El estudio “Violence and Criminal Justice in México and South Africa”, de Elena Azaola y Gareth Newham (2016, en prensa), señala que las cifras del sector Salud, que son las que alimentan las Estadísticas de Mortalidad del INEGI, arrojan un total de 120 mil 237 muertes por homicidio durante el periodo del gobierno de Felipe Calderón 2006-2012, mientras que, en los tres primeros años del actual gobierno de Enrique Peña Nieto 2012-2015, suman ya más de 57 mil 500 (INEGI 2016).

Durante el periodo 2008–2015, México ha experimentado una grave crisis de seguridad que ha tenido un costo muy importante y lamentable con la pérdida de 178 mil vidas humanas, precisa el estudio.

“Si bien nos referimos a una crisis de seguridad y de derechos humanos durante el periodo 2008–2015, en realidad los cuatro componentes de esta crisis, a saber: 1) la existencia de grupos delictivos con la capacidad para representar una amenaza para el estado; 2) la fragilidad o la incompetencia de las instituciones del estado para contenerlos; 3) la descomposición social que se manifiesta en el creciente número de personas capaces de cometer delitos y 4) la falta de controles eficaces frente a los abusos y la violación de derechos por parte de las instituciones del estado, destaca.

Todos estos componentes, dice, suponen la existencia de procesos sociales, económicos, políticos y culturales que se han ido construyendo a lo largo de décadas con los lamentables resultados que ahora conocemos. Bajo esta perspectiva, la “guerra” emprendida por el gobierno en contra del narcotráfico, habría sido sólo uno de los factores desencadenantes que propició la emergencia de una crisis que venía gestándose de tiempo atrás.

Detalla que la crisis de seguridad y derechos humanos que México enfrenta, persiste en el actual periodo de gobierno 2013-2018 ya que, a pesar de que el programa de gobierno no colocó como prioridad la de enfrentar a los grupos delictivos en los hechos, durante los tres primeros años de este periodo, se ha mantenido la política de privilegiar el uso de la fuerza y la militarización para combatir al crimen organizado.

“No cabe duda que el indicador más lamentable de la crisis de seguridad que México ha experimentado en los últimos años, es el incremento notable en el número de muertes por homicidio, que ronda los 178 mil habitantes y que rompió con la tendencia descendente que este fenómeno venía observando durante los 20 años previos a este periodo”.