La comunidad indígena Me’phaa de San Miguel del Progreso, en la Montaña de Guerrero, busca el amparo de la justicia para impedir la llegada de un proyecto minero en la zona, que afectará su territorio.
Por ello, autoridades de esa comunidad, en compañía de representantes del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio y del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, pidieron a Estela Platero Salado, titular del Juzgado Primero de Distrito del Vigésimo Primer Circuito Judicial, “que resuelva el amparo 429/2016 conforme a los más altos estándares internacionales en materia de derechos colectivos de los pueblos indígenas”.
En un comunicado de prensa, Tlachinollan informó que dicho amparo es la segunda acción legal que los indígenas afectados “presentan ante la justicia federal para proteger su territorio y vida frente a la amenaza minera”.
Agregó que este nuevo conflicto se deriva de la decisión de la Secretaría de Economía de publicar en el Diario Oficial de la Federación la “Relación de declaratorias de libertad de terreno 02/2015”, el 24 de noviembre de ese año, por la que se declaró la libertad de los terrenos mineros “Reducción Norte de Corazón de Tinieblas” y “Corazón de Tinieblas”.
Con esta declaratoria se abre la posibilidad de que empresas interesadas en la explotación de los mismos concursen y, una vez que obtengan la concesión, inicien el proyecto minero, refiere en entrevista con Contralínea Maribel González Pedro, abogada de la comunidad.
Previamente, el caso había llegado hasta la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no se discutió porque que las empresas Hochschild y Zalamera, propietarias de las concesiones, se desistieron simultáneamente de sus títulos. Así que los ministros de la Corte decidieron sobreseer el juicio pese a que el tema no se resolvía de fondo.
Para los afectados y para los defensores de derechos humanos que los acompañan, esta decisión empresarial obedeció a “una clara estrategia para evitar el análisis de la Ley Minera ante la Corte, cuando la primera demanda de amparo interpuesta por la comunidad Júba Wajiín frente a la amenaza minera estaba próxima a ser analizada”.
En su comunicado de prensa, Tlachinollan refiere que en la nueva declaratoria “se estableció que los terrenos quedarían libres a los 30 días naturales; en consecuencia, el territorio indígena de San Miguel del Progreso se ofertaría de nuevo al mejor postor. Ante la inminente afectación a sus derechos colectivos, el 11 de diciembre de 2015 la Comunidad indígena-agraria de San Miguel del Progreso interpuso una segunda demanda de amparo contra la expedición de la Declaratoria por violentar su derecho colectivo a la Consulta, a la propiedad territorial y a la protección integral de las tierras indígenas reconocidos en el artículo 1 y 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13,15 y 17 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en el artículo 21 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos”.
Nancy Flores
