El Tribunal Unitario Agrario, con sede en la ciudad de Acapulco, Guerrero, determinó que la explotación irracional de los recursos pétreos en el Río Papagayo es ilegal.
Al resolver la demanda agraria interpuesta –desde el 11 de septiembre de 2014– por el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP), el magistrado Francisco Hernández Báez determinó que el empresario gravillero Humberto Marín Molina no acreditó el carácter de avecindado, ni su estancia dentro de los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
Además, el empresario “no posee derechos para adquirir ni explotar ningún predio o parcela. Tampoco acreditó la legalidad de la Asamblea de fecha 13 de octubre de 2001 en la que se le extendió el supuesto certificado de posesión”, informa el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.
En su resolución –dada a conocer a mediados de marzo a los más de cien comuneros indígenas de Cacahuatepec que interpusieron la denuncia–, el Tribunal prohíbe al Comisariado extender otro certificado o cualquier documento a favor de Humberto Marín Molina.
De acuerdo con Tlachinollan, en la demanda 867/2014 los comuneros pidieron la nulidad del certificado de posesión con la cual el empresario se ostentaba como propietario, así como la nulidad de la asamblea en la que se expidió.
Dicha demanda fue resuelta el 17 de febrero pasado y “concede 30 días naturales para que el empresario Humberto Marín Molina saque la maquinaria de los bienes comunales. De no acatar el mandamiento judicial se hará uso de la fuerza pública, para cumplir la sentencia”, refiere el comunicado de Tlachinollan.
Para el Centro de Derechos Humanos, “el fallo reivindica la defensa del territorio de las y los comuneros de Cacahuatepec –lucha que han dado por más de 13 años–, y evidencia que el acceso al espacio para la explotación de material pétreo realizado por el empresario se debió principalmente al privilegio de intereses económicos y políticos por parte de las autoridades estatales”.
Tlachinollan agrega que, a lo largo del tiempo, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota ha demostrado ante tribunales que su lucha es legítima. “El despojo voraz a los pueblos indígenas y campesinos en Guerrero es constante, por eso el CECOP reivindica su lucha en defensa de la tierra y el territorio frente a los intereses políticos y económicos que buscan anteponerse al beneficio comunitario”.
Nancy Flores
