La reforma educativa es un fracaso: en lo que va de su vigencia han sido “evaluados” 300 mil maestros y maestras, mientras que el total del personal docente asciende a 1 millón 200 mil personas. Es decir, sólo el 25 por ciento se ha sometido a la llamada “evaluación punitiva”
En un reciente artículo escribí que la reforma energética de Enrique Peña Nieto ya había fracasado, porque si se comparan los objetivos que pregonó el propio gobierno, en algunos puntos, como el volumen de supuestas reservas a licitar, apenas había logrado “vender” (entregándolas casi gratis) el 1 por ciento; parecidos resultados ha tenido con su mal llamada “reforma educativa”.
El total del personal docente, en el sistema oficial, asciende a 1 millón 200 mil personas; de ellos, sólo han sido “evaluados” 300 mil, es decir un 25 por ciento, criterio de tipo cuantitativo que es absolutamente insuficiente. El fracaso debe medirse si consideramos que el objetivo de Peña era eliminar a un sector muy importante de la oposición a su política entreguista, pero lo que ha logrado es levantar un movimiento nacional en contra de sus reformas.
La heroica resistencia de los profesores se ha convertido en un catalizador del descontento nacional. Se ve un fenómeno que sólo se produce en pocos momentos en la historia de los pueblos, las masas han salido a las calles, cuanto más numerosas son las brigadas y más extendidas en la geografía, con más eficacia logran imposibilitar la represión.
Si fueran sólo unos cientos de profesores, hace semanas que con las salvajes golpizas, los asesinatos y los encarcelamientos ya los hubieran contenido, pero ello es imposible si son miles los que participan en bloqueos, barricadas, plantones, campamentos y marchas.
Algunos jefes del aparato militar-paramilitar y policiaco han revelado que han tenido que trasladar parte de estos contingentes a “atender” las protestas populares, con el resultado de que los asesinatos, descabezamientos y otras atrocidades se incrementan en los puntos antes “protegidos”. Cita textual: “la incidencia criminal no ha bajado debido a que elementos de las corporaciones federal y estatal son asignados a atender la movilización de los maestros”, ¿qué significa esta extraña revelación?, ¿están desbordados?, ¿el nivel de militarización ya les resulta insuficiente?, ¿el presupuesto seguirá disminuyendo en salud, becas a los estudiantes, como los de la UAM (Universidad Autónoma Metropolitana) para reforzar el aparato militar?
Para entender correctamente esta oleada de luchas, sería muy útil construir un mapa muy detallado de su extensión, que desde luego no se limita a las entidades del sureste. Un simple vistazo permite concluir que abarca desde Tijuana, Baja California, hasta Tapachula, Chiapas.
“Estamos hartos de las reformas estructurales”
En algunas entidades como Chiapas, creemos observar una rebelión muy generalizada y con demandas más diversas.
Al finalizar la primera semana de julio, cuando Gobernación cedió a regañadientes y regresó a la mesa de negociaciones, la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) decidió levantar transitoriamente el plantón, pero otros contingentes lo continuaron. Explicó un nuevo organismo denominado La Asamblea Popular, que no era el movimiento magisterial el que mantenía los bloqueos (en el caso son más bien “barricadas”), sino el pueblo que está “harto de las reformas estructurales”.
Recientes reportajes del gran periodista Hermann Bellinghausen informan que lo que comenzó como “un cinturón de seguridad” para proteger a los maestros, se transformó en un agrupamiento de diversos grupos y movimientos que ahora enarbolan “la defensa de las reservas naturales”, “del agua” y, entre otras, se suman a “la oposición a la reforma energética”.
Chiapas conoce, por su propia experiencia, de todos esos temas. En el municipio de Chicomuselo, una minera canadiense ha estado saqueando oro, con la consiguiente contaminación del agua; las protestas populares, hace ya algunos años, terminaron con el asesinato de uno de los líderes.
Seguramente los chiapanecos ya saben que hay otra empresa canadiense llamada “Renaissance Oil Corp.”, con sede en Quebec, que ya ganó en la última licitación de campos petroleros tres de ellos: Topén, Malva y Secadero, en los municipios de Sunuapa, y Pichucalco. Lo que quizá no saben es que, con ellos llegan grandes trasnacionales, políticos neoliberales y funcionarios del gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
Halliburton en Chiapas
Los nuevos petroleros no llegan solos, ellos mismos presumen en sus documentos que han recibido asesoría y que están asociados con los de Halliburton, en las ilustraciones de esta nota se puede leer que pregonan su fuerte relación con Halliburton (‘A strong relationship’), asimismo informan que ambas empresas pasaron varios miles de horas “evaluando los prospectos de petróleo y gas en México”.
Los Renaissance prestan otro rasgo: entre sus asesores que les permitirán “una ventaja significativa en la ejecución de su plan de negocios en México” (‘…gives to Renaissance Oil Corp a significant adventage in executing our business plan in Mexico’), participan altos funcionarios del gobierno de Salinas.
En la ilustración 3 que publicamos en esta nota se pueden leer los nombres de Ernesto Marcos Giacomán, quien fue subsecretario en la Secretaría de Energía y director de Finanzas en Petróleos Mexicanos, así como el de Luis Miguel Labardini, exfuncionario también en el área de Finanzas de Pemex.
La traición flota en el ambiente
Pero a pesar de la fuerte oposición, el gobierno parece dispuesto a imponerse al costo que sea. Es cierto que se ha sentado a negociar, pero más parece una maniobra para ganar tiempo. Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, un día promete un cambio y al siguiente lo niega, procede con lentitud en un calendario de reuniones que parece extenderse demasiado apostando al debilitamiento de las luchas.
En una reunión, un compañero opinó: “la traición se huele en el ambiente”; otro considera que gracias al vigor de esta movilización, sea cual sea el desenlace, ya logró triunfos: el carácter punitivo del examen será modificado, aunque digan que la reforma continúa. Otro más refuerza ese punto pidiendo percibir matices: en Nuevo León “El bronco”, por lo menos hasta ahora, ni ha realizado detenciones, ni reprimido a manifestantes y, de hecho, ya anuló algunos aspectos de la reforma de Peña Nieto; finalmente, es muy interesante y hasta me atrevería a decir “esperanzadora” la muy reciente incorporación de algunos senadores, que al fin se dan por aludidos.
Pero hay poco lugar para la esperanza, el panorama es muy incierto, no puede descartarse una mayor militarización del país. La única salida es continuar con los “cinturones de seguridad” para proteger a los maestros y debilitar a los sectores más entregados al proyecto trasnacional que persisten en la reforma energética y en la mal llamada “reforma educativa”.
Fabio Barbosa
ANÁLISIS
Contralínea 498 / del 25 al 30 de Julio 2016
