Casi el 80 por ciento de las averiguaciones previas por delitos relacionados con la delincuencia organizada está “pendiente de trámite” en la Procuraduría General de la República (PGR).

De las 8 mil 846 averiguaciones previas por secuestro, delitos contra la salud (narcotráfico), lavado de dinero y, entre otros, tráfico de personas y órganos, acumuladas en la PGR hasta 2015, la dependencia del gobierno federal sólo pudo despachar en ese año 1 mil 839, es decir, el 20.8 por ciento. Rezagadas quedaron 7 mil 4, que representan el 79.2 por ciento del total.

De acuerdo con los resultados de la auditoría de desempeño 15-0-17100-07-0117, practicada a la PGR por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la oficina que encabezó Arely Gómez en el periodo de tiempo auditado no pudo siquiera despachar las que se presentaron en 2015. Tan sólo en ese año se iniciaron 2 mil 376.

Para específicamente abatir el rezago, la PGR había recibido un presupuesto de 1 mil 919 millones 948 mil 400 pesos. Y gozó de una ampliación del 10 por ciento más. Así, el monto que ejerció la PGR para cumplir el objetivo de reducir el rezago en el despacho de averiguaciones previas ascendió a 2 mil 129 millones 649 mil 100 pesos.

El aumento, consigna el Informe de la ASF, “se debió al incremento salarial del personal operativo, y los gastos de operación por la transferencia de recursos al ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas”.

La auditoría arroja que a los mexicanos cuesta cada averiguación previa más de 21 mil pesos. “Se constató que, en ese año [2015], la SEIDO [Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada] determinó el costo aproximado de las averiguaciones previas consignadas en materia de delincuencia organizada e identificó el costo unitario aproximado  de 21.8 miles de pesos”.

De las 866 averiguaciones previas despachadas por la PGR por medio de consignación al Poder Judicial, 166 (19.2 por ciento) le fueron devueltas. La principal causa “se refiere a que no se acreditó el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad. Asimismo, se comprobó que ésta se registró con mayor frecuencia en las averiguaciones previas relacionadas con los delitos contra la salud”.