudos testigos del extravío y descuido que se tuvo por cuidar el medio ambiente, a través del impulso y fortalecimiento a un transporte público no contaminante, para ceder paso a un transporte altamente contaminante como el que ahora recorre las avenidas.

El Metro es otra muestra de la falta planeación para garantizar el traslado rápido, seguro y confiable de millones de personas. Hace un par de años se elevó la tarifa de 3 a 5 pesos, anunciándose que los recursos extras serían para la adquisición de un número mayor de trenes y la reparación de decenas de estos que se encontraban inactivos por falta de recursos para comprar refacciones y ponerlos en funcionamiento.

Es hora de que estos recursos sean empleados en beneficio de sus habituales usuarios, en su mayoría gente de escasos recursos que no cuenta con los medios para adquirir un auto y que tiene en este medio de transporte su única opción para llegar a sus centros de trabajo o estudio. Esta inyección de recursos debe ser extensiva al Tren Ligero, medio al que también se le ha dejado a deriva pues de 24 unidades, únicamente 18 funcionan en condiciones aceptables.

Si realmente existe la preocupación de nuestras autoridades tanto de la zona metropolitana como del área federal, por el calentamiento global y la creciente concentración de ozono en la ciudad capital y en todo el Valle de México, deben avocarse sin dilaciones a replantear las actuales políticas públicas, para alentar un transporte de pasajeros eficiente, accesible y seguro, utilizando nuevas tecnologías para alentar un resurgimiento los tranvías eléctricos, los trolebuses y más unidades al Sistema Colectivo Metro.

Por supuesto que los automotores no son del todo responsables de los altos niveles de contaminación, pues como ya se demostró, ni con el endurecimiento del Doble Hoy No Circula se lograron abatir los índices superiores a los 100 Imecas; en este redimensionamiento tendrá que existir una estrategia multisectorial para que organismos como la Procuraduría Federal de protección al Medio Ambiente (Profepa) realicen un calendario permanente de inspecciones a las miles de industrias que también contribuyen a la emisión de miles de toneladas de contaminantes. Y no como ahora sucede, que se hacen presentes por la agudización de la contingencia ambiental.

Ante la gravedad de la situación donde debe privar, ante todo, la salud pública, los capitalinos debemos preguntarnos si no es el momento exacto de pedir que se haga realidad la añeja propuesta de iniciar un proceso de descentralización, no únicamente de los disparatados desarrollo inmobiliarios, sino de buena parte de la estructura burocrática que debe ir a atender problemas inherentes a su naturaleza administrativa a los diversos estados del país donde más se requiere su presencia. La ciudad no da para más y resulta inaceptable el recibir distinción como la metrópoli más congestionada del mundo, por su asfixiante tráfico vehicular.

Por eso, desde el seno mismo de los movimientos sociales debe impulsarse un Consejo Metropolitano que ponga en el centro del debate de los asuntos ambientales la salud de los mexicanos que habitamos el Valle de México. Las políticas públicas deben ser consensadas con la sociedad y no asumidas unilateralmente, porque asuntos como el calentamiento global no pueden tomarse a la ligera ni ser decisión de unos cuantos. La ciudad se colapsa y urge salvarla.

Martín Esparza*

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

[BLOQUE: OPÍNIÓN][SECCIÓN: ARTÍCULO]

Contralínea 485 / del 25 al 30 de Abril, 2016