En medio de los recortes al presupuesto y la caída en el gasto público asociado a obras de infraestructura, la vivienda (otra vez la de interés social) se presenta como una alternativa contra cíclica que puede dejar grandes beneficios para la economía. En la Ciudad de México, por ejemplo, se estima que la demanda promedio de vivienda superará las 20 mil unidades en renta cada año. Esa demanda se presentará al menos durante las siguientes dos décadas, tan sólo para satisfacer el crecimiento poblacional y los cambios demográficos. De acuerdo con la firma Alignmex Real Estate Capital, la renta de vivienda será una opción real para muchas familias dado el incremento en el valor de las propiedades. Serán pocas familias las que logren adquirir un bien inmueble. En los últimos tres años la única inversión refugio –en medio de la intensa volatilidad de los mercados– han sido los bienes raíces, muchos de ellos dedicados precisamente al arrendamiento. No es casualidad el boom que vemos ahora de centros comerciales, de nuevos desarrollos de vivienda. Gracias al dinero de las Afores y a instrumentos como los certificados de capital para el desarrollo y los fideicomisos de inversiones en bienes raíces, hoy vemos por todos lados edificios y casas nuevas por todas partes.
Se calcula que la inversión en bienes raíces otorgó rendimientos anuales superiores al 10% y eso fue mucho tomando en cuenta que hasta hace poco vivíamos en la era de tasas cero inaugurada por Alan Greenspan. Sin embargo, antes de que proliferen los esquemas de renta de vivienda, sobre todo aquellos que ofrecen opción a compra, será necesario analizar experiencias como las que se presentaron en el pasado en proyectos de constructoras como Urbi que, en asociación con Hipotecaria Su Casita, inauguraron una época de incertidumbre en viviendas arrendadas con la posibilidad de adquirirse. Urbi perdió cientos de casas; Su Casita no pudo recuperar los créditos otorgados y Deutsche Bank –como responsable del fideicomiso que detonaba el modelo– aún lucha por recuperar activos y garantías. Todo un riesgo.
Las nuevas apuestas de Pemex
La asociación de Pemex para la exploración y explotación del campo Trión en aguas profundas es relevante no sólo por ser la primera que tendrá la empresa productiva del Estado con petroleras extranjeras, sino porque pone de manifiesto las capacidades reales que tiene y los retos que puede asumir en escenarios de bajos precios internacionales del crudo, caída de la producción de hidrocarburos y de reducida capacidad de inversión, a los que se debe añadir que el proyecto es en aguas profundas del Golfo de México.
Es cierto que a raíz de la crisis del Brexit en Gran Bretaña los precios del petróleo presentan una recuperación que ahora pone en riesgo las metas de inflación, pero Pemex tendrá que estar listo para nuevas caídas en el precio del hidrocarburo.
La propia empresa ha anunciado que en 2017 se podrá esperar un volumen de producción de 2.1 millones de barriles de petróleo diarios; eso significa una baja de 16 por ciento sobre la extracción de los primeros cuatro meses de 2016 y de 19 por ciento sobre la de 2015. De acuerdo a un análisis de Gustavo Silva, de Mapa Energético, la petrolera que conserva 80 por ciento de las reservas probadas del país para su explotación requiere incorporar proyectos que en el tiempo le permitan revertir la caída en dos vías; una, mediante la cual logre extraer mayor volumen de hidrocarburos de los campos en producción y de incorporar en el tiempo volúmenes adicionales. En este rubro se coloca el proyecto Trión.
Desde su hallazgo, este campo se convirtió en uno de los más grandes descubiertos en el Golfo de México, que es la zona marina con más actividad petrolera del mundo, sin embargo debido a los altos volúmenes de inversión requeridos y con la maduración de los proyectos podría parecer poco rentable la continuación del proyecto, sobre todo si los precios se encuentran aún deprimidos.
La política tributaria que necesitamos
La concentración de la riqueza en nuestro país es un tema que incomoda a muchos en el gobierno federal y en las esferas empresariales. La distribución de la riqueza, sin embargo, ahora forma parte del discurso del Servicio de Administración Tributaria (SAT), a cargo de Aristóteles Núñez. Una buena señal. Durante varios sexenios, estudios del ITAM, del CIDE y de otros respetados centros de estudios se concentraron en encontrar, a partir de datos duros, los argumentos más convincentes para incrementar los incentivos para que la población pague impuestos. No fue, sin embargo, hasta que el actual titular del SAT, Aristóteles Núñez, decidió cerrar filas y exhibir a los deudores del sistema tributario mexicano que comenzaron a cambiar las reglas del juego. Núñez tenía un reto que no podía eludir, ante la caída en los precios del petróleo: aumentar la recaudación y la aportación de los impuestos en los ingresos del gobierno federal. La lista de los incumplidos en el portal de Internet del SAT se transformó en la punta del iceberg de la política tributaria del gobierno federal. Es un hecho que el SAT ha puesto en énfasis en cobrar impuestos a quien gana más y a quien incumple; paralelamente, el gobierno federal elevó los incentivos para que los empresarios eleven la creación de empleos. Es cierto, el acento del SAT se encuentra en los contribuyentes cautivos. La informalidad, por ahora, no es una prioridad para el SAT. El ambiente social no es el propicio y el jefe del SAT acepta que prefiere concentrarse en los grandes evasores.
Así, el IVA –el impuesto al consumo por excelencia– comienza a compensar la caída en otros ingresos tributarios ante los recortes presupuestales. Resulta que a partir de la nueva volatilidad generada por la salida del Gran Bretaña de la Unión Europea (Brexit), el gobierno federal –a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público– decidió aplicar un nuevo recorte por poco más de 30 mil millones de pesos, unos 1 mil 630 millones de dólares.
El SAT, además, no sólo utiliza todos los medios electrónicos y mediáticos para incentivar el pago de impuestos, sino que se ha apoyado de denuncias como la realizada por la investigación Panama Papers para indagar sobre el pago de impuestos de los grandes inversionistas de la economía mexicana. La gran sorpresa que encontró el jefe del SAT es que algunos de esos empresarios sí pagaron sus impuestos. Muy bien por ellos. La mala es que se confirmó que los paraísos fiscales sí se utilizan para evadir al fisco y agudizar el gran problema que enfrenta la economía mexicana: la desigualdad y la concentración de la riqueza. Aristóteles Núñez también vigila a los políticos que no reportan adecuadamente su situación patrimonial. Esa es la política tributaria que necesitamos.
Claudia Villegas
[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: IQ Financiero]
Contralínea 496 / del 11 al 16 de Julio 2016
