Lejos de iniciar una autocrítica para enmendar lo que no ha funcionado en las políticas públicas del deporte, las autoridades mexicanas decidieron darle una evaluación de “consistente” a lo obtenido por la delegación olímpica que participó en Río de Janeiro, trayendo consigo la austera cosecha de tres medallas de plata y dos de bronce. Una vez más se ha buscado aminorar el costo político abonado por el desatino e irregular manejo de los recursos públicos por parte del titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Alfredo Castillo Cervantes, para ocultar por añadidura la parte de culpa que le toca compartir a las autoridades educativas en este nuevo naufragio del deporte nacional.
Cuestionado en el sentido de si como titular de la entidad, de la cual depende la Conade, le pediría su renuncia a Castillo, el Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, señaló que tal decisión debería valorarse, pues “el resultado de México es consistente con las últimas cinco Olimpiadas. Habrá que tener una reflexión para que esto mejore”, sentenció lacónico, respaldando el gris dividendo.
La invocación del consabido y eternizado aquí no ha pasado nada, por parte de Nuño, refleja el grado de desinterés que el deporte nacional representa en la configuración de las políticas de Estado, pese a que estimaciones austeras hablan de que cada presea le costó al país unos 50 millones de pesos en promedio, si se considera que al Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) le fueron destinados, de 2013 a 2016, un total de 250 millones de pesos; sin dejar de mencionar los 2 mil 800 millones de pesos presupuestados este año a la Conade, ni los otros tantos miles más asignados en lo que va del sexenio.
Tal y como lo expresamos en nuestra anterior entrega, el problema de fondo no radica sustancialmente en la falta de recursos, sino en la forma desarticulada e irresponsable como se aplican, tanto a nivel federal como en las diversas federaciones, siempre alejada de la mínima supervisión de la sociedad civil, y donde los directamente interesados carecen de voz y voto; es decir, son en apariencia los principales actores pero en realidad aparecen como los convidados de palo.
Las críticas que tras el nuevo desencanto han aparecido tienen sólidos fundamentos para ser tomadas en cuenta, pues demuestran que los responsables del sector no saben operar en cuestiones que les son francamente desconocidas. Tras la primera medalla obtenida por el boxeador Misael Rodríguez, la federación de box anunció en las redes sociales que Castillo debería abstenerse de “colgarse” de un triunfo al que no contribuyó en nada.
Y en efecto, las cifras no mienten cuando de poner en su sitio a los directamente responsables de tan pírricas victorias. De acuerdo con los datos del Fodepar, hubo un trato por demás desigual para los deportistas de alto rendimiento; por ejemplo, mientras la ganadora de la medalla de plata en taekwondo, María del Rosario Espinoza, obtuvo recursos por 3 millones 148 mil 875 pesos, en el periodo comprendido de 2013 a 2016, Misael Rodríguez apenas fue apoyado en el mismo lapso con 154 mil 53 pesos; es decir, 38 mil 513 pesos anuales, o en números más concretos, 3 mil 200 pesos mensuales.
Situación parecida enfrentaron los también medallistas Israel Hernández, el pentatleta ganador del bronce, quien sólo recibió en cuatro años de entrenamiento 273 mil 108 pesos; o la marchista Guadalupe González, que fue apoyada únicamente con 295 mil 487 pesos en el mismo periodo. Es por ello válido preguntar: ¿dónde estaba el titular de la Conade que no se percató de este desigual trato a los deportistas de alto rendimiento? ¿Cómo es posible que los recursos públicos se apliquen tan selectivamente y sin verdaderos criterios deportivos? ¿Acaso Aurelio Nuño nunca se asomó a ver lo que ocurría en esta área que es parte de la dependencia a su cargo?
Más allá de la comparecencia de Alfredo Castillo ante la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados, donde legisladores buscaron sacar raja política de los desatinos del titular de la Conade, y éste a su vez trató de culpar a las federaciones de malos manejos de los recursos públicos, proponiendo que en el futuro un grupo de notables los asignen directamente a los atletas, los legisladores deben volver los ojos a una reconfiguración de la educación física, desde el nivel básico como embrión del deporte nacional. Lo registrado en Río de Janeiro es una abonada muestra del rotundo fracaso que subsiste transexenalmente en las políticas públicas en materia de deporte en México.
Si no se atiende de raíz el problema y reconocemos que somos un país con poca actividad física, sobre todo por la falta de personal capacitado para desarrollar programas deportivos -los propios maestros de educación física presentan obesidad-, el asunto más que obtener una solución tenderá a agravarse, pues es indudable que además de adolecer de una política deportiva integral, hay una carencia de ligas deportivas escolares y municipales, y las pocas que existen son manejadas con fines lucrativos de grupos políticos locales que rara vez invierten en remediar el mal estado de la infraestructura deportiva, a la que incluso la propia Conade destina recursos a cuentagotas.
Es lamentable que a diferencia de otros países, hasta la fecha no existe en México un sistema de detección, selección y desarrollo de talentos deportivos a temprana edad. Las autoridades en turno se resisten a aceptar que las medallas obtenidas no corresponden a nuestra densidad demográfica ni al tamaño de país que somos, como tampoco a los cuantiosos recursos asignados a una desarticulada política deportiva. Quemar en la plaza pública a los presuntos responsables cada cuatro años, es un paliativo mediático para no corregir de fondo lo que está mal.
No hay vuelta de hoja en el sentido de que el deporte mexicano y los deportistas están aprisionados por los intereses políticos de quienes tienen en sus manos el manejo institucional del deporte sin la mínima intervención de la sociedad. Imposible para la tecnocracia en el poder negar que los fracasos deportivos son el espejo por donde se asoman los también acumulados fracasos del modelo económico neoliberal.
Prueba de que se insiste en no corregir el rumbo institucional, es que siendo la Conade uno de los organismos dependiente de la SEP, la entidad no ha podido diseñar en más de dos décadas de neoliberalismo una política de Estado que, como sucede en otras naciones, priorice en los programas educativos el fomento al deporte; es inconcebible que la impuesta Reforma Educativa no encuentre en sus retorcidos objetivos uno que atienda el lacerante panorama en que está empantanada la materia de Educación Física, que no es considerada en su verdadera importancia ni justa dimensión por las autoridades escolares, lo mismo que por padres de familia, alumnos y hasta profesores. El dejar a la deriva a esta área elemental de la educación derivó, al paso de los años, en un problema de salud pública como lo es la obesidad en niños y adolescentes.
Por estos repetidos errores se hace impostergable que la Conade y las actuales mafias que tienen secuestrado al deporte nacional desaparezcan y se impulse, desde el Congreso, un modelo intersectorial que tienda a establecer un sistema educativo que siembre en las nuevas generaciones la raíz de la cultura del deporte, donde tenga participación la sociedad civil en los programas de detección, promoción y apoyo a los talentos deportivos del futuro, lo mismo que en el manejo de los recursos públicos destinados a los atletas de alto rendimiento. No hacer un viraje total en las erradas políticas públicas será reeditar en cuatro años los mismos fracasos y las mismas excusas a que nos tienen acostumbrados los tecnócratas neoliberales.
Martín Esparza Flores
Contralínea 505 / del 12 al 17 de Septiembre 2016
