La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) condenó los actos de violencia a mano armada que las empresas Torex Gold Resources Inc. y Panamerican Silver, ambas canadienses, llevaron a cabo para continuar con el despojo de las comunidades en donde han instalado sus proyectos, tanto en Cocula, Guerrero, como en el de Chalchihuites, Zacatecas.
A través de un comunicado, la REMA informó que el 31 de enero pasado grupos de “civiles” armados —en su mayor parte pertenecientes al grupo delincuencial de los Guerreros Unidos—, “instalaron retenes en los poblados de Atzcala y Mezcala, Municipio de Cocula, con el fin de bloquear el acceso a diversos grupos de apoyo que se desplazaban para solidarizarse con el bloqueo que desde el domingo pasado mantienen campesinos y pescadores, contra la empresa Media Luna, filial de la empresa canadiense Torex Gold Resources Inc.
Los pobladores de Nuevo Balsas, Real de Limón y Atzcala habían instalado el bloqueo en contra de la minera, por el incumplimiento de acuerdos a los que se había llegado con la minera canadiense. Entre ellos, la indemnización de 500 mil pesos anuales por los daños ocasionados al ambiente, “en especial a la presa de la cual subsistían de la pesca, además de ya presentar daños a la salud y estar enfrentando una grave crisis de inseguridad por la clara participación del crimen organizado en áreas de operación de la empresa”. Ante estos hechos, el gobierno del estado — a cargo de Héctor Astudillo Flores— no ha participado en la resolución del conflicto.
En tanto, el mismo 31 de enero, 47 familias que habitaban en la comunidad rural de la Colorada en el Municipio de Chalchihuites, Zacatecas, fueron desalojadas de sus hogares por “guardias privados, que portaban armas largas, de la empresa minera canadiense Panamerican Silver. Con maquinaria pesada la empresa destruyó sus casas para apropiarse de sus lotes, de la misma manera como actuó el 23 de diciembre de 2016 con la Comunidad de Salaverna, Zacatecas”.
La REMA indicó que desde hace 2 años esta empresa canadiense comenzó a despedir selectivamente a trabajadores que vivían en las comunidades cercanas.
La organización sostiene que “las empresas mineras de capital privado extranjero y mexicano, constantemente violan los derechos humanos, violentan las leyes ambientales y laborales y por si fuera poco en una buena cantidad de casos han hecho uso de grupos de choque, paramilitares, grupos armados de la delincuencia organizada y fuerzas de seguridad municipal, estatal y federales que servilmente protegen los intereses privados de estas”.
Érika Ramírez
